Pymes argentinas, una propuesta políticamente incorrecta

Hoy como ayer, cada crisis argentina provoca un tendal de cierre de pymes dañando el tejido productivo y el empleo. Esta nota analizaremos el tema pyme desde un enfoque políticamente incorrecto: la macroeconomía, instituciones e intereses corporativos que impiden el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas argentinas. 
 
Las pymes son aproximadamente el 98% de las empresas registradas argentinas, generando el 55% del total de la facturación y 50% del empleo a nivel nacional, aunque con una participación en el total de las exportaciones de solo el 8,5%, muy debajo de países como España e Israel, donde las pymes generan el 40% de las ventas al exterior.

No obstante, su importancia, las pymes, junto con jubilados y trabajadores informales, son las que más pierden en las crisis frente a los intereses corporativos, porque no tienen poder de lobby.

Su representatividad corporativa es débil como consecuencia de su heterogeneidad, dispersión y falta de recursos. Sus intereses no se encuentran debidamente representados en los convenios colectivos de trabajo ni tampoco en el Congreso nacional.

 Las políticas publicas que apoyan a las pymes son apenas una brisa de alivio (moratorias impositivas, algunos créditos blandos, ley de góndolas) que se evapora rápidamente ante los vientos huracanados de la inflación, la elevada tasa interés y presión impositiva, el sesgo "antiempresario" de la Justicia Laboral y la cooptación corporativa de aquellos organismos públicos que deberían defenderlas.

Ante el inminente enésimo acuerdo de precios y salarios que se preparan a anunciar las nuevas autoridades cabe tener presente que controlar precios en puntos de venta minorista impactara negativamente en las pymes ya que los supermercados trasladarán la menor rentabilidad a sus proveedores pymes alargando los plazos de pagos.

Restablecer la rentabilidad pyme para salir de la crisis es clave, pero ello deberá ser consistente con la estabilidad macroeconómica e institucional.

 
Las pymes son las que más se beneficiarían de un marco de baja inflación y estabilidad ya que su menor escala, así como su mayor requerimiento de empleo relativo a las grandes, se encuentran más frágiles ante los continuos cambios de política, regulaciones y normativas que generan las medidas discrecionales y parches en un contexto de elevada inflación e incertidumbre.

El Estado desplaza al crédito al sector privado para financiar sus desequilibrios y aumenta la tasa de interés para desincentivar la demanda de dólares cada vez más escasos, impidiendo la inversión y el desarrollo pyme. Bajar la tasa de interés solo es posible con solvencia fiscal y credibilidad.

 
La solvencia fiscal permitiría bajar contribuciones patronales segmentados para las pymes, incorporando empresas y trabajadores al mundo formal y ampliar la base tributaria. Paradójicamente, la ley del estatuto pyme de 1995 prevé la representación de las pequeñas firmas en los convenios colectivos de trabajo, pero en los hechos hoy no se aplica.

Asimismo, plantear convenios colectivos segmentados para pymes, como existe en muchos países vecinos con baja inflación, resulta imprescindible para la competitividad del sector.

Una justicia independiente permitiría reducir notablemente el costo laboral asociado al sesgo "antiempresario" de la justicia de trabajo, que regula indemnizaciones que provocan la quiebra de las pymes e incentivan la informalidad.

Dictar nuevas leyes que favorezcan a las pymes no sería necesario sino cumplir las existentes.

Una parte importante de la problemática de las pequeñas y medianas empresas podría ser atendida por el área de Defensa de la Competencia que depende de la Secretaria de Comercio. La constitución de los Tribunales de Defensa Competencia permitiría aislar esta problemática de los intereses políticos y corporativos.

Institucionalizar la Sepyme para que concentre todos los programas apoyo a pyme permitiría ayudar a imprimir sesgo pro pequeñas empresas a toda las políticas públicas. Pero sin duda, un ombudsman de las pymes podría representar mejor sus intereses ante el Estado.

La Argentina necesita bajar el riesgo país estructural resolviendo la crisis de representación política y sectorial, dinamizando las exportaciones y la innovación. Estas claves pasan por el mundo pyme. Incentivar la competitividad de las pymes innovadoras permite asociar el mundo del trabajo al esfuerzo exportador.

Un Estado eficiente y pagable permitirá bajar la presión impositiva e incentivar la creación de empleo entre las pymes, que son los mayores generadores de trabajo de la economía.

Fuente: La Nación