El secretario Horacio Pietragalla Corti se reunió con miembros de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), entidad gremial-político empresarial por una economía nacional, popular y democrática.
Política15 de enero de 2020
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En ese marco, los representantes de la agrupación le manifestaron a Pietragalla su respaldo y la voluntad de poner a disposición la institución para trabajar de manera conjunta con la Secretaría.
El ENAC lleva adelante iniciativas como el “Nunca Más Económico”, investigación que profundiza acerca del rol de las corporaciones y su vinculación con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En este ámbito, forjaron un vínculo de trabajo acompañando a diferentes organismos y referentes del movimiento de Derechos Humanos en el camino de la Memoria, Verdad y Justicia.
Leo Bilanski le solicitó al secretario de derechos humanos que se siga investigando la responsabilidad de al menos 200 empresas en delitos de lesa humanidad sucedidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 en la Argentina.
Además del presidente de ENAC, Leo Bilanski, estuvieron presentes en el encuentro, la vicepresidenta Ada Veiga Ricco, junto a Xavier de Escalada, Carlos Eraldo y Sergio Berutti, integrantes de la asociación.
La inquietud crece en el sector industrial ante la falta de reactivación económica. Aunque el Fondo Monetario Internacional apoya el ajuste, desde la Unión Industrial Argentina advierten que octubre será un mes crítico si no hay señales de recuperación.
El relanzamiento del Consejo de Mayo reaviva el debate sobre la posibilidad real de alcanzar consensos estructurales entre el Gobierno, el sector empresario y los sindicatos. Aunque se propone como espacio para impulsar reformas clave, persisten las tensiones sobre la letra chica de la modernización laboral y la política fiscal.
La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) repudió con firmeza la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En un comunicado, calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial” y exigió la renuncia inmediata de los jueces del máximo tribunal. La entidad advierte sobre una avanzada del poder económico y judicial contra la democracia y el modelo productivo nacional.
La crisis desatada por la estafa cripto de Javier Milei escaló a un nuevo nivel. En una de sus horas más difíciles como presidente, Cristina Fernández de Kirchner lo acusó directamente de ser un "estafador". Mientras tanto, la desconfianza crece y su gobierno enfrenta un derrumbe político y financiero sin precedentes.
El fraude cripto de Javier Milei no solo generó sospechas de corrupción y manipulación de mercado, sino que ahora impacta de lleno en la economía real. El índice S&P Merval se desplomó casi un 6 %, en una jornada marcada por la incertidumbre y el temor de los inversores.
El presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó su cuenta oficial de Twitter para promocionar una criptomoneda sin regulación. Tras el escándalo y las denuncias de fraude, borró su mensaje entre insultos y excusas. Mientras tanto, la empresa detrás del token intenta despegarse de la polémica.
Tras la salida de JP Morgan, el mega fondo Pimco habría liquidado posiciones en bonos en pesos por más de USD 1.600 millones, en un nuevo golpe al carry trade que expone los límites del plan económico del gobierno de Javier Milei.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
El Gobierno porteño aprobó una reforma que elimina el arancel de decenas de trámites administrativos. La medida busca reducir cargas económicas y simplificar procesos para pequeñas y medianas empresas.
Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.
