Déficit cero: Crónica de un fracaso anunciado

Por Emmanuel Alvarez Agis

El 31 de julio de 2001 se promulgaba en Argentina la Ley de Déficit Cero (LDC). La LDC fue una de las reacciones más drásticas del gobierno de la Alianza a una corrida contra el peso cuyos paralelismos con nuestra actualidad resultan escalofriantes.

Las dudas sobre la posibilidad de Argentina de sostener el esquema de Convertibilidad se dispararon en febrero de 2001 a partir de la crisis de una economía emergente: Turquía. El 22 de febrero de 2001 Turquía decidía levantar los controles de capital implementados por el banco central y dejaba flotar su moneda. El resultado: una devaluación del 30% de la lira turca. Ante tamaña depreciación, el entonces titular del FMI, Horst Koehler, declaraba: "No creo que la crisis de Turquía tenga un efecto de contagio en la Argentina". Meses después, Argentina tendría que volver a recurrir al Fondo, puesto que la crisis de Turquía se contagiaba efectivamente a la Argentina. El FMI desembolsaría entonces más de u$s 10.000 millones, en un intento tardío de sostener un esquema absolutamente inconsistente como el de la Convertibilidad.El sesgo para analizar la causa de la crisis de 2001 es notable.

Para el pensamiento tradicional, la crisis de 2001 estuvo por el déficit fiscal: un Estado que gastaba más de lo que recaudaba y, por tanto, que fue a la quiebra. Sin embargo, esta interpretación omite el elefante blanco de todo este período ¡la Convertibilidad! La paridad entre el peso y el dólar destruyó la competitividad de la economía Argentina, lo cual provocó el verdadero desequilibrio que hizo insostenible el esquema: el desequilibrio externo.

Las explicaciones que apuntan al déficit fiscal omiten lo principal: que Argentina tuvo superávit fiscal desde el inicio de la Convertibilidad y hasta el año 1998. Sin embargo, el déficit externo fue una constante a lo largo de la Convertibilidad: Argentina tuvo déficit de cuenta corriente en todos los años que van entre 1991 y 2001, promediando el -2,8% del PIB durante 11 años consecutivos.Lejos de ser el primer intento, es de destacar que la LDC fue el octavo intento de la Alianza de equilibrar las cuentas públicas, puesto que con anterioridad había aplicado ya 7 recortes presupuestarios en nada más que dos años de mandato. Injustamente tal vez, la historia recuerda el ajuste propuesto por el ministro López Murphy como una medida cuya magnitud recesiva terminó con la necesidad de reemplazar a la principal autoridad económica del país.

Sin embargo, el recorte que vino después fue por el equivalente a u$s 3.000 millones, es decir, un 50% mayor al recorte originalmente propuesto por López Murphy. Así, aún con un compromiso fiscal de esa magnitud el mercado siguió dándole la espalda a la Argentina, producto de un error de diagnóstico por parte no solo de las autoridades argentinas, sino también del FMI: lejos de buscar los problemas en el desbalance fiscal, producido fundamentalmente no por un gasto público desmadrado, sino por una recesión que deprimía la recaudación de manera coyuntural, y por las AFJPs que generaban un déficit fiscal de carácter estructural; el verdadero problema que hizo volar por el aire la Convertibilidad fue el déficit externo. Es decir, Argentina no tenía un problema de pesos (fiscal), sino uno de dólares (externo).

De hecho, se podría decir que hasta "el mercado" entendía esta diferencia. Al momento de sancionada la LDC el riesgo país fluctuaba en la zona de los 1.500 puntos. A los cuatro meses de sancionada la ley, el riesgo país se había duplicado y superaba los 3.000 puntos. Por esos momentos, un respetado consultor se preguntaba en el diario La Nación el 15 de julio de 2001 "¿está bien o está mal la "regla de oro" del déficit cero?" y se contestaba: "sin duda, está bien. No existiendo más crédito, sólo se puede seguir gastando de acuerdo con lo que se pueda recaudar". Sin embargo, el 15 de agosto de 2001 comenzaban los problemas: "el FMI duda que se pueda cumplir con el déficit cero", titulaba el diario Clarín.

De hecho, las dudas del FMI versaban acerca de la posibilidad de cumplir con la ley de déficit cero si "bajaba la recaudación". Los técnicos del fondo se preguntaban "¿Qué pasa si la recaudación sigue cayendo, habrá más recortes de gastos?". Decía Clarín: "los técnicos del FMI estiman que no hay garantías de que los ingresos crecerán como calcula Economía. Sobre todo después de que las proyecciones oficiales para julio quedaron superadas por una baja mayor a la esperada".Es paradójico que el FMI apoyara la ley de déficit cero. En ocasión de aprobar el tristemente célebre "blindaje" para la economía Argentina en el año 2000, el fondo había acordado ampliar el déficit fiscal objetivo para "posibilitar" el crecimiento. Un menor ajuste, decían, posibilitaría un crecimiento mayor.La ley de déficit cero establecía que el gasto público no podía superar la recaudación. Si ese fuera el caso, todos los gastos debían reducirse de manera proporcional, incluyendo partidas tales como jubilaciones o salarios.

A la salida de la convertibilidad, en el año 2002, la Corte Suprema de Justicia declararía inconstitucional la ley de Déficit Cero. En ocasión de promover la ley de Déficit Cero, el entonces presidente Fernando De la Rúa utilizó la versión local del famoso TINA (el slogan utilizado por Margaret Tatcher: "There Is No Alternative"): "Quien que diga que hay otra alternativa, miente". En ocasión de vetar una ley de modificación a los aumentos de tarifas, principal herramienta que utilizó Cambiemos para la reducción del gasto, el presidente Macri dijo "Si hubiera habido una alternativa para tomar otra decisión, la hubiera tomado, pero no existía" ¿Casualidades?Es interesante citar la opinión de uno de los pocos trabajos académicos que estudió en detalle la LDC: "Aunque sencilla en su concepción, la ley resultó absolutamente impracticable en los hechos.

El Poder Ejecutivo extendió a las jubilaciones y pensiones un recorte hasta ese momento aplicado solo a los salarios públicos, pero no alcanzó el tan mentado "déficit cero" (...) La inviabilidad política y social del esquema obligó a mantener el descuento sobre salarios y jubilaciones en el nivel inicial. La fugaz y estertórea vida de la extremista ley de déficit cero demostró de manera dramática la inviabilidad de descargar todo el peso del ajuste de las cuentas públicas en una simple norma escrita. Como la ley 25.512, la ley de déficit cero pasó a engrosar el creciente listado de leyes incumplidas en la Argentina".

Esta reflexión pertenece el economista Miguel Braun, actual Secretario de Comercio de la Nación, y fue escrita en agosto de 2006 para el CIPPEC ("¿Para qué sirven las reglas fiscales? Un análisis crítico de la experiencia Argentina").El objetivo oficial de déficit cero en 2019 no podrá alcanzarse. La actual recesión se extenderá incluso a 2019. La caída de la recaudación producto de esa recesión hará inviable los niveles de recorte del gasto público necesarios para cumplir con el déficit cero.

Por afirmaciones como esta, el pensamiento heterodoxo en economía es muchas veces acusado de ser "fiscalmente irresponsable" y de tolerar cualquier nivel de déficit fiscal con tal de estimular la demanda y, con esto, llegar al pleno empleo. Esta es una caracterización relativamente correcta para un keynesiano. Pero en una economía como la nuestra, no alcanza con ser keynesiano, sino que también hay que ser estructuralista. El problema es que el gasto público es un forma efectiva de estimular la demanda agregada, pero no de superar la brecha externa.

El límite al déficit fiscal, es decir, al nivel de actividad, es en realidad el déficit externo que la economía pueda financiar. Para Argentina, lamentablemente el techo de la brecha externa es más bajo que el de la brecha interna. Cualquier programa económico que busque estimular el mercado interno se topará, antes de llegar al pleno empleo, con el faltante de dólares. Hoy la brecha externa de Argentina nos obligará a convivir con tasas de desempleo de dos dígitos. Argumentar que el déficit cero agravará la recesión no implica decir que la solución es duplicar el gasto público. El actual gobierno, o el que le siga, deberán darse un programa consistente tanto desde el punto de vista interno (desempleo), como del externo (dólares). Sin tal planificación, del stop-and-go que caracterizó a la economía argentina desde el 2012 en adelante, solo quedará el stop.*Economista, titular de la consultora PXQ

www.pxqconsultora.com