Vicentin: El Banco Nación prepara una denuncia para la empresa por las estafas e irrregularidades

El Banco Nación presentará una demanda penal contra Vicentin y sus directivos si su asamblea de accionistas decide aprobar su controvertido balance de 2019, en base a los delitos de balance falso y estafa. De esta manera, el principal banco estatal iniciará acciones legales contra la empresa agroexportadora y se sumará a las acciones anunciadas por un grupo de bancos extranjeros acreedores de la empresa.

Vicentin, en concurso de acreedores desde febrero de este año y tras haber enfrentado un fallido plan de expropiación por parte del Gobierno, tendrá su asamblea de accionistas el próximo jueves 15. La principal decisión a tomar será la de designar un nuevo directorio para la compañía, ya que el anterior presentó la renuncia en su totalidad, con la intención de dar una señal para ganar confianza ante sus los acreedores y el mercado en general. El otro punto clave de la asamblea será la aprobación del balance que cerró el 31 de octubre de 2019.

 
“Si la asamblea aprueba el balance, el Nación va a denunciar penalmente a Vicentin y a sus directivos por balance falso y por la estafa que ello implica. En ese balance se pretende demostrar que Vicentin pasó de ser una empresa exitosa a una empresa en ruinas, es claro que los números no cierran”, explicaron a Infobae en el Nación.

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La demorada presentación del balance, según las fuentes del banco estatal, intentó ocultar “irregularidades, contradicciones y evidencias de todo tipo respecto a un grupo empresario que viene desarrollando un claro proceso de vaciamiento”.

La conducción actual del Nación atribuye responsabilidades a la anterior por haberle permitido a Vicentin no pagar vencimientos de deuda por USD 271 millones y usar ese dinero para cancelar deuda con sus proveedores
En lo que hace al crédito del Nación en favor de la empresa, el balance explica que a partir del 1 de agosto de 2019 la línea de prefinanciación de exportaciones "comenzó a estar vencida con lo que las operaciones no podían cancelarse y retomarse, como normalmente se hace en campaña. Ante esta situación, el Banco autorizó un mecanismo especial para que las cobranzas de exportación que pasaban por la cuenta y no se aplicaban a cancelaciones se vendieran los dólares y con los pesos obtenidos se pagase a proveedores de materias primas”.

Esa afirmación del balance le atribuye responsabilidad a la gestión de Javier González Fraga por haberle permitido a Vicentin no pagar vencimientos por USD 271 millones entre agosto y diciembre, y usar ese dinero para cancelar deudas con sus proveedores, según entienden en la conducción actual del Nación: “Hay contradicciones flagrantes. Primero, porque casualmente la deuda que en el propio balance crece y explica la destrucción del patrimonio neto, es la deuda comercial con los proveedores de materia prima. Y en segundo término porque el 80% de esa deuda comercial es en dólares. Es decir,no se entiende que los hayan cambiado por pesos”.

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Otro cuestionamiento al balance pasa por los “sobrecostos declarados y escasamente explicados”, ya que se transforma un pérdida de $8.361 millones en un resultado negativo antes del impuesto a las ganancias de $71.511 millones. “Es decir, los resultados financieros y por tenencia, sin ninguna explicación, ascienden a la friolera de $63.200 millones negativos, cuadruplicando la pérdida declarada previamente”.

También advierten en el Nación sobre lo ocurrido con el auditor externo, ante la renuncia de la consultora KPMG que era la que venía desempeñando ese rol. En su reemplazo, fue designada la firma W.H. Correa y Asociados. Este nuevo auditor externo, explican en el Nación, hizo salvedades respecto del estado patrimonial de Vicentin respecto al estado patrimonial que se expone al 31 de octubre del 2019.

“La razón que esgrimió para eso es que no puede validar que sean recuperables los créditos impositivos que en concepto de impuestos diferidos la empresa coloca como parte del activo no corriente. Cabe consignar que si estos no se computaran el Patrimonio negativo se duplicaría llegando a $ 32.738 millones negativo. El auditor, además, se abstuvo de dar opinión sobre el Estado de Resultados, la Evolución del Patrimonio Neto y el flujo de efectivo. En suma, sobre casi todo”, señalan en el Nación.

Bancos internacionales

 
La semana pasada, un grupo de bancos internacionales que suman deudas impagas con Vicentin por USD 500 millones, había anunciado un camino similar, al confirmar que demandarán a la empresa por estafa. Los bancos involucrados, reunidos en un Comité Ad Hoc, son el IFC (Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

“Hemos solicitado que se investigue si las autoridades de Vicentin presentaron información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares. Adicionalmente, el Comité Ad Hoc requirió que se investigara la confusa relación crediticia entre Vicentin y algunas contrapartes y el eventual fraude por desbaratamiento de derechos acordados contra uno de los acreedores miembros del Comité Ad Hoc, a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor”,explica el grupo de bancos a través de un comunicado. 

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Vicentin respondió a esta decisión de los bancos internacionales con un duro comunicado, en el que señaló que la denuncia “no tiene asidero alguno” y que “confirma las amenazas realizadas por dichos bancos en diciembre, en caso de que la empresa se concursara, no pagara de inmediato el monto reclamado, o no aceptara la propuesta de venta y desguace liderada por uno de dichos bancos -en un claro conflicto de intereses-. Claramente no les interesan los procesos legales ante los tribunales nacionales sino su repercusión en los medios, una conducta inapropiada para tan prestigiosas instituciones”.

El comunicado de Vicentin asegura que luego del concurso y propuesta de pago de Vicentin, los bancos "tuvieron como único objetivo buscar su expropiación a través de un intenso lobby ante funcionarios públicos para que el Estado Nacional y Provincial les pague su crédito, no respetando el proceso concursal en curso”.

Fuente: Infobae