El 87 por ciento de la molienda de la harina está concentrado en tres empresas, y el 85 por ciento de la producción de aceite en cuatro. Que alternativas tiene el gobierno
Economía28 de marzo de 2022
Colaborador
Si bien la “guerra” que anunció el gobierno contra la inflación incluyó el pedido a los supermercados para que retrotraigan los precios de 580 productos al 10 de marzo, existió también una acción concreta, como la suba de dos puntos de retenciones a la harina y el aceite de soja para subsidiar el precio de la harina, junto a la renovación de un esquema similar para el aceite. Sucede que, de acuerdo a un reciente informe de la Bolsa de Cereales, Rusia y Ucrania suman el 78 por ciento del comercio mundial de aceite de girasol, el 28 por ciento del comercio de trigo y el 19 por ciento del de maíz, con lo cual la guerra iniciada por el primero de estos países elevó los precios de estas materias primas hasta en un 50 por ciento.
En nuestro país, el impacto se está sintiendo en el desabastecimiento de aceites, así como en el fuerte aumento en la bolsa de 25 kilos de harina que se utiliza para la producción de panificados y pastas, aunque los aumentos derivados por la escasez de oferta debido a la guerra son en rigor solo una parte del problema. No solo porque incluso en un contexto de guerra, no se modificaron las retenciones al trigo, maíz y girasol que permitirían desacoplar los precios internacionales de los nacionales, sino porque la oferta de estas dos manufacturas de origen agropecuario se encuadran dentro de un mercado oligopólico, pues el 87 por ciento de la molienda de la harina para pan está concentrado en tres empresas, mientras que el 85 por ciento de la producción de aceite está concentrado en cuatro empresas. Estas cifras se desprenden de un reciente informe del Centro de Estudios Agrarios (CEA), cuyo director Matías Strasorier señaló a El Destape que la condición de estas empresas afectan en dos niveles: para los productores de materias primas, implica un escenario de oligopsonio, es decir pocos demandantes para muchos oferentes, mientras que para los consumidores el escenario oligopólico implica que los precios se regulan por fuera de los esquemas de competencia, oferta y demanda, con lo cual abonan precios más altos. Esta situación, añade Strasorier, afecta a su vez a la economía nacional, ya que recursos extras que se derivan a sus alimentos son sustraídos de un gasto en otros bienes y servicios que ayudarían a dinamizar el mercado interno.
Para exhibir la variación en el precio del aceite, desde el CEA compararon el aumento en su precio en relación al salario mínimo durante los gobiernos de la alianza Cambiemos y el actual. De esta forma, señalan que el salario mínimo de enero de 2019 permitía adquirir 329 botellas, pero para diciembre de 2019 ese mismo salario representaba 135 botellas. A su vez, para diciembre de 2021, este tipo de ingreso reducía su compra a solo 105 botellas. Medido en dólares, mientras que en diciembre de 2016 la botella de litro y medio costaba 1,10, para diciembre de 2019 había alcanzado los 2 dólares, en tanto que para el último diciembre, los 2,80 dólares.
Si bien el aceite evaluado fue el de la marca “Cocinero” de girasol, desde el CEA señalan que la tendencia es similar para los producidos por las cuatro marcas líderes, Cocinero y Lira de la firma Molinos Río de la Plata, que posee el 22 por ciento del mercado; Natura, Mazola, Sojola, y Cada Día, de la firma AGD, que abarca el 28 por ciento de las ventas; Costa del Sol e Indigo, de la compañía Tanoni, que posee el 22 por ciento; y Cañuelas, que abarca el 26 por ciento del mercado.
En el caso de la harina, el informe de CEA señala que el 87 por ciento de la molienda de harina para pan, está concentrado en solo tres empresas, Molinos Río de la Plata, Cañuelas, y Morixe, con el 35, 30, y 22 por ciento del mercado respectivamente. Aquí, también, plantea Strasorier, el escenario oligopólico afecta al mercado, pues, sostiene “de los 22 millones de toneladas de trigo que se produjeron el año pasado, el país consume solo 7, con lo que el precio de la harina no debería impactar de la forma en que lo hace, como tampoco el del pan, que no lleva más del 15 por ciento de trigo”.
Pero no solo en la harina para pan se da este fenómeno, sino en otro elemento de la canasta básica de los sectores más carenciados, como los fideos, donde se repite el mismo esquema. Según CEA, en la molienda de harina para fideos cuatro empresas concentran el 92 por ciento del mercado, como son Molinera del Sur SACEI, Molinos Río de la Plata, Molino Cañuelas, y Molino Tres Arroyos, con el 35, 27, 18, y 12 por ciento del mercado respectivamente. Aún más, solo cinco empresas concentran luego el 81 por ciento de la producción de fideos, como son Molinos Río de la Plata, cuyas marcas Matarazzo, Don Vicente, Lucchetti, Favorita, y La Salteña acaparan el 38 por ciento del mercado; Complejo Alimenticio San Salvador, que con las marcas La Providencia y “marcas blancas” para Walmart, Carrefour, DIA, Cencosud concentra el 18 por ciento del mercado: Molino Tres Arroyos, cuya producción para COTO y Knorr-UNILEVER posee el 10 por ciento del mercado; Molto y Marolio, con el 10 por ciento de las ventas, y Arcor con Arcor y La Campagnola con el 5 por ciento.
Este tipo de producción, se liga asimismo con una fuerte concentración en el sector de ventas. De acuerdo a un reciente informe del Observatorio para el Desarrollo Provincial (ODeP), entre el 30 y 40 por ciento de las bebidas y alimentos se venden a través de las grandes cadenas supermercadistas, donde solo tres cadenas representan el 70 por ciento de las ventas.
La posición dominante de todas estas empresas, es incluso cuestionada desde otros ámbitos de la producción. Según señaló a El Destape el titular de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino – ENAC, Leo Bilanski, “el gobierno debe impulsar iniciativas que tiendan a desmonopolizar las cadenas de valor, es decir abrir el espacio de mercados ocupados por abuso de posición dominante o competencia desleal de monopolios y oligopolios, que podrían ser ocupadas por pymes argentinas”. En este sentido, Bilanski propone la creación de un instituto de la economía pyme, “que impulse la creación de 100.000 nuevas empresas en los próximos años, para empoderar los eslabones de las cadenas de valor allí donde falte oferta, así como también para estudiar los costos y márgenes y detectar prácticas comerciales no competitivas”. De hecho, según afirma, “estas prácticas empresariales se apropian de renta indebida, y eso es lo que sucedió con seis puntos de la inflación en el año 2020 y más de 10 en el 2021”.
Fuente: El Destape
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