El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, abrió el encuentro que se llevó a cabo de forma virtual, y afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar "tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva". Las pymes en contra de un nuevo tarifazo.
Nacional - Congreso16 de marzo de 2021
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El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes.
El interventor del Enargas, Federico Bernal, abrió el encuentro que se llevó a cabo de forma virtual, y afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar "tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva".
"El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva", subrayó Bernal.
El funcionario destacó que, "a partir de la decisión del Presidente plasmada en el Decreto 1020/20, se inauguró en la Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes", y afirmó que, "con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos".
Además, remarcó que "la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía", y afirmó que "la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo".
"Y cuando a la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energéticamente hablando, como se lo enfermó recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (más de 9 millones de personas) en apenas tres años", puntualizó el interventor del Enargas.
Aseguró que "no hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles, ni cómo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles".
También, señaló que, en el caso de la salud, "bajo un techo sin energía, en invierno nos morimos congelados, y cualquier día o noche fríos, nos enfermamos".
"Sin energía, no hay cómo estudiar, cómo prender una computadora, cómo trabajar. Sin tarifas justas, razonables y promotoras del desarrollo, y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercios, no hay industrias de ningún tamaño, no hay producción", remarcó Bernal.
Así lo expresó en el marco de la audiencia pública que se celebraba este martes y que continuará el miércoles, dado que se inscribieron más de 200 personas para participar. De acuerdo con lo previsto en este proceso, luego habrá un período de 30 días hasta que el Enargas se expida sobre un nuevo esquema tarifario de transición.
Entre las empresas que intervinieron esta en la audiencia, Naturgy BAN solicitó "la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente".
"Como tarifa transitoria, a cuenta, Naturgy BAN, propone un incremento del 51% en el margen de la distribuidora, para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio", indicó el director de Regulación y Tarifas de la compañía, José Luis Fernández Fontana.
A su vez, la distribuidora solicitó "considerar un ajuste que mantenga este incremento conforme la evolución de la economía, de forma semestral", y también pidió "iniciar a la brevedad el proceso de Renegociación de Tarifa Integral, que permita certidumbre regulatoria y normalización de la actividad".
Por su parte, el director Comercial y de Asuntos Regulatorios de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Guillermo Cánovas, explicó que la solicitud de la compañía "tiene como fundamento principal que la prestación del servicio público de gas se viene brindando en los últimos dos años sin variación alguna de su tarifa, ello combinado con un incremento significativo de sus costos producto del proceso inflacionario y similar devaluación del peso registrados en dicho período".
Precisó que "esto significa que los ingresos reales de TGN se redujeron a menos de la mitad, producto del congelamiento tarifario y que para el período abril 2021-marzo 2022 el total de erogaciones operativas, fiscales y financieras previstas por la compañía será superior en $ 5.667 millones a sus ingresos proyectados con las tarifas vigentes".
"Ello hace necesario e ineludible un incremento transitorio en la tarifa que permita recorrer un camino de recomposición de los ingresos de la compañía que contribuya a la sustentabilidad de la prestación del servicio público y que le permita afrontar las obligaciones del período", señaló Cánovas.
Indicó que, "como consecuencia de la propuesta de adecuación en la tarifa de transporte presentada, y a modo de ejemplo, un consumidor residencial promedio del área de Gasnor en Tucumán con tarifa plena, pasará de pagar $ 679 a $ 702 por mes".
Subrayó que este consumidor "tendrá un aumento de $ 23 en su factura, de los que $ 18 se deben al transporte y $ 5 al aumento de los impuestos asociados", y añadió que "en términos porcentuales el aumento final para el usuario será del 3,4% correspondiendo un 2,6% al transporte y un 0,8% a los impuestos".
Asimismo, puntualizó que "un consumidor residencial promedio del área de Metrogas en la ciudad de Buenos Aires con tarifa plena, pasará de pagar $ 1.025 a $ 1.102 por mes", y remarcó que "tendrá un aumento de $ 77 en su factura, de los que $ 58 se deben al transporte y $ 19 al aumento de los impuestos asociados".
"En términos porcentuales el aumento final para el usuario será del 7,5% correspondiendo un 5,7% al transporte y un 1,8% a los impuestos", afirmó Cánovas.
El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la industria nacional, calificando de "mentira proteccionista" las políticas que históricamente sostuvieron el desarrollo productivo argentino. Su discurso refuerza la postura de apertura indiscriminada de importaciones, que ya está provocando cierres de fábricas, despidos masivos y crisis en el sector pyme.
Se aguardan incentivos sobre dólar, créditos, FMI, aumento de exportaciones y reservas del Banco Central. Matías Tombolini estará en Comercio y De Mendiguren en Producción. Cecilia Moreau reemplaza a Sergio Massa en Diputados.
El oficialismo apuró el debate en comisión para convertir en ley el alivio fiscal antes de julio. La medida beneficiará a más de 4,5 millones de monotributistas y autónomos.
La iniciativa, que promete convertir al cannabis en otro "commodity" de los que exporta la Argentina, fue aprobada con 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones
El Presidente hablará en Asamblea Legislativa. FMI, economía y la agenda postpandemia centrarán su discurso.
El Senado lo votó por unanimidad. Si el ejecutivo acelera los trámites podría aplicarse desde noviembre.
La Justicia ratificó la cautelar que impide la conversión del Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima por un período de seis meses. Mientras tanto, una encuesta de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) reveló que más del 92% de los empresarios pymes están en contra de la privatización y el 80% cree que la medida fue una cortina de humo para tapar el escándalo de la estafa con Libra.
El gobierno de Javier Milei anunció una reducción drástica de los aranceles a la importación de ropa y calzado, argumentando que esto ayudará a frenar la inflación y mejorar la competitividad. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el sector textil denunciaron que la medida pone en riesgo miles de empleos y debilita la producción nacional, permitiendo una competencia desleal con productos importados.
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A 49 años del último golpe de Estado, una marea humana llenó Plaza de Mayo para repudiar la dictadura cívico-militar y denunciar los retrocesos en derechos promovidos por el gobierno de Javier Milei. Las consignas apuntaron directamente contra el negacionismo oficial y las políticas de ajuste. Desde Nunca Más Económico se destacó que la memoria también se defiende en el plano económico, denunciando la reedición de un modelo excluyente que ya fracasó en el pasado.
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