Insólito: Tambalea nueva Ley ART por demoras en los turnos

La nueva Ley de ART viene sorteando planteos judiciales que buscan que se declare inconstitucional pero podría tropezar con un fallo adverso debido a las demoras de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales en otorgar audiencias por accidentes de trabajo. La cola de espera, en muchos casos alcanza los 9 meses desde que el trabajador lo solicita, con un promedio de 6 meses. La cuestión, bajo la órbita de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) que preside Gustavo Morón despertó inquietud dentro del Gobierno, avisados de que con semejante lentitud se pudiera alegar en las demandas retardo de Justicia. El riesgo de que la ley uno de los pilares de la gestión Cambiemos para reducir la litigiosidad en materia laboral- termine tambaleando por una cuestión logística, ya fue advertido por miembros del propio oficialismo de buen diálogo con los magistrados. 

El planteo de fondo no ofrece un panorama riesgoso para la Casa Rosada, aunque su trámite no está exento de sobresaltos. El pasado 7 de marzo, la fiscalía en lo Contencioso Administrativo dictaminó que la competencia de la Justicia del Trabajo para resolver el pedido de inconstitucionalidad de la reforma que reinstauró la obligatoriedad de las Comisiones Médicas como paso previo a cualquier juicio laboral por accidentes. Esto va en sentido contrario al intento oficial de que la decisión quedara bajo la órbita del juez Pablo Cayssials, que tal como informó Ámbito Financiero, buscó unificar todos los expedientes y arrebatárselos a los jueces laborales que habían querido intervenir. La demanda iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) cumplió un año de tironeos entre juzgados y ahora se cruzan decisiones de la Sala I y de la Sala IV en lo Contencioso Administrativo Federal para definir quién se encargará de analizar el caso. La discusión es si es un tema de derecho laboral, o si puede entenderse como una ley emanada del Congreso. Ni siquiera esa decisión se tomó, pero el fuero laboral aparece como terreno hostil para el Gobierno. 

Sin embargo, en cuanto antecedentes, el tanteador está parejo: 4 Salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo la han tachado de inconstitucional (Sala III "Herrera" 10/10/17; Sala VI "Freites" 12/12/17; Sala VII "Mercado" 2/10/17 y Sala X "Corvalán" 30/08/17). Otras 3 Salas, ratificaron su constitucionalidad (Sala I "Cortes" 30/10/2017; Sala II "Burghi" 3/08/2017; y Sala IV "Huaisi" 20/10/2017). La Sala V pidió reunir pruebas antes de voltear la norma. Las Salas VIII y IX no tienen antecedentes de haberse pronunciado hasta el momento. La batalla se prolongó en el tiempo pero podría tener un desenlace en los próximos meses. La defensa de la reforma es medular para el Gobierno que ha logrado incorporar a 10 provincias incluyendo a Buenos Aires- en el esquema de quienes adscriben a las Comisiones Médicas. La baja de la litigiosidad tuvo lecturas dispares: 2017 versus 2016 registró un leve aumento de 2,49% en el total pese a una baja sensible en Capital Federal y un aumento exponencial en la provincia de Buenos Aires, previo a que suscriba su incorporación al sistema. 

En paralelo, la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART) reclamó la conformación de los cuerpos médicos periciales dentro del Poder Judicial para reducir costos y evitar la dispersión de criterios a la hora de aplicar los índices indemnizatorios por discapacidades surgidas de los accidentes. Hoy el universo de juicios oscila en los 340 mil. 

Con ese volumen, las 48 Comisiones Médicas que funcionan en todo el país están desbordadas y, en muchos casos, se encuentran distantes desde el lugar donde trabaja el accidentado. Como no se puede recurrir más al juzgado competente, la solución parece orientarse al incremento de las Comisiones, algo que no alcanza a satisfacer la demanda y por ende, redunda en cuellos de botella que podrían ser judicializados. Desde el Gobierno alzaron la voz para intentar corregir el panorama antes de tener una sorpresa que puede incluso preceder el extenso trámite por la constitucionalidad de la reforma, defendida desde el oficialismo como la antesala del fin de la "industria del juicio".

Fuente: Ambito