Por: Nicolás Salerno, corresponsal en Madrid.

Se podría decir que la política genera extraños compañeros de viaje y que las circunstancias extraordinarias presentan soluciones extraordinarias. También se puede decir que cuando el río suena, es que agua trae. Y que cuando algo es extremadamente importante, el tan declamado consenso generalizado aparece. Todo esto es lo que parece haber sucedido estas semanas en Madrid cuando la vicepresidenta de asuntos económicos, Nadia Calviño, ministra de Economía y Transformación Digital, ha aceptado finalmente los pedidos en tándem de las cámaras empresarias, la banca (con Ana Botín, presidenta del Santander, a la cabeza), la oposición en el parlamento, el FMI, el Banco Central de España y el propio vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, demandaron subvenciones directas a las pequeñas medianas empresas para afrontar los crecientes efectos de la pandemia, y los riesgos de quiebras que se avecinan.

En el equipo del vicepresidente de gobierno creen que el margen para estas subvenciones es de hasta diez mil millones de euros, el monto que el tesoro de España ha reducido de su endeudamiento. Este monto se sumaría a otro del mismo tenor, destinado en julio del año pasado al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que sigue el modelo de otros países europeos como Alemania, Francia, Portugal e Italia, para, mediante aporte de capital e ingreso al directorio por parte del estado, evitar la quiebra de estas empresas, hasta la recuperación total de los montos otorgados, fecha en la que el estado sale de las mismas.

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Este tipo de medidas, se encuentran en sintonía con varias de la Unión Europea, como la anunciada por el Banco Central Europeo (BCE), el cual impuso a la banca una restricción para distribuir dividendos hasta el 30 de septiembre de 2021 o, un máximo del 15% de las ganancias de los ejercicios 2019 y 2020, siempre que no se supere los 20 puntos básicos del coeficiente del capital ordinario.

Artillería pesada contra los Concursos y Quiebras 

Lo que busca Economía es aliviar a toda costa los excesos de deuda de las empresas a las que los ERTE (ATP) y ERE a(PPC) no les está siendo suficiente. Y es que en el cuarto trimestre los concursos preventivos subieron un 20% y sólo en diciembre un 30%, mientras que la economía sufrió una contracción del 11% del PBI, el peor desde la Guerra Civil. Para ello, se ha enfocado en planificar una serie de medidas en danza que buscan aliviar los efectos de un cierre masivo de su economía una vez dejen de fluir estos apoyos. Entre ellos, se encuentran una reformulación de la ley de quiebras, la cual incluiría una aceptación y agilización de los acuerdos de pago con quita y una formalización del ”prepack”, un sistema existente en Reino Unido y Países Bajos y que hace dos semanas la justicia de Barcelona aceptó como valido aunque aún no haya legislación en la materia, el cual asigna ante la solicitud de la empresa, un experto durante un período pre-concursal , el cual se interioriza en el negocio, tutela y supervisa las operaciones y garantiza la transparencia de la valoración de activos, para la elaboración de un informe que termina en la venta anticipada de activos mediante oferta judicial y, de esta forma la correcta salvaguarda tanto del valor de los activos (evitando se malvenda por apremios concursales), como el cobro de los acreedores al momento de entrar en fase concursal, agilizando los tiempos y la tarea del síndico, quien de antemano puede advertir y evitar maniobras fraudulentas.

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Esta última medida aparece cuando, según la Cámara de Comercio de Barcelona, “han sido más de 20.000 las empresas catalanas que han cerrado desde marzo de 2020 y, a finales de año, se contabilizaban 158.261 trabajadores en ERTE, (mientras que) los desempleados eran un 31,5% más que a cierre de 2019”. Y es que a diferencia de las grandes empresas como ArcelorMittal, Airbus o Atresmedia (conglomerado de comunicaciones), que han tenido mayores beneficios, aún con menores ingresos, producto de los recortes en I+D y empleos, las Pymes ya no poseen capacidad de endeudamiento y han comenzado a tirar la toallas para evitar mayores males.

En este contexto, la medida más reclamada por El Banco de España, y que ya se ha implementado en Francia, es la de instrumentar los Préstamos Participativos. Se trata de reorientar el incremento de ahorro privado durante la pandemia al préstamo empresario (con garantía del estado mediante la creación de un fondo), que minimice la dependencia de la banca y evite un aumento de la especulación financiera. Por ello, el monto mínimo para particulares sería de 5.000 euros. De esta forma, las empresas consiguen capitalizarse a tasas menores, con mayores plazos, y con menor riesgo (ya que son de última prioridad de cobro ante un eventual concurso, mientras que el acreedor consigue intereses atados a la participación en el beneficio de la empresa.

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