
La T se adueño de la UIA y la UIPBA: Puso todos los alfiles a controlar los industriales
Con el aval de Techint, un industrial bonaerense asume y buscará un diálogo más fructífero con el Gobierno. Dólar, importaciones e impuestos en la agenda.
En una inédita actitud los bodegueros pretenden recuperar rentabilidad a costa de subsidios del Estado Nacional. Luego de tomar erradas decisiones y perder fuerte participación de mercado en manos de la cerveza buscan que la rentabilidad perdida salga del bolsillo de todos los argentinos.
Política - Industria21 de febrero de 2018Después de conseguir la marcha atrás en la aplicación del 10% en los impuestos internos que el Gobierno intentó aplicar al sector vitivinícola, la industria del vino se envalentonó y va por más.
Los principales referentes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) ahora piden al Gobierno que suban los reintegros a las exportaciones, del 6% a un 9 por ciento.
Si bien esto representaría la pérdida de u$s30 millones de recaudación para el Estado, los bodegueros aseguran que el sector podría tener un precio más competitivo en el exterior y así aumentar las exportaciones. De esa forma, podrían sostener la mano de obra local.
Walter Bressia, presidente de Bodegas Argentinas y vicepresidente de Coviar, aclara que "no estamos solicitando una devaluación, sólo pedimos al Gobierno que nos acompañe. Necesitamos recuperar el mercado que perdimos".
Por estos días, mantienen reuniones con el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere y con su par de Producción, Francisco Cabrera, y según dejan trascender, están esperanzados. El 85% del mercado extranjero consume vinos de menos de u$s6,5. El 15% restante se inclina por el de alta gama. "Con los actuales precios de los vinos argentinos en el exterior, sólo cazamos ese 15 por ciento. La modificación nos permitiría bajar los precios y poder competir con un vino de entre u$s2,5 y u$s3", sostiene Angel Leotta, presidente de Coviar. Aún así, estarían en valores más altos que los vinos chilenos, uno de sus principales competidores en el mundo, junto a Australia.
La preocupación del sector se basa en que con estas condiciones no podrán cumplir el "Plan Vitivinícola 2020" que aspiraba a tener exportaciones por u$s2.000 millones. Si bien en 2016, las ventas al exterior del sector sumaron u$s1.000 millones, el año pasado, rondaron los u$s800 millones. En los últimos dos años, el sector viene sufriendo malas cosechas.
La industria vitivinícola local retiene apenas el 4% de la participación del mercado mundial de vinos y necesita, por lo menos, alcanzar un 10%, aseguran los especialistas.
Si el Gobierno acepta el pedido de este sector, las exportaciones crecerían u$s100 millones.
A diferencia de otros productos alcohólicos industrializados, el vino tiene mucha mano de obra atrás y de más de ocho provincias. Involucra el trabajo de 17.000 productores, que emplea en forma directa a 120.000 personas. Un total de 900 bodegas, de las cuales 800 están en funcionamiento a pleno.
Si bien el reclamo de un mayor reintegro de exportaciones favorece los precios internacionales, la pregunta es si el Gobierno a cambio, pide una rebaja en los precios del vino para consumo interno. El consumo masivo de vino cayó 4% en volumen en 2016 y 5% en 2017. A coro, todos los integrantes de la cadena dicen que los canales de distribución son los grandes culpables de que el vino llegue a precios altos a las góndolas, y advirtieron que están pidiendo al Gobierno que controle el tema.
Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las bodegas despacharon a la plaza doméstica poco más de 8,9 millones de hectolitros, los argentinos consumieron 51 millones de litros menos que en 2016.
El presidente de Coviar señala que "la gente compra primero la carne, después la verdura y si le queda pide un vino. Basta con ver que los que compraban vinos de $80 a $100, se pasaron al tetrabrick que cuesta $45. Y ahora, como ven que 5 litros de tetra le cuesta $225, saca los cálculos y nota que si compra una damajuana, bebe 5 litros por $130 promedio", explica Angel Leotta y da ejemplos de bodegas que no dan abasto con la venta de damajuanas.
Fuente: Diario BAE
Con el aval de Techint, un industrial bonaerense asume y buscará un diálogo más fructífero con el Gobierno. Dólar, importaciones e impuestos en la agenda.
Son dos históricas marcas que tenían locales propios en los principales shopping del país. Los comunicados de las empresas y cuál es el efecto de la liberación de importaciones en el sector.
El gobierno de Javier Milei anunció una reducción drástica de los aranceles a la importación de ropa y calzado, argumentando que esto ayudará a frenar la inflación y mejorar la competitividad. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el sector textil denunciaron que la medida pone en riesgo miles de empleos y debilita la producción nacional, permitiendo una competencia desleal con productos importados.
Mientras la crisis golpea a los sectores populares, el poder económico, encabezado por las grandes corporaciones, el sector financiero y la agroexportación, se enriquece mientras el gobierno de Javier Milei reprime las protestas. Con una UIA pasiva, AEA empujando la desregulación y las pymes al borde del colapso, el país se encamina hacia un modelo de ajuste brutal que solo beneficia a los más poderosos.
En un nuevo ataque al sector productivo, el presidente Javier Milei despreció a la industria nacional y su rol en la economía. Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) se mantiene pasiva, sin enfrentar las políticas que están provocando cierres de fábricas, despidos y recesión. La falta de reacción genera inquietud en los empresarios que ven cómo su sector se debilita ante la apertura indiscriminada de importaciones.
La automotriz General Motors confirmó la desvinculación de más de 300 trabajadores en su planta de Alvear, Santa Fe. La decisión se suma a la ola de despidos que golpea al sector industrial, agravada por la caída del consumo, la apertura de importaciones y la recesión provocada por el modelo económico de Javier Milei.
Se trata de Robert Prevost, crítico de las deportaciones de Trump y muy cercano a las ideas de Francisco. Se llamará León XIV. Es de Chicago, vivió 25 años en Perú y habla perfecto español.
La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) repudió con firmeza la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En un comunicado, calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial” y exigió la renuncia inmediata de los jueces del máximo tribunal. La entidad advierte sobre una avanzada del poder económico y judicial contra la democracia y el modelo productivo nacional.
El gobernador Axel Kicillof acusó a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) de haber “pedido la condena” de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La denuncia reaviva tensiones con el gobierno de EE.UU. y pone en el centro del debate el rol de las entidades extranjeras en la política y la justicia argentina.
La condena confirmada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner generó un fuerte rechazo en el mundo pyme, que advierte sobre una avanzada judicial que amenaza el modelo productivo nacional. Mientras las grandes corporaciones optan por el silencio, las pequeñas y medianas empresas denuncian el impacto institucional y económico de un fallo que consideran parte de una estrategia para imponer un modelo de ajuste, concentración y exclusión. El contraste entre quienes gritan y quienes callan marca un nuevo capítulo en la tensión entre justicia, política y economía en Argentina.
Globant, la compañía argentina de tecnología con cotización en Wall Street, enfrenta semanas turbulentas tras la difusión de rumores sobre despidos en varias de sus oficinas y una caída abrupta en el valor de sus acciones. La incertidumbre en torno a su estructura operativa y los resultados financieros por debajo de lo esperado generaron alarma entre inversores y analistas.