Ley de Economía del Conocimiento: Que dice el nuevo proyecto que prioriza a las pymes

Congreso 20 de febrero de 2020 Por Colaborador
El nuevo texto ya está en el Congreso. Mantiene beneficios impositivos, pero incorpora topes para grandes empresas, como Mercado Libre, y ventajas para pymes.
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El Gobierno elaboró un nuevo proyecto de ley de economía del conocimiento que ingresó este miércoles al Congreso. La legislación redactada por el gobierno de Macri, que había sido aprobada en mayo del año pasado, fue suspendida en enero. La modificación al régimen de promoción mantendrá los beneficios impositivos. Pero incorpora topes para las grandes empresas como Mercado Libre o Globant, al tiempo que suma ventajas especiales para las pymes. Desde el Gobierno consideran que el sector del conocimiento, que abarca desde el software a la biotecnología, tiene un alto potencial porque mejora la competitividad del entramado productivo y genera empleos de calidad en forma masiva. Sin embargo, resaltan que, tal como estaba escrita, la aplicación de la ley era demasiado amplia, en un contexto de emergencia económica, con recursos fiscales escasos. 

En la ley de software, que estuvo vigente hasta el año pasado, se promovía a 500 empresas. Con la ley que fue suspendida, podrían ingresar 11.500. “No tenía límites, entraban todos, fue una forma del macrismo de incluir una reforma impositiva de manera encubierta”, indicó una fuente oficial. Además, destacó que el sector en la última década creció pese a no tener ningún tipo de promoción, salvo la rama del software. La economía del conocimiento en su totalidad pasó de exportar 2000 millones de dólares en 2005 a 6000 millones en los últimos años. 

 
El proyecto del Gobierno mantiene el 60 por ciento de reducción de la alícuota sobre el Impuesto a las Ganancias y el 70 por ciento sobre el pago de contribuciones patronales. Será para las actividades de software, producción audiovisual, biotecnología, servicios geológicos, servicios profesionales, nanotecnología e industria satelital y nuclear. Si bien las grandes empresas siguen siendo consideradas destinatarias de este régimen, a partir de ahora el beneficio de las contribuciones patronales tendrá un tope, dado que será para un máximo de 3.745 empleados.

Las compañías más grandes no percibirán ningún cambio respecto a la Ley de Software que regía hasta el año pasado, pero si tendrán menos beneficios que con la ley que fue suspendida, dado que podían incluir a la nómina completa de empleados. “Lo que había era exagerado. Esta es una industria de pleno empleo, con salarios altos pero competitivos para el mundo y recursos humanos muy calificados”, aseguró una fuente oficial. Desde el Gobierno adelantaron que tuvieron consultas de multinacionales para invertir en el país. Aseguran que mantienen “buen diálogo” con empresarios del sector, como Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre que abandonó su función de CEO en el país y se irá a vivir a Uruguay.

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Por el contrario, habrá beneficios especiales para las pymes. El artículo 18 plantea crear un Fondo Fiduciario para financiar capacitaciones e inversiones productivas. También podrán ser incorporadas las microempresas que sean recientemente creadas y no cumplan con los requisitos de facturación. Para inscribirse y obtener los beneficios, las empresas deberán acreditar que el 70 por ciento de su facturación total se genera a partir de las actividades promovidas. Adicionalmente, deben cumplir dos de los siguientes tres requisitos: capacitación de los empleados, tareas de investigación y desarrollo y exportaciones de bienes y servicios. A diferencia de la ley anterior, los requisitos son más flexibles según si se trata de una micro, mediana o gran empresa.

Además, habrá incentivos adicionales, con reducción de hasta el 80 por ciento en las contribuciones patronales, para las empresas que incorporen mujeres, profesionales con estudio de posgrado en ingeniería o ciencias exactas, personas con discapacidad, residentes de provincias con menor desarrollo relativo, o que previo a su contratación hubieran sido beneficiarias de planes sociales.

Una de las críticas del sector es que la nueva ley elimina la concepción de estabilidad fiscal que tenía la que fue suspendida. El Gobierno plantea que no se tocarán por diez años los beneficios del régimen mientras que se mantengan dentro del mismo. Por lo que el Estado podría imponer nuevos impuestos, aunque desde la cartera que conduce Matías Kulfas adelantaron que no está previsto incorporar ningún tributo. “La estabilidad fiscal es para otro tipo de empresas, como las petroleras, que hacen fuerte inversiones de capital a largo plazo y en el medio pueden variar el precio del crudo", indicaron.

Fuente: Página 12

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