El documento fue presentado por el Grupo de Integridad y Transparencia de la Fundación Red de Acción Política (RAP) durante un encuentro que se realizó en la Casa Rosada. Buscan reformar la ley que les prohíbe ser aportantes en años electorales.
Nacional - Gobierno06 de abril de 2018
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La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, recibió ayer junto al secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, una propuesta de dirigentes políticos y empresarios para transparentar el financiamiento de los partidos políticos, que servirá de base para un futuro proyecto de ley "consensuado".
El documento fue presentado por el Grupo de Integridad y Transparencia de la Fundación Red de Acción Política (RAP) durante un encuentro que se realizó en la Casa Rosada.
Se trata de un informe con los "consensos básicos" alcanzados en materia de financiamiento de la política elaborado por dirigentes de todo el arco político y empresarios: lleva la firma de 149 dirigentes de diversos partidos miembros de RAP.
La fundación RAP está fondeada indirectamente a través de la NED por el Gobierno de los Estados Unidos según se indica en wikipedia.
Los empresarios y funcionarios que se acomodaron alrededor de la enorme mesa del Salón de los Escudos, en el Ministerio del Interior, ensayaron una tímida autocrítica. Reconocieron que, hasta ahora, el financiamiento de la política argentina estuvo plagado de irregularidades y que, por ejemplo, las campañas duran mucho más de lo que contempla la ley. "Es campaña permanente", deslizó en voz baja Gabriela Michetti, sentada en la cabecera, flanqueada por Federico Pinedo y Adrián Pérez.
Hacía ya más de media hora que un grupo de empresarios de primera línea y un puñado de diputados se habían acercado a la Casa Rosada para impulsar en el Parlamento un documento que le dé celeridad al debate por el financiamiento de la política. Es decir, para blanquear los aportes a los partidos, hoy sospechados por la opacidad que caracteriza a las campañas electorales.
Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Luis Bameule (Agritur San Luis), Miguel Blanco (Swiss Medical), Alejandro Gorodisch (Farmacity), Ignacio Lartirigoyen (Lartirigoyen), Roberto Murchinson (Murchinson) y Raúl Seoane (Banco Galicia)fueron los siete empresarios que llegaron hasta la Casa de Gobierno en representación de otras compañías como Techint, Supervielle, Dow y Román que integran "el grupo de integridad y transparencia" de la fundación Red de Acción Política (RAP), que nuclea a hombres de negocios y diversos actores políticos, desde Pinedo y Fernando Sánchez hasta Daniel Arroyo, Martín Llaryora y Margarita Stolbizer.
La voz cantante la llevó Alan Clutterbuck, un ex Alpargatas que hoy preside la RAP, durante los más de 45 minutos que duró la reunión. Abundó en una serie de propuestas vinculadas a la reforma de la ley del financiamiento de la política, en línea con el proyecto que el Poder Ejecutivo ya tiene redactado, basadas en la bancarización de los aportes, en un sinceramiento de los tiempos para hacer proselitismo y en la modificación de la norma que prohíbe el aporte empresario durante las campañas, entre otros puntos.
Es que desde el Triple Crimen de General Rodríguez en 2009, se prohibió a los hombres de negocios aportar a los partidos políticos durante las campañas electorales.
"Nos gustaría que los candidatos digan en los debates cómo financiaron sus campañas", dijo Clutterbuck, utópico. Es que varios de los empresarios que se sentaron en esa mesa -no hubo, extrañamente, ni café, ni agua- aportan en forma asidua a la política. El año pasado, por caso, Banco Galicia aportó $3 millones al PRO, que recaudó más de $153 millones de donaciones de empresas.
Durante años, el establishment desembolsó sin embargo millones de pesos que nunca se rindieron. Es lo que en la jerga llaman "contabilidad creativa": "Cuando los informes se alejan de lo que efectivamente ocurre", según introduce el proyecto que elaboró el Gobierno y que aún no tiene fecha cierta de debate en el Congreso.
"Queremos que se trate este año, o el año que viene va a ser muy difícil", reconoció Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Llaryora, del PJ -presente en la reunión-, pidió además un consenso parlamentario de todos los bloques. "No queremos un debate frustrante", agregó.
En el seno del Gobierno hay cierta inquietud en torno al proyecto de financiamiento de los partidos políticos, cuyo borrador fue consensuado internamente -desde Elisa Carrió y el radicalismo hasta el ala dura del PRO-. Si bien Pérez insistió este mediodía en acelerar el debate parlamentario "para mayo" -antes del campeonato mundial de fútbol de Rusia-, en la cúpula de Cambiemos no hay una postura unificada.
Uno de los planteos apunta a que sea un grupo de legisladores de diversos bloques los que presenten el proyecto en el Senado para desligar al Poder Ejecutivo de la iniciativa. En las próximas semanas podría haber un último taller informativo en las oficinas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con apertura al Congreso.
En el entorno del jefe de Gabinete, Marcos Peña, le aseguraron a Infobae hace dos semanas que el proyecto quedaría "para el segundo semestre". En algunas oficinas se prendieron las alarmas. Y hubo un dato que azuzó la inquietud: en el almuerzo de anteayer en Casa Rosada no hubo mención del tema en la reunión con los presidentes de bloques del Senado. Aseguran que Miguel Ángel Pichetto quiere evitar este año la mayor cantidad de debates posibles.
Desde el Ministerio del Interior están convencidos de que si la ley no sale antes de fin de año, en el 2019, en plena campaña presidencial, casi seguro no tendría luz verde. En esa línea, Michetti volvió a defender su idea de alargar los tiempos electorales. "Ya saben lo que pienso, y me han tildado de antidemocrática por decirlo. Este sistema de cuatro años y elecciones intermedias cada dos no es el mejor para la ciudadanía. Estoy absolutamente convencida", subrayó tras el encuentro. Y dijo que aún no se definió cómo será el nuevo sistema de canje de pasajes en el Parlamento.
La preocupación de un sector del oficialismo pasa por la posibilidad de que el proyecto naufrague: en la mesa chica de Mauricio Macri, la modificación de la ley actual no es prioridad. Si eso pasa, la campaña presidencial del año próximo volverá a estar repleta de irregularidades.
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