La desnuclearización industrial argentina ya afecta a la PIAP

El gobierno nacional abandonó a su suerte a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de la localidad neuquina de Arroyito. Cuando el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que Atucha III no se iba a construir, los recursos se interrumpieron. El último aporte llegó en junio a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Desde entonces solo han recibido algunos fondos del gobierno de Neuquén, pero los problemas se multiplican. Los empleados este mes cobraron solo el 60 por ciento del sueldo, el concesionario del comedor se retiró y despidió a su personal, el servicio de transporte redujo su frecuencia y la empresa mantiene una deuda millonaria por energía eléctrica y gas natural. Los trabajadores cortaron la ruta nacional 22 el viernes pasado y hoy volverán a hacerlo a la altura del puente de Arroyito. 

PIAP es controlada por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), una sociedad entre la provincia de Neuquén (51 por ciento) y la CNEA (49 por ciento). Allí se produce el agua pesada que modera y refrigera la reacción nuclear en centrales atómicas que utilizan uranio natural. La firma interrumpió su producción en mayo del año pasado debido a una parada técnica e inicialmente se había prometido que arrancaría de nuevo en agosto, pero eso nunca ocurrió. 

A mediados de 2016, el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, les había presentado a las autoridades de la empresa y a sus trabajadores un plan productivo a 18 años que iba de la mano de la construcción de la cuarta central nuclear, a la que le proveerían el agua pesada. A fines de marzo de este año, cuando el futuro de los contratos firmados con China ya era incierto, Gadano sorprendió al anunciar que el gobierno estaba evaluando reflotar un viejo proyecto para que la planta produzca fertilizantes para el campo. Ahora el funcionario ya ni aparece por la empresa. 

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El jefe de gabinete Marcos Peña, por su parte, había dicho el miércoles 14 de marzo en el Congreso que “no es cierto que el Estado Nacional haya desistido de hacer aportes, ya que a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica está tramitando los fondos para que la planta afronte sus gastos hasta que Nucleoeléctrica (NASA) vuelva a comprar (agua pesada), lo que se estima ocurrirá durante el primer semestre 2018”. 

“El responsable principal de la situación que estamos pasando es el gobierno nacional que decidió no continuar con la cuarta central que iba a darnos la posibilidad de producir 600 o 700 toneladas  de agua pesada”, aseguró a Página12 Cristian Salas, delegado de ATE en PIAP. 

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PIAP produjo el año pasado un stock de 23 toneladas de agua pesada que se las podría vender a la estatal NASA, la firma encargada de operar las tres centrales nucleares, y así salir de esta delicada situación al menos por unos meses, pero el gobierno nacional ni siquiera aporta por esa vía. Primero se argumentó que NASA no tenía los recursos suficientes para pagar la producción porque también le recortaron los fondos y tenía sus tarifas congeladas. A fines de febrero el gobierno de Mauricio Macri elevó a través de la resolución 73/18 la remuneración que percibe la compañía por la venta de energía, pero igual NASA no compró el agua pesada. 

Cuando el dólar estaba a 18 pesos, el precio inicial por kilo superaba los 1200 dólares, pero cuando comenzó la corrida financiera el valor fue disminuyendo y en junio ya estaba en el orden de los 900 dólares por kilo. Pese a ello en PIAP afirman que NASA especula con la necesidad de la empresa y ofrece sólo 600 dólares por kilo. Durante el gobierno anterior, NASA y PIAP trabajaban de manera coordinada a efectos de cumplir el proyecto de puesta en marcha de Atucha II. Ahora tratan de sacarse ventaja entre ellas en un escenario cada vez más difícil para ambas.

Si PIAP todavía no colapsó es por los esfuerzos que viene haciendo el gobierno de Omar Gutiérrez para evitar un conflicto social en la provincia a un año de las elecciones y con una interna electoral ya desatada dentro del Movimiento Popular Neuquino. El problema es que los recursos que tiene la provincia son acotados. En noviembre del año pasado, Neuquén firmó el pacto fiscal y encima el gobierno nacional le respondió eliminando el Fondo Federal Solidario, conocido como el fondo sojero, que en 2017 le había reportado 317 millones de pesos. 

Ahora buscan que Nación acompañe con algún desembolso para que PIAP no estalle, pero todavía no hubo respuesta. Gadano no dio más líneas de trabajo y le trasladó la tarea del ajuste al gerente general, Alexander Berwyn, pero el ejecutivo no quiere jugarse solo y busca que el directorio lo respalde. Las opciones que se evalúan son despidos, retiros voluntarios con acuerdos económicos y pasaje de personal a áreas de ENSI servicios. El problema es que en las áreas de servicios, como los clientes son todas empresas de gas y petróleo, el trabajador debería cambiar de convenio colectivo y pasar al Sindicato de Petroleros Privados, que maneja el senador del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, el cual ya tiene su propia bolsa de trabajo con despedidos de otras empresas. Por lo tanto, son pocas las posibilidades de transferir gente a esa área.

Fuente: Pagina12