Ingresos Brutos: una baja que terminó en suba

Uno de los capítulos del Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 entre el Gobierno nacional, 22 provincias (todas salvo San Luis) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se refiere al compromiso de las provincias con relación al Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB).

Concretamente, dos de los compromisos asumidos con relación a este distorsivo impuesto fueron la eliminación de las aduanas tributarias interiores que se habían creado y el cumplimiento de alícuotas máximas para las distintas actividades para cada uno de los cinco años fijados en un cronograma. Un aspecto clave fue que no se fijó la prohibición de subir alícuotas.

Ante esta situación, la mayoría de las jurisdicciones que tenían, en algunos sectores, alícuotas por debajo de los máximos previstos para el 2018, decidió aplicar subas en la presión tributaria sobre algunas actividades, para intentar compensar la pérdida de recaudación por las readecuaciones implementadas en otras. Y de esta manera, si bien la mayoría terminó cumpliendo con el Consenso, muchas lo hicieron aplicando subas de alícuotas, lo cual va en contra de la esencia final del acuerdo, que es la reducción del peso de este impuesto en cada economía regional.

Yendo a una evaluación detallada, 17 provincias cumplieron con los compromisos de eliminar tratamientos diferenciales a la industria según el lugar de radicación y de no aplicar alícuotas superiores a los niveles máximos establecidos para el 2018. Más allá de lo general, en la letra chica las modificaciones en las leyes impositivas fueron muy variadas, con cambios de alícuotas tanto entre tamaños de establecimientos según facturación, como entre ramas secundarias de una actividad.

Un cambio relevante se relaciona con la actividad comercial. Son 12 las provincias que aplicaron algún tipo de aumento sobre el sector que, casualmente, es uno de los que no tiene alícuota máxima prevista para 2018, aunque sí a partir de 2019.

Concretamente, C.A.B.A., Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán subieron la alícuota al comercio, tratándose en algunos casos de subas de la alícuota general, mientras que en otros fueron aumentos para ciertos tramos de facturación (generalmente los establecimientos grandes).

¿Cuánto subió la presión tributaria provincial post-Consenso?

Una manera de medir integralmente el impacto del cambio es considerando la carga tributaria total contenida en el precio de venta final de un alimento.

A modo de ejemplo, se muestra a continuación el impacto de los cambios de IIBB sobre el precio de los alimentos para las provincias de Salta y Tierra del Fuego, considerando las alícuotas vigentes para los contribuyentes de mayor facturación.

En primer lugar, analizando el caso de Salta, se observa que esta provincia unificó en 2018 las alícuotas aplicables a la industria, independientemente de su lugar de localización. Y, por otro lado, el comercio mayorista y minorista vieron incrementadas sus alícuotas de un 3,1% y 3,6%, respectivamente en 2017, a un 5% en 2018. Estas subas en conjunto implican un incremento de la incidencia del Impuesto a los Ingresos Brutos en el precio final de un alimento de nada menos que el 50%.

Por su parte, en el caso de Tierra del Fuego, no se registraron variaciones en la alícuota aplicable a la industria, que asciende a un 1,5% para todo tipo de contribuyente, ni en la del comercio de alimentos y bebidas, que se mantuvo en un 3% (para el resto de los rubros del comercio, aumentó sin embargo a un 3,5%). Pero, a su vez, esta provincia aumentó una sobretasa adicional que cobra con destino a un fondo de financiamiento de servicios sociales, desde un 1% a un 1,5%. De la combinación de estos cambios, la incidencia total de IIBB en el precio final de un alimento aumentó en Tierra del Fuego un 13,9%.

Es importante destacar que en 10 jurisdicciones se ha registrado un incremento de la incidencia de IIBB en el precio final de un alimento debido a los cambios combinados de alícuotas sobre la industria y el comercio y a que la provincia de Salta es la que lideró la suba, bajo el paraguas legal dado por el Consenso Fiscal.

¿Cuánto subió la recaudación de IIBB de las provincias durante los primeros meses del año?

Resulta interesante analizar la evolución de la recaudación luego de la suba de la alícuota promedio ponderada de IIBB. En efecto, puede apreciarse que el aumento promedio de la recaudación del primer bimestre fue del 32,7%, superando a la tasa de inflación. La provincia de Salta se posiciona como la de mayor crecimiento, situación que se correlaciona con el hecho que es la que más aumentó la presión tributaria legal de IIBB. Con un 54%, el aumento de la recaudación salteña fue muy superior al promedio de jurisdicciones.

Si se agrega marzo a Salta, se observa que la recaudación del primer trimestre creció un 61% respecto a igual periodo del año pasado. En términos reales, el aumento fue del 28%.

Aumento del ingreso por evadir El nivel de carga tributaria es un factor clave a la hora de determinar la ganancia esperada de evadir. Con las subas de IIBB que han hecho las provincias, aumenta el ingreso por evadir y consecuentemente el grado de competencia desleal para aquellas firmas que operan en la formalidad. Se avanza en la dirección contraria: más carga, más ingreso por evadir, más competencia desleal. Es muy gráfico el caso de la provincia de Salta. Antes de la reforma, un comercio que subdeclaraba un 10% de la facturación generaba un incremento del 34% en sus utilidades respecto a un comercio formal. Después de la reforma, el mismo porcentaje de subdeclaración de ventas le genera un aumento de ganancias del 47%. Con esta línea de política tributaria, no va a disminuir el grado de informalidad.

Breve reflexión final En síntesis, el Consenso Fiscal brindó el marco legal para que muchas provincias subieran el IIBB, con todas las consecuencias negativas que ello genera sobre el funcionamiento de cada economía regional. El espíritu de las reformas es que la baja de impuestos se financie con menor peso del gasto público a partir del cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. De entrada, esto ya no es así.

Fuente: Nadin Argañaraz Director del IARAF para Clarin