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Demandan a tarjetas para que bajen comisiones y achiquen plazos de pago

Estaciones de servicio demandan colectivamente a la tarjeta Visa por los plazos y las comisiones abusivas. Siguen el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos, donde Visa y Mastercard debieron devolver u$s 6240 millones a los comerciantes por comisiones abusivas.

Nacional - Poder Judicial 04 de enero de 2019 Editor Editor
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La Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior(FAENI), entidad que agrupa a las estaciones de servicio del interior, con el apoyo de CECHA (Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina) inició ante los tribunales porteños una presentación contra Prisma (la dueña de las tarjetas de crédito Visa en Argentina) para que se reduzcan las comisiones y plazos de pago que esta última impone unilateralmente, condiciones que los estacioneros consideran abusivas.

La presentación de la demanda se realizó en el Juzgado Nacional Comercial número 8 a cargo de Javier Cosentino, de FAENI contra Prisma Medios de Pago. Se trata del mismo juzgado que tiene la quiebra de Oil por el tema de Cristóbal López. Si bien a partír del 1 de enero bajaron los aranceles, el acuerdo de CAME con las tarjetas no incluyó a estaciones de servicio.

Juan Roza Alconada, gerente de Relaciones Institucionales de Prisma Medios de Pago, se defendió: “Queremos dejar bien en claro que la firma se ajusta a la ley, el marco normativo y a la lógica y realidad del mercado argentino en términos de aranceles y plazos de pago para el sector. Sumado a esto, todos los restantes oferentes de tarjetas del mercado argentino pagan en los mismos plazos, y en algunos casos es mayor. Desde Prisma Medios de Pago presentaremos nuestros argumentos, las aclaraciones y defensas en todos los ámbitos que correspondan y sean necesarios”.

Ante situaciones similares en los Estados Unidos, Visa y Mastercard también fueron demandadas colectivamente ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. Advirtiendo que ese proceso judicial les venía siendo desfavorable, las compañías de tarjetas firmaron un acuerdo por el cual aceptaron devolver a los comerciantes hasta u$s 6240 millones por las comisiones abusivas que les habían cobrado.

También en Europa se forzó una mejora de las condiciones para los comercios que operan con tarjetas de crédito. Así, en el año 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso una millonaria multa a Mastercard por las tasas de intercambio que cobraba. En ese contexto, en el mismo año 2014, la Comisión Europea aceptó el compromiso de Visa de disminuir las comisiones entre el 40% y el 60%. El ofrecimiento de Visa no fue espontáneo. En realidad fue el modo de evitar un proceso sancionador que podía alcanzar hasta el 10% de su facturación global.

En 2015, la Comunidad Europea obligó a los sistemas de tarjetas de todos los países de la Comunidad a disminuir drásticamente esos porcentajes.Fue así como se estableció un tope para las tasas de intercambio del 0,2% para operaciones con tarjeta de débito y del 0,3% para operaciones de crédito.

“En Argentina los plazos de pago y las comisiones que cobran las tarjetas no sólo son muy superiores a los que rigen en los Estados Unidos y Europa, sino que también lo son respecto de la mayoría de los países latinoamericanos”, sostiene Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior.

En el mercado local, este juicio, que se suma a la denuncia que esa misma entidad presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a otras acciones que las estaciones de servicios tienen planeadas, es el resultado de las infructuosas tratativas que en los últimos tiempos tuvieron lugar ante las distintas empresas de tarjetas de crédito y la Secretaría de Comercio de la Nación. Las mencionadas condiciones con las que se opera con las tarjetas, sostienen los estacioneros, sobre todo en tiempos de crisis, ponen en riesgo su subsistencia. De hecho es creciente el número de pymes del sector que desaparece del mercado.

Se trata de una novedosa acción colectiva (o “de clase”) que preparó el Estudio de abogados Miguel E. Rubín & Asociados con el asesoramiento en materia económica de DPA Consultores.

Fuente: Cronista

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