Por Francisco Martirena Auber
A pesar del fuerte reclamo de más de 35 mil productores de tomate de Cuyo, el Gobierno se negó a discutir una limitación al ingreso de esa verdura procedente de Italia, que creció exponencialmente desde fines del 2015.
Luego de una reunión mantenida en la cartera de Producción, los funcionarios no quisieron abordar la problemática de las importaciones de tomate perita que ponen en peligro la supervivencia de al menos 35 mil productores, según reiteraron fuentes sectoriales a BAE Negocios. Como es costumbre, el equipo del ministro Francisco Cabrera restringió el análisis a la mejora de la competitividad y la baja de los costos, una postura ampliamente rechazada por los empresarios. "El problema es que los tomates entran a precios de dumping y el gobierno no hace nada", señalaron desde la industria.
El sector tomatero reclamó medidas contra las importaciones pero el secretario de Comercio, Miguel Braun, planteó que el foco no debe ponerse en el ingreso de mercaderías sino en los costos locales. En respuesta a una nota publicada por este medio, el titular de Comercio escribió vía Twitter que la solución del reclamo por la importación de latas de tomate no puede ser encarecer un alimento fundamental para los argentinos".
Acto seguido, puntualizó que "tenemos que trabajar sobre los costos. Por ejemplo, para algunas empresas es mayor el costo del latón que del tomate".
Fuente: Diario Bae
La caída del 0,3 % en los precios mayoristas durante mayo, según los datos del Indec, marca la deflación más pronunciada desde 2008. El fenómeno plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y el posible impacto en la inflación minorista y la actividad industrial.
El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA revela que un 11,4 % de las empresas dejó de exportar en el primer semestre. El aumento de costos, la apreciación cambiaria y una producción estancada ponen en duda la recuperación del sector.
Aunque los bancos aseguran que mantienen balances sólidos, los datos muestran un incremento de defaults empresarios y morosidad en alza, especialmente entre pymes. El discurso de estabilidad empieza a tensionarse frente a señales concretas de fragilidad.
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo acuerdo con el FMI que incluye un primer desembolso de USD 15.000 millones. En simultáneo, el dólar oficial abrió este lunes a $1.250 en el Banco Nación, lo que representa una devaluación acumulada del 180% en lo que va del año. El combo dólar-FMI profundiza la incertidumbre económica y enciende alarmas entre empresarios, trabajadores y economistas.
El gobierno de Javier Milei celebró la inflación de 2,2 % en enero de 2025, la más baja desde su asunción. Sin embargo, empresarios y sindicatos advierten que la medición oficial no refleja la realidad del mercado, y denuncian que la caída del consumo y la recesión son los verdaderos motores detrás de la desaceleración del IPC.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió bajar la tasa de referencia del 32 % al 29 % anual y disminuir el ritmo de ajuste del dólar oficial. Estas medidas buscan consolidar la reducción de la inflación y estabilizar la economía.
Aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero redujo los intereses resarcitorios, persisten las sanciones automáticas y se profundizan los cuestionamientos de contadores y pymes.
Empresas y cámaras sectoriales expresaron su apoyo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial ante el intento de vaciamiento impulsado por el Gobierno. Advierten sobre el rol estratégico del organismo para la industria nacional.
El estrés económico alcanzó su mayor nivel en cuatro años, según un informe de la UCA. Más de la mitad de los hogares argentinos enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ahorrar o sostener su consumo. La situación se agrava en los sectores medios y bajos, encendiendo alertas sobre el impacto social y económico del actual modelo.
A partir del 1 de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exigirá a los emisores de tarjetas de crédito informar en tiempo real los consumos realizados fuera del país. La medida busca reforzar el control fiscal y mejorar la trazabilidad de los gastos internacionales, en un contexto de fuerte presión sobre las reservas y la recaudación.
El Centro Universitario de Idiomas (CUI), con respaldo de la UBA, presentó una solución integral de aprendizaje asincrónico orientada a empresas que buscan desarrollar competencias lingüísticas en entornos de trabajo híbridos y globales.
