La Ley que fue sancionada el año pasado ya rige para las grandes empresas. Las pymes, cuentan con un plazo más largo debido al coste de producción que tiene adecuarse a esta norma.
En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
Fue por medio de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La ley de Etiquetado Frontal, aprobada en octubre de 2021, tiene como objetivo “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable”.
Fue publicada en el Boletín Oficial. La ley apunta a brindar información a los consumidores sobre los componentes de los alimentos como azúcares, sodio y grasas saturadas con el objetivo de prevenir "la malnutrición de la población".
El proyecto obtuvo 200 votos afirmativos, 22 negativos y 16 abstenciones. Fue tratado en una extensa sesión, en la que también se debatirá el alivio fiscal.
El diputado nacional del Frente de Todos explicó por qué desde la coalición opositora no dieron quorum en la sesión de Diputados para tratar la Ley de Etiquetado Frontal.
La Cámara retoma la actividad para avanzar con la iniciativa que fue puesta en duda tras el arribo de Manzur al Ejecutivo, por los efectos que podría tener en la industria azucarera.
Sólo un sector del PRO y oficialistas de provincias azucareras la rechazaron. Las empresas deberán informar sus nutrientes críticos y no podrán publicitarlos.
La industria explica que el proyecto no contempla unificación de la normativa para la región del Mercosur y que el método para calcular las advertencias terminará por "demonizar" alimentos de consumo básico.
El proyecto tiene media sanción del Senado. Pero puede perder estado parlamentario este año si no se convierte en ley. Juntos por el Cambio obstaculiza el debate en las comisiones.
Gracias a la conversación abierta sobre alimentación que se ha instalado, ya no creemos ciegamente en lo que dicen las marcas y nos convertimos en reguladores del mercado. Nota de opinión por Narda Lepes para La Nación
La alimentaria más grande del mundo hizo una impactante revelación justo cuando se trata de que la ley de etiquetado frontal deje del lado el lobby y se ponga en marcha. Tras la noticia, una de las grandes empresas complicadas es Arcor, principal opositora al proyecto
En octubre de 2020, el Senado argentino dio media sanción a la norma para la Promoción de la Alimentación Saludable. Pero en la Cámara de Diputados quedó en el limbo. La iniciativa establece la obligación de aplicar sellos de advertencia con forma octogonal y color negro a los alimentos. Cómo las empresas intentan cambiar o frenar la propuesta.
El proyecto tiene media sanción del Senado pero se empantanó en Diputados. Hay una fuerte presión de las alimenticias y azucareras locales y hasta de la Cámara de Comercio de EE UU.
La Vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Liliana Schwidnt, le pidió a las industrias alimenticias que "se adapten a los estándares internacionales" porque en la Argentina "están poniendo trabas para hacerlo".
La reconocida cocinera lanzó un libro con sugerencias para mejorar la alimentación. Asegura que hay mucha desinformación y que es hora de redefinir qué es rico
Cuestionan además del impuesto a la riqueza, iniciativas de etiquetado, de plásticos de único uso y de ampliación del período de reclamo por despido.
Mientras la iniciativa avanza en el Congreso Nacional, las grandes compañías comenzaron a hacer lobby de una manera mas que reprochable.
COPAL, la cámara de fabricantes, presidida por Daniel Funes de Rioja, se puso a la cabeza del rechazo a la iniciativa. Manzur, clave para dormir el proyecto. Massa, "prescindente".
La iniciativa establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
Empresas y cámaras sectoriales expresaron su apoyo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial ante el intento de vaciamiento impulsado por el Gobierno. Advierten sobre el rol estratégico del organismo para la industria nacional.
Tras la salida de JP Morgan, el mega fondo Pimco habría liquidado posiciones en bonos en pesos por más de USD 1.600 millones, en un nuevo golpe al carry trade que expone los límites del plan económico del gobierno de Javier Milei.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 52.000 puestos en el sector público nacional. Empresas estatales, organismos descentralizados y áreas sensibles del Poder Ejecutivo fueron los principales blancos del recorte.
El personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se movilizó este martes para rechazar los despidos y el desfinanciamiento. Advirtieron que el recorte afecta la capacidad productiva nacional y pone en riesgo el desarrollo de las PYMEs.
El fundador de Mercado Libre apuntó contra el gobernador de Santa Fe por el aumento de Ingresos Brutos. Pullaro le respondió con una acusación inesperada: “Los narcos usan Mercado Pago en los búnkers”.