Luego de sonar para varios cargos en el próximo Gobierno, finalmente Guillermo Nielsen recalará en la presidencia de YPF, la petrolera de bandera y una de las mayores empresas del país. Su foco estará puesto en recomponer el balance de la compañía, que perdió más de $23.000 millones en los tres primeros trimestres, y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, en donde deberá articular con Sergio Lanziani, quien asumirá como secretario de Energía.

Nielsen ya trabaja en la conformación de su equipo de colaboradores, mientras en la cúpula del Frente de Todos terminan de definir quién lo secundará. Uno de los principales candidatos a convertirse en su CEO es Juan Garoby, un hombre cercano a Miguel Galuccio y actual ejecutivo de Vista Oil & Gas, la petrolera fundada por el expresidente de YPF durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Justamente, su nombramiento correría por cuenta de la vicepresidenta electa. “Es una posibilidad muy firme aunque todavía no hay confirmación”, le dijo a BAE Negocios una fuente al tanto de las conversaciones.

La otra opción es que el cargo quede para el actual vicepresidente de la compañía, Carlos Alfonsi, quien lleva tres décadas en la empresa.

Conflictos de agenda entre los ceos y las pymes

Según supo este diario, Nielsen decidió bajar su perfil de cara al inicio de su gestión y abocarse a los vínculos con otras firmas del sector, al tiempo que buscará voceros para su nueva tarea.

El exsecretario de Finanzas es el principal promotor del blindaje de Vaca Muerta dentro del armado de Alberto Fernández. Se trata de un proyecto que apunta a darle garantías de estabilidad regulatoria, beneficios fiscales y un régimen especial de disponibilidad de divisas pese al cepo, con el fin de estimular las inversiones en el sector. Además, quiere que el Gobierno impulse el desarrollo de la estructura necesaria para exportar gas natural licuado a gran escala y traer dólares al país.

Pero deberá convivir con otras posturas. Lanziani y los equipos técnicos del PJ trabajan en una iniciativa para declarar la emergencia tarifaria y, así, congelar los precios por cerca de seis meses. Todo en el marco de la planificación de un sendero hacia la pesificación de la energía.