El directorio fijó un tope del 55% a las tasas que los bancos cobran por los saldos impagos de las tarjetas de crédito que, según informes que circularon en la Casa Rosada llegan hasta el 200% anual
Economía19 de febrero de 2020
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el directorio del Banco Central decidió este miércoles fijar un tope del 55% a las tasas que los bancos cobran por los saldos impagos de las tarjetas de crédito que, según informes que circularon en la Casa Rosada -y provocaron el enojo del presidente Alberto Fernández- llegan hasta el 200% anual.
Según supo este medio, la decisión se tomó este martes, después que el presidente del BCRA, Miguel Pesce, la secretaria de Comercio de Comercio Interior, Paula Español y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunieran con los representantes de los bancos liderados por los titulares de ABA y ADEBA, Claudio Cesario y Javier Bolzico, respectivamente.
En esa mesa hubo negociación y un acuerdo inicial sobre la continuidad del programa Ahora 12, pero el límite a los intereses que cobran los bancos sobre tarjetas se haría por resolución, tal como se confirmó este miércoles: “Habrá una fuerte baja imposible de acordar con los bancos”, le dijo anoche a este diario una alta fuente del BCRA.
La caída del 0,3 % en los precios mayoristas durante mayo, según los datos del Indec, marca la deflación más pronunciada desde 2008. El fenómeno plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y el posible impacto en la inflación minorista y la actividad industrial.
El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA revela que un 11,4 % de las empresas dejó de exportar en el primer semestre. El aumento de costos, la apreciación cambiaria y una producción estancada ponen en duda la recuperación del sector.
Aunque los bancos aseguran que mantienen balances sólidos, los datos muestran un incremento de defaults empresarios y morosidad en alza, especialmente entre pymes. El discurso de estabilidad empieza a tensionarse frente a señales concretas de fragilidad.
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo acuerdo con el FMI que incluye un primer desembolso de USD 15.000 millones. En simultáneo, el dólar oficial abrió este lunes a $1.250 en el Banco Nación, lo que representa una devaluación acumulada del 180% en lo que va del año. El combo dólar-FMI profundiza la incertidumbre económica y enciende alarmas entre empresarios, trabajadores y economistas.
El gobierno de Javier Milei celebró la inflación de 2,2 % en enero de 2025, la más baja desde su asunción. Sin embargo, empresarios y sindicatos advierten que la medición oficial no refleja la realidad del mercado, y denuncian que la caída del consumo y la recesión son los verdaderos motores detrás de la desaceleración del IPC.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió bajar la tasa de referencia del 32 % al 29 % anual y disminuir el ritmo de ajuste del dólar oficial. Estas medidas buscan consolidar la reducción de la inflación y estabilizar la economía.
El empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro alertó sobre una crisis profunda en la industria del norte argentino. Denuncia fábricas paralizadas, caída del consumo y un futuro incierto para el empleo industrial. Pide definiciones urgentes del gobierno nacional para sostener la producción.
Aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero redujo los intereses resarcitorios, persisten las sanciones automáticas y se profundizan los cuestionamientos de contadores y pymes.
Empresas y cámaras sectoriales expresaron su apoyo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial ante el intento de vaciamiento impulsado por el Gobierno. Advierten sobre el rol estratégico del organismo para la industria nacional.
El estrés económico alcanzó su mayor nivel en cuatro años, según un informe de la UCA. Más de la mitad de los hogares argentinos enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ahorrar o sostener su consumo. La situación se agrava en los sectores medios y bajos, encendiendo alertas sobre el impacto social y económico del actual modelo.
A partir del 1 de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exigirá a los emisores de tarjetas de crédito informar en tiempo real los consumos realizados fuera del país. La medida busca reforzar el control fiscal y mejorar la trazabilidad de los gastos internacionales, en un contexto de fuerte presión sobre las reservas y la recaudación.
