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Avanza la ley para reactivar el organismo que debería combatir a los monopolios

El Senado aprobó una norma que obliga a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a ser elegidos por el Gobierno y avalados por la Cámara alta. Cambiemos votó en contra.

Congreso 05 de febrero de 2021 Editor Editor
ana almiron
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El Senado aprobó este jueves una modificación a la ley de defensa de la competencia sancionada hace dos años que aumentará el poder del Gobierno en la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo creado para garantizar la aplicación de medidas destinadas a evitar los monopolios.

Con este proyecto, que aún debe ser ratificado por Diputados, la Autoridad formará parte de la secretaría de comercio interior y sus miembros ya no serán elegidos mediante un concurso público de oposición y antecedentes, sino mediante propuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo que luego deben ser ratificadas por la mayoría del Senado.

Pero además, podrán ser removidos por el Gobierno tras un dictamen no vinculante de una comisión ad hoc" integrada "por los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Industria de ambas cámaras del Congreso". 

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El Tribunal de Defensa de la Competencia, encargado de dirimir las denuncias por prácticas monopólicas, tendrá cinco integrantes, dos economistas y dos abogados, y deberá certificar investigaciones de mercado, pero no ya expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos. 

"Lo que estamos tratando es de modificar la autoridad de aplicación, porque se creó hace dos años y no funciona. Y queremos que funcione", defendió el jefe del bloque oficialista José Mayans. El proyecto fue presentado el año pasado por Ana Almirón, senadora cercana a Cristina Kirchner, obtuvo dictamen pero no llegó al recinto. 

"El Tribunal debe actuar con total independencia a la hora de tomar sus decisiones, pero no podemos separar esa interrelación que debe tener el Estado, que en todas las legislaciones del mundo es el que marca la política con respecto a la competencia", indicó la correntina.

Anunció dos modificaciones por sugerencia de Oscar Parrilli: ningún miembro del Tribunal podría haberse asociado a consultoras o estudios relacionados con empresas controladas; la duración en el cargo será de cuatro años y no cinco, para equipararla al mandato de un Gobierno; y las actuaciones no pueden ser secretas. 

El Tribunal de la Competencia debe actuar con total independencia a la hora de tomar sus decisiones, pero no podemos separar esa interrelación que debe tener el Estado, que en todas las legislaciones del mundo es el que marca la política con respecto a la competencia. 

"Habían convertido la ley en una gran máscara para defender intereses monopólicos", acusó Parrilli, quien de todos modos reconoció como un error la fusión entre Cablevisión y Multicanal en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner. 

Además, la sede de la oficina podría no estar en Buenos Aires, habrá un informe anual de la Autoridad de Competencia ante el Congreso y se eliminará el programa de "clemencia", que le permitía a las empresas reducir sus sanciones o hasta librarse de ellas. 

Aunque no se mencionó en el debate, la ley fue promovida por Elisa Carrió al inicio del gobierno de Cambiemos y la clemencia fue una de las incorporaciones del ex coordinador de Gabinete Mario Quintana, nexo por esos días entre Mauricio Macri y Lilita. "Fue aprobada por el 70% de los senadores; muchos de los que ahora la van a modificar", reprochó el radical Martín Lousteau. 

La chaqueña cuestionó esa vez los altos precios que aplicaban sectores concentrados y carterizados, repetidos en la sesión de este jueves pero por senadores oficialistas, que con esta ley habilitan a los entes provinciales a controlar y redefinen el concepto de "concentración". Podrá entenderse como tal a las fusiones, transferencias, adquisiciones y hasta los contratos de cualquier índole. 

Cambiemos rechazó la ley y la jujeña radical Silvia Giacoppo advirtió que la Unión Industrial Argentina había solicitado cajonearla. "Al gobierno de turno le vamos a dar un enorme poder para que construya relaciones y, si ya tiene relaciones con grandes empresas, para que pueda tener una gran discrecionalidad en lugar de ser un órgano autárquico y descentralizado", protestó Lousteau. 

"Objetaron el proceso anterior, lo dieron de baja, pero no eligieron un nuevo proceso. En cambio, eligen politizar un órgano, como ocurrió en otras ocasiones, con otro secretario y con el Indec, haciéndole un flaco favor a aquello que tenemos que defender", completó el radical

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