El grupo alimenticio cordobés quiere mantener su alianza con una compañía de Estados Unidos que fue objetada por las autoridades nacionales
Política - Comercio18 de abril de 2022
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pesar del rechazo del Gobierno a un joint venture sellado con un grupo norteamericano, Arcor intentará defender la operación. Por lo menos así se desprende de un documento publicado por el grupo alimenticio cordobés donde se asegura que la medida adoptada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra el acuerdo firmado con Ingredion es "preliminar".
Es decir que para Arcor, el organismo que depende de la Secretaría de Comercio Interior aún no ha concluido con el proceso como para que exista una opinión definitiva.
"La empresa procederá con el análisis y los pasos del proceso que determina la normativa vigente en la materia", destaca el informe que elaboró la compañía a modo de respuesta al anuncio del ente sobre que el joint venture con Ingredion "genera la desaparición de un competidor independiente y un aumento significativo de la concentración en los mercados de molienda húmeda de maíz y en la comercialización de sus derivados".
Según la CNDC también se verificaron posibles efectos verticales, toda vez que la adquisición en cuestión tendría la potencialidad de permitir la práctica de conductas exclusorias en relación con los competidores de Arcor en las industrias "aguas abajo", en términos de cierres de mercado, aumento de costos, aumento de barreras a la entrada, entre otros.
La compañía ya ha sido notificada debidamente pero sus asesores legales sostienen que no se trata de una resolución concreta sino de un análisis de organismo que depende de la Secretaría de Comercio Interior incluido en el Informe de Objeción en los términos del artículo 14 de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia.
Por qué el Gobierno rechaza la operación
Ese documento oficial objeta la operación a través de la cual Arcor e Ingredion solicitan la autorización para adquirir de forma conjunta el control sobre Ingrear Holdings.
En realidad, se trata de un acuerdo entre el grupo cordobés de la familia Pagani y la compañía norteamericana que fabrica insumos para la industria de alimentos y bebidas para formar una alianza estratégica para articular operaciones, procesos y prácticas en Argentina, Chile y Uruguay.
Esta alianza, en la que Arcor tiene el 51% del paquete accionario e Ingredion el 49% restante, tendrá una facturación estimada en u$s300 millones bajo el nombre comercial de Ingrecor y con el objetivo de producir ingredientes industriales y endulzantes de origen vegetal, como también subproductos y derivados.
A su vez, se crea la sociedad Ingrear Holding SA, con objetivos financieros y de inversión y que tendrá como activos iniciales dos plantas de Arcor ubicadas en Arroyito y el complejo industrial de Lules, en Tucumán.
Por su parte, Ingredion, que tiene base en Chicago, Estados Unidos, transfirió dos plantas de producción en Chacabuco y en Baradero (provincia de Buenos Aires) donde produce ingredientes para la industria alimenticia, de bebidas, farmacéutica e industrial, como jarabes de glucosa, maltosa, fructosa, almidones y maltodextrinas.
Una vez que se cierre la transacción, Arcor consolidará el negocio en sus estados financieros, e Ingredion registrará su inversión en el joint venture aplicando el método de la participación.
Objeciones
El problema ahora surge con el dictamen de objeción que la CNDC emite cuando considera que la operación notificada tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia en un mercado.
Por este motivo, el organismo anunció que convocará a las empresas a una audiencia especial destinada a analizar las posibles medidas que mitiguen el efecto negativo de la operación de concentración sobre la competencia.
Al respecto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, indicó que los propósitos perseguidos con la medida son los de cuidar los derechos de las familias y de los consumidores, sobre todo para el caso de los bienes esenciales como son los alimentos, y favorecer la diversificación de la estructura productiva y de las fuentes de trabajo.
"No podemos legitimar una estructura de negocios en la que una gran empresa concentra los diversos eslabones de la cadena, en perjuicio de los actores más chicos. Si aceptáramos esto, estaríamos reconociendo planes de negocios en donde lo único que se pondera es la rentabilidad de las empresas, sin considerar de qué modo esto impacta en el consumo popular", agregó el funcionario.
Feletti también hizo referencia a la imposibilidad de salir de la pandemia "reproduciendo los mismos patrones y modelos que imperaban anteriormente".
"Para eso, tenemos que dar una discusión seria sobre estos comportamientos de las grandes empresas, que solamente priorizan sus ganancias desentendiéndose del modo en que esto impacta sobre la ciudadanía", añadió.
Fuente: iProfesional
La Ley que fue sancionada el año pasado ya rige para las grandes empresas. Las pymes, cuentan con un plazo más largo debido al coste de producción que tiene adecuarse a esta norma.
En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
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