La ley de Etiquetado frontal y la alimentación de los ciudadanos, atravesada por el lobby y la burocracia, demora su salida

—A nosotros nos interesa que vos te vayas de acá con la información más clara posible, hacer docencia —dice la mujer que está sentada del otro lado de la pantalla, en lo que parece el balcón de una torre muy alta. Son las 12, el encuentro es virtual, y se suman desde sus casas otros dos ejecutivos de la misma empresa alimentaria, una de las más grandes del mundo. Tienen lista una presentación en power point, la misma que, también en estricto off the record, mostraron a otros periodistas que buscan conocer la posición de la marca sobre el tema del momento: la ley de rotulado frontal que se debate en Argentina. 

La empresa se dedica a producir alimentos que a priori uno pensaría saludables. Sin embargo, admiten su principal preocupación: los sellos de advertencia alcanzarán al 100% de los productos que ofrecen, incluso aquellos que se autoproclaman light o repletos de nutrientes. 

Usan gráficos armados con flechas de colores, cuadros comparativos y ejemplos que buscan demostrar lo que ellos llaman las “incongruencias” del proyecto. Es un material amable y didáctico. Pero, al igual que sus nombres, solicitan no difundirlo: se trata de un documento interno que utilizan, dicen, para “sensibilizar” a sus empleados. 

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En otros temas vinculados a la economía y la política no existe tanto secretismo. Pero al realizar este reportaje nos encontramos con que el pedido de confidencialidad alcanza a otras empresas y también a funcionarios acostumbrados a plantear sus posiciones y discutir públicamente sobre cualquier otro tema. 

No es algo exclusivo de la Argentina. El debate del etiquetado generó resistencias virulentas en todos los países de Latinoamérica en los que fue planteado. “Fue un combate de guerrilla difícil de ganar”, resumió en una nota del New York Times Guido Girardi, el senador chileno que lideró la aplicación de la ley que finalmente entró en vigencia en ese país en 2016. 

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