La suspensión del pago del plan clandestino de bonos por parte de la Justicia hasta después de las elecciones descolocó al Gobierno y en particular al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica
Política21 de octubre de 2019
Colaborador
En su primera alusión al escándalo que lo involucra directamente, y que puso al descubierto este diario, mintió públicamente. Tras anoticiarse de la cautelar dispuesta por la jueza María Servini, el funcionario atinó a quitarle sesgo electoral a la medida y dijo que “todos los meses” la cartera que encabeza realiza pagos mediante ese programa. Ámbito Financiero constató, sin embargo, que entre el año pasado y los nueve primeros meses de 2019 no hubo desembolso alguno en ningún momento.
“Todos los meses hacemos pagos de ese programa”, dijo en el coloquio de IDEA el ministro el viernes al ser consultado por la resolución de la magistrada de ese mismo día. Sica apuntó, incluso, que el plan permanece “vigente desde hace años”, con pagos frecuentes y que la decisión de canalizar a través de ese instrumento el plan de bonos hasta ahora clandestino sólo demandó “una reasignación de partidas”. De ese modo el exconsultor buscó explicar, por un lado, el secretismo del Ejecutivo para encarrilar el desembolso de 114 mil subsidios de $ 5.000 cada uno en teoría destinados a desocupados sin otros ingresos para no publicarlo en el Boletín Oficial, y por otro intentó convertir el desembolso en una dinámica habitual.
El sistema Data Warehouse de Producción y Trabajo, que centraliza y ordena todos los datos informáticos de la cartera, permite desmentir al ministro. Si bien el programa 906 de esa repartición, utilizado en varias ocasiones para canalizar varios tipos de subsidios, tuvo una actividad intensa en 2016 con la asignación de partidas para 16.914 beneficiarios, en 2017 el número se redujo a 659 y desde ese momento permaneció inactivo. De hecho, en 2018 el programa 906 no pagó ni un bono y lo mismo sucedió entre enero y septiembre de este año. Una dinámica diametralmente opuesta al argumento de Sica acerca de que “todos los meses” ese mecanismo viabiliza subsidios.
No fue el único paso en falso del Gobierno desde que estalló el escándalo a raíz de la investigación que inició este diario. El viernes, el mismo día en que Servini le daba curso a la cautelar que ponía freno a los pagos en línea con la denuncia presentada por los apoderados del Frente de Todos y con el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, desde el mismo Ministerio de Producción y Trabajo y de la ANSES fue emitida una nota dirigida a los medios para informar de la implementación del plan de subsidios e invitar a posibles beneficiarios a inscribirse.
La nota, que reprodujeron varios medios, aludía a los alcances y requisitos para el cobro de los $ 5.000 por única vez dirigidos a desempleados sin otros ingresos, y fijaba como plazo de inscripción del 18 al 22 de octubre. Este diario, sin embargo, ya había dado cuenta del inicio de los cobros entre el jueves y viernes pasado, es decir cuando la nota del Gobierno recién daba por iniciado el proceso. De acuerdo a los listados internos entre los dos últimos días de la semana pasada Producción y Trabajo puso a disposición un total de 80.065 bonos en bancos públicos. Dicho de otra forma: o el Gobierno, apurado por el avance de la causa judicial, resolvió poner en marcha una segunda etapa del plan (que tenía un tope presupuestario de 650 millones de pesos, suficiente para pagar 130 mil subsidios), o bien la nota dirigida a los medios tenía como único fin darle por primera vez difusión a un programa hasta ese momento por completo oculto, y encubrir la irregularidad que le había dado origen. En la cartera que encabeza Sica dijeron que estaba pautada una segunda etapa de pagos entre el 5 y el 15 de noviembre, ahora puesta en duda por la intervención de Servini en el proceso.
Fuente: Ámbito
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