Los empresarios más importantes de Córdoba y la Mesa de Enlace perteneciente al sector agropecuario redactaron una carta que fue enviada a los tres senadores y donde se deja ver la opstura opositora al proyecto. Será debatido este jueves en el Congreso
Nacional - Congreso27 de agosto de 2020
Colaborador
El grupo G6, que reúne a los empresarios más importantes de la provincia, y la Mesa de Enlace, del sector agropecuario, unieron intenciones para redactar una carta que enviaron a cada uno de los tres senadores por Córdoba.
La intención fue comunicarles la posición de ambas entidades sobre la reforma judicial, que impulsa el Gobierno nacional, y que será debatida el jueves en la Cámara alta del Congreso de la Nación.
Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado, por Juntos por el Cambio; y Carlos Caserio, por el PJ, recibieron cada uno una de las cartas en las que se deja en claro la oposición del G6 y la Mesa de Enlace a la reforma.
"¿Cree usted oportuno que nuestros órganos legislativos deban estar ocupando su tiempo y recursos en una discusión que no es pertinente en tan sensible coyuntura?", le preguntan los empresarios y productores agropecuarios a los senadores.
En la carta, en ningún momento se les pide un voto negativo al proyecto, pero se deja en claro que las entidades firmantes están en contra de la iniciativa.
"Hacemos un fuerte llamado a su función como representante de nuestra provincia de Córdoba, para actuar en resguardo de los intereses de todos sus habitantes", aclaran sobre el final de la nota.
La carta
Nos dirigimos respetuosamente a Ud. en su calidad de representante de la provincia de Córdoba ante el Honorable Senado de la Nación Argentina y, por tanto, en el rol fundamental que cumple en la defensa de los intereses y bienestar de nuestra provincia y sus habitantes. Por nuestra parte lo hacemos en representación de la totalidad del arco productivo de Córdoba.
Nuestras empresas se destacan por su fuerte compromiso con la producción, la generación de empleo y la participación activa en el desarrollo económico y social, en pos de una mejor calidad de vida de los cordobeses.
En esta oportunidad, nos moviliza la intención de hacerle llegar un conjunto de reflexiones en torno al proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal que tendrá pronta discusión en la Cámara que Ud. integra.
A nadie escapa que Argentina está atravesando uno de los momentos más delicados y críticos de los últimos tiempos. Todavía no hemos logrado dimensionar los profundos impactos que tendrá la pandemia de COVID-19 en términos de pérdidas de actividad, empleo e incremento de la pobreza.
En ese marco, ¿cree Ud. oportuno que nuestros órganos legislativos deban estar ocupando su tiempo y recursos en una discusión que no es pertinente en tan sensible coyuntura?
Creemos que, por el contrario, el esfuerzo de todos los sectores -públicos y privados deberían estar abocados, sin ninguna otra distracción, a superar la tremenda crisis generada por la emergencia sanitaria y en cómo activar las herramientas imprescindibles para lograr una pronta recuperación económica y el combate decidido de la pobreza.
Cuando sea el momento, será necesario revisar la efectividad del Poder Judicial en pos de que brinde mejores servicios. Deberán impulsarse reformas que surjan como resultado de debates con amplia participación y en base a consensos genuinos.
La premura con que se impulsa actualmente este proyecto hace pensar que su objetivo no es la mejora efectiva de los servicios judiciales y mucho menos de que sean bienvenidos los aportes constructivos que a ello puedan incorporar los otros sectores de nuestra República.
En este proyecto, además, parece soslayarse la necesidad imperiosa de hacer cesar la afrenta contra el federalismo que significa el hecho de que todas las provincias por igual se vean en la obligación de afrontar el costo de solventar a la Justicia Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También resulta injusto e inequitativo que se prevea destinar una porción presupuestaria muy significativa a solventar esa nueva estructura, cuando claramente la situación de nuestra país requiere concentrar todos los esfuerzos en superar la crisis económica y social que estamos atravesando.
Por último, e ineludible de mencionar, parecen no estar asegurados los mecanismos que aseguren la total independencia de las decisiones del Poder Judicial, en la figura de sus jueces, velando por la garantía constitucionalidad de la imparcialidad de sus actos.
Con ello se estará atacando el principio de necesario control de los actos de gobierno, en detrimento de los intereses de la ciudadanía.
Por lo aquí expuesto, hacemos un fuerte llamado a su función como representante de nuestra provincia de Córdoba, para actuar en resguardo de los intereses de todos sus habitantes.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo respetuosamente.
Firman la nota Juan Carlos Martínez (Presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba), Manuel Tagle (Presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba), José Viale (Presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba), Marcelo Olmedo (Presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba), Luis Lumello (Presidente de la Cámara de la Construcción - Delegación Córdoba), Javier Rotondo (Presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), Alejandro Buttiero (Presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Córdoba), Gabriel de Raedemaker (Vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas), Agustín Pizzichini (Director Regional Filial Córdoba Federación Agraria Argentina), Ezequiel Cerezo (Presidente de la Federación Comercial de Córdoba), Alejandro Ferrero (Director Titular Distrito Córdoba Sociedad Rural Argentina), y Marcelo Uribarren (Presidente de la Unión Industrial de Córdoba).
Los metalúrgicos rechazan el proyecto
En tanto, también la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba envió una carta al gobernador Schiaretti solicitándole que los diputados nacionales que responden al oficialismo provincial no den cuorum para el tratamiento de ll proyecto de ley.
"Entendemos que nuestros representantes en el Senado y la Cámara de Diputados son los encargados de defender los intereses de todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba, resaltando el federalismo, fortaleciendo los valores democráticos, la libertad, el Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno que hemos logrado conquistar con tanto esfuerzo a lo largo de nuestra historia nacional", dice la misiva.
En la República "es requisito fundamental la independencia y autonomía de cada uno de los poderes públicos, garantizando así el equilibrio y estabilidad política y jurídica de la Nación. Es en ese marco que desde la CIMCC sostenemos y reclamamos de nuestros representantes la defensa inclaudicable de los valores democráticos y republicanos que con este proyecto se verían lesionados", agrega la nota de la entidad presidida por Eduardo Borri.
La Cámara cuestionó "la oportunidad de esta iniciativa lanzada por el Ejecutivo nacional, en el marco de una situación social y económica grave, donde el contexto de la pandemia agrava y aumenta las incertidumbres y dificultades".
"Estamos convencidos que una apropiada discusión de la reforma judicial debe darse, pero en momentos de mayor tranquilidad social y económica, momento en que sea posible un real y amplio debate que permita la participación de todos los sectores involucrados", enfatizó la entidad.
Fuente: La Voz
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