La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, declaró ayer que el organismo tiene declaraciones juradas de contribuyentes por el 10% de lo que busca recaudar por el impuesto a la riqueza, a una semana de vencer el plazo para presentarlas.

“Ya tenemos declaraciones completadas por casi 30.000 millones de pesos, un 10% del total que se proyectaba recaudar”, expresó Marcó del Pont. Desde otro punto, declaró que “genera vergüenza ajena que las personas con los patrimonios más altos del país vayan a la justicia para intentar evitar pagar” el tributo en medio de la crisis generada por la pandemia.

“No nos olvidemos de que el destino de lo que se recauda es la compra o elaboración de equipamiento médico, son subsidios a las pequeñas empresas, recursos las becas Progresar y fondos para la urbanización”, añadió la recaudadora federal.

El exsocio del juez Rosenkrantz se suma a la lista de quienes hacen juicio para no pagar el Aporte Extraordinario

El Aporte solidario y extraordinario alcanza a personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y las estimaciones preliminares indicaban que habían 13 mil personas que tendrían que pagarlo, aportando una recaudación de 300 mil millones de pesos. El vencimiento para presentar la documentación es el próximo 16 de abril.

“La riqueza no sale de un repollo; es verdad que surge del esfuerzo del capital, de quien lo tiene, pero también de un país que aporta la educación pública, la salud pública, los derechos”, sostuvo Marcó del Pont al referirse al intento de judicialización del aporte. “Sabíamos que una porción de las personas alcanzadas iba a recurrir a la justicia para intentar no pagarlo pero tenemos todos los recursos y herramientas desde la AFIP: sabemos que no es inconstitucional, que no hay doble imposición, que son chicanas para no pagar”, agregó.

Desde el 23 de marzo al 28 de abril, las personas alcanzadas por el tributo podrán optar por pagar un anticipo del 20% y cancelar el resto en cuotas.

Amparos. La baja cantidad de declaraciones presentadas sucedió en un contexto de incertidumbre respecto a la posibilidad de que la justicia determinara la anti constitucionalidad del gravamen, tras hacer lugar a dos amparos de contribuyentes que argumentaban que implicaba una doble tributación ya que superponía con Bienes Personales. Sin embargo, también hubo otro fallo judicial que desestimó el reclamo de los contribuyentes.

El primer amparo de la justicia fue para un ejecutivo de la empresa Globant que obtuvo una cautelar que lo exime de pagar el impuesto al menos por tres meses hasta que el tribunal se pronuncie sobre la cuestión de fondo y defina si es “confiscatorio”, como argumentan algunos especialistas.

Fuente: Perfil