La dirigencia de CARBAP profundiza su “divorcio” con la gobernadora María Eugenia Vidal

En materia de política, el año anterior fue de “vacas flacas” para los productores agropecuarios bonaerenses, en un contexto marcado por las incidencias climáticas. Desde las Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) intentaron, de manera infructuosa, crear vínculos con la gestión Vidal, para buscar soluciones estructurales a situaciones puntuales del agro de Buenos Aires.

Las dos cuestiones centrales que desvelan a los dirigentes ruralistas son la presión impositiva y las demoras en la implementación de la ley de Emergencia Agropecuaria. Con Matías de Velazco a la cabeza, CARBAP buscó abrir el tan mentado diálogo que promociona Cambiemos, pero a cambio solo obtuvieron reuniones sin resultados concretos, y chocaron una y otra vez contra el principal adversario del sector agropecuario bonaerense: el ministro de Economía Hernán Lacunza.

Las pasadas elecciones legislativas fueron un punto de inflexión en la relación entre el campo y Vidal. Con un abrumador triunfo oficialista en casi todos los distritos bonaerenses, el voto agropecuario sumó puntos. Con esta muestra de confianza, la gobernadora respondió de la única manera que conoce: impuestazo para este sector, con una suba del 50 por ciento promedio del Inmobiliario Rural, tras un fuerte revalúo fiscal.

Esta fue la gota que colmó el vaso. Desde el inicio de su gestión, la gobernadora de Buenos Aires mostró un notorio desinterés por el sector agropecuario. Cumplió con los rituales de rigor: anunció que la muestra Expoagro se llevará a cabo en San Nicolás, con algo de humor sostuvo que la provincia de Buenos Aires “es el Boca Juniors de la agroindustria nacional” y alguna foto de ocasión. 

Pero a la hora de los gestos de peso, Vidal brilló por su ausencia, situación que se ratifica en pequeños grandes detalles. En su discurso de apertura del año legislativo 2017 jamás mencionó al campo. Ni una vez. La asignación presupuestaria a su ministro de Agroindustria Leonardo Sarquis es otro ejemplo de este desinterés. Los 600 millones de pesos anuales que maneja esta cartera constituyen un porcentaje ínfimo en el global que maneja gobernación. 

En este contexto, y después del cachetazo que significó el incremento del Inmobiliario Rural, los dirigentes ruralistas agotaron todas las vías de diálogo. No estaban en contra de un incremento, pero apuntaban a poder tener una instancia conjunta en donde pudieran discutir un incremento razonable. Y la demora en la implementación de la ley de Emergencia en los distritos afectados por las inundaciones fue otro disgusto para los productores. 

En esta situación, el gobierno bonaerense dio sobradas muestras de insensibilidad: primero con las notificaciones de revaluación fiscal de campos que llegó a una gran cantidad de campos inundados. Más tarde, y con la intención de solucionar este tema, enviaron a los productores un aviso con requisitos a cumplir para ser beneficiarios de la emergencia, pero con una semana para cumplirlos. Detrás de todas estas maniobras evasivas, se esconde una razón de peso: la gobernadora Vidal no quiere desembolsar los 1.000 millones de pesos que tiene la Emergencia Agropecuaria de costo.

El escenario actual es complejo, con una sequía que amenaza a la producción agropecuaria, de la mano de una fuerte reducción en la cosecha de soja, que según estimaciones privadas y oficiales caerá luego de cuatro años por debajo de las 50 millones de toneladas. En paralelo, están llegando a los campos de la provincias las primeras boletas de ARBA con aumentos de hasta el 60 por ciento, mientras los costos de producción y las tarifas de servicios no paran de aumentar.

Con estos antecedentes, los ruralistas de CARBAP buscan nuevos interlocutores. Esto se pudo ver en la última reunión de comisión directiva de la entidad, en donde recibieron al jefe de Gabinete del ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar, al presidente del INTA Juan Balbín y al diputado nacional por Cambiemos, Pablo Torello.