Se trata del Subsecretario PYME de la Ciudad de Buenos Aires Nicolás Morelli que fue denunciado por incumplimiento de la ley de ética pública y malversación de fondos.
Política - Comercio26 de junio de 2018
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Nicolás Morelli, subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa de Horacio Rodríguez Larreta, fue acusado de pagos millonarios desde su puesto a la organización privada a la que perteneció hasta antes de asumir, FECOBA. Fue denunciado y, ante la Justicia, FECOBA reconoció los pagos aduciendo que eran para “prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de optimizar el desarrollo e implementación de políticas públicas en materia economía“.
Un funcionario del PRO, en este caso del Gobierno porteño, vuelve a estar en la mira por denuncias de incompatibilidad y sospechas de defraudación a la administración pública para favorecer a la organización a la que perteneció antes de recalar en el Estado.
Una presentación que se realizó el 16 de abril en la Unidad Fiscal Sudeste porteña apuntó contra Nicolás Morelli, subsecretario de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la Ciudad.
De acuerdo a la denuncia que realizó Leo Bilanski, quien preside la Asociación de Empresarios Nacionales, Morelli fue secretario de Hacienda de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA, entidad representativa de las pymes porteñas) y en enero pasado, apenas tres meses después de asumir en la entidad, fue nombrado subsecretario porteño por Horacio Rodríguez Larreta. El 15 de marzo, dos meses después de acceder al cargo público, Morelli autorizó el pago de $2 millones, de un total de $6 millones, justamente a FECOBA.
“Existe la sospecha fundada que dichos fondos (de los cuales ya se han efectuado dos pagos a la fecha de esta denuncia; es decir que se han abonado $4 millones) no se apliquen al objetivo referido en la disposición y convenios de la resolución aludida”, añadió Bilanski en su acusación.
Ante este escenario, el empresario porteño denunció al funcionario por violar la Ley de Ética Pública y pidió se investigue la posible comisión de los delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.
Bilanski –que realizó la presentación a título personal- mencionó un requerimiento de la Defensoría 5 ante los juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que pidió información relacionada con irregularidades en la realización de un censo y la capacitación comprometida con los manteros desplazados de Liniers, que –supuestamente- se realizó en FECOBA por un lapso de tres meses. La solicitud del Defensor se enmarca en el reclamo de un grupo de vendedores ambulantes y manteros desalojados que aseguran haber sido excluidos del censo en cuestión.
Desde FECOBA respondieron a la solicitud y aseguraron “que no realizó censo alguno” porque eso “no es función ni objeto de la Federación”. A su vez, se afirmó que no existe ningún convenio suscripto con el Gobierno de la Ciudad para “brindar capacitación remunerada de tres meses a las personas que desarrollaban actividad comercial en la vía pública en el Barrio de Liniers”. FECOBA, remarcaron en el escrito, “no recibe financiación” del gobierno porteño “con esa finalidad”.
Lo cierto es que en Marzo del año pasado FECOBA financió un salario y un curso de emprendedorismo para más de 600 manteros desalojados en el barrio de Once. Toda la gestión para el desalojo de dichos manteros fue realizada por el Gobierno de la Ciudad, en particular por el Ministerio que dirige Diego Santilli, pero finalmente FECOBA se habría hecho cargo de todos los "costos" de dicha negociación. Es hacía allí donde apunta la investigación de la Fiscalía porteña.
No obstante, sí se reconoció el haber recibido dinero por parte de la subsecretaría en cuestión “en razón de un convenio” suscripto el 8 de marzo “que está circunscripto en un Convenio Marco firmado por la Federación el 30 de agosto de 2016, que tiene el objeto de prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de optimizar el desarrollo e implementación de políticas públicas en materia economía (sic)”. El arreglo marco es previo a la creación de la subsecretaría presidida hoy por Morelli.
De acuerdo al convenio de marzo pasado, indicó FECOBA, se acordó con la subsecretaría el pago de los mentados $6 millones en tres cuotas para “elaborar un análisis y diagnóstico sobre el funcionamiento de Centros Comerciales a Cielo Abierto”; “brindar asistencia técnica y capacitación” al Gobierno porteño para contribuir al desarrollo de los Centros Comerciales a Cielo Abierto”; colaborar en el “diseño de un plan comercial para cada Centro Comercial”; y “brindar asistencia técnica y capacitaciones a comerciantes”. No se profundizó más. Por ejemplo, sobre cómo se compone la suma girada.
Morelli, quien habilitó las partidas, llegó a la subsecretaría para reemplazar a Martín Trrubycz quien también se desempeñó con un cargo jerárquico en la entidad empresaria antes de llegar a la función pública. Otro encumbrado dirigente de FECOBA vinculado a Cambiemos es el legislador porteño Christian Bauab (quien actualmente es vicepresidente 3° de la federación pyme).
La subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se creó en 2017 y estaba bajo la órbita del Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología porteño, cartera que se disolvió en el marco de una reestructuración que diseñó el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Actualmente, la dependencia está a cargo de la vicejefatura de gobierno, que comanda Diego Santilli.
La presentación de Bilanski se da en medio de una fuerte disputa en el mundo de la pequeña y mediana empresa, muy golpeado por las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.
En abril de 2017, Osvaldo Cornide dejó de ser el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) después de 16 años. Era muy crítico del rumbo económico que tomó el país. Cornide, tras abandonar el cargo recaló en FECOBA, la mentada entidad que nuclea a 166 asociaciones, centros, uniones, cámaras y federaciones del comercio, la industria, el turismo y los servicios de la Ciudad de Buenos Aires y una de las principales federaciones vinculadas a la CAME. Pero la presión política no cesó. Y Cornide también fue desplazado de allí.
La investigación continúa ahora en la Unidad Fiscal Sur, en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Falta nro 29.
Fuente: Nuestras voces
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