Histórico: procesaron a dos ejecutivos de Acindar por delitos de lesa humanidad

Este aniversario de la ocupación de la ciudad de Villa Constitución por parte de las fuerzas de seguridad se sintió distinto. No fue el número redondo de los 45 años. Fue una bocanada de justicia. Es que, unos días antes del viernes 20, un juez federal procesó a dos ejecutivos de la siderúrgica ACINDAR por delitos de lesa humanidad, marcando un nuevo hito en el proceso de memoria, verdad y justicia en el país.

“Es muy importante porque Acindar es la prueba más acabada de la responsabilidad empresarial con la dictadura militar”, dice Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA e integrante de la Comisión Directiva del CELS, que hace años impulsa la causa.

Acindar fue, nada más y nada menos, el trampolín de José Martínez de Hoz desde el directorio de la siderúrgica hacia el ministerio de Economía de la dictadura. Su lugar vacante lo ocupó el general Alcides López Aufranc para dejar en claro la comunión entre las fuerzas y el establishment.

La represión

En el cordón del Paraná, la represión llegó en marzo de 1975 – un año antes del golpe. Con un decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón que hablaba del complot subversivo, se detuvo a decenas de trabajadores y trabajadoras que se organizaban alrededor de la siderúrgica Acindar, mientras el líder radical Ricardo Balbín hablaba de «la guerrilla industrial». No todas las víctimas eran metalúrgicas, pero habían participado del proceso de organización gremial que tuvo a la empresa como centro.

En 1973, una agrupación del sindicalismo combativo había ganado la comisión interna en Acindar. Al tiempo logró que se convocara a elecciones en la regional de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde arrasó la Lista Marrón. Las elecciones fueron en noviembre de 1974. La reacción llegó el 20 de marzo siguiente.

Roberto Pellegrini, jefe de División de Personal de Acindar, y Ricardo Torralvo, jefe de Contaduría, fueron personajes claves para marcar a quiénes detener y para proporcionar recursos a las fuerzas de seguridad y armadas que intervinieron. “Cumplieron el rol de represores con fervor”, los recordó Paulón en el juzgado. A ellos, el juez Marcelo Bailaque los procesó por 33 secuestros y ocho homicidios, junto con otro 29 policías y militares.

El tridente dentro de la planta de conexión con las fuerzas lo completaba Pedro Ricardo Aznárez, que era el jefe de Pellegrini. Aznares está vivo, pero, según los estudios médicos, no está en condiciones de afrontar el juicio. Lo mismo que Juan Pedro Thibaud, que integraba el directorio de Acindar. Thibaud terminó separado del proceso gracias a las maniobras de sus abogados, Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona (nieto). Ambos letrados ganaron experiencia en los juicios de lesa y en los casos de responsabilidad empresarial, en particular, cuando defendieron al directivo de Ford Pedro Müller. Aunque la suerte fue distinta: Müller terminó condenado a diez años de prisión en 2018.

El rol de la empresa

Miguel Simonovich era operario maquinista en la sección Clavos de Acindar. El 20 de marzo de 1975, estaba durmiendo en su casa con su mujer e hijos. Lo despertaron cinco hombres armados. Su sorpresa fue grande. Nadie sabía que vivía ahí, salvo Pellegrini y Aznares porque el servicio médico de la empresa le había dicho que hiciera un croquis con la ubicación de su vivienda por si tenían que ir a golpear la puerta. No fueron ellos quienes la golpearon.

El testimonio de Simonovich da cuenta de cómo los ejecutivos aportaron al plan criminal. Pero no fueron únicamente las víctimas quienes relataron cómo funcionó la coordinación entre la empresa y las fuerzas represivas. Parte del accionar de la empresa fue descripto por el ex oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Peregrino Fernández en su testimonio ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU). “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambre de púa. Los oficiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa”, dijo.

La PFA, que integraba Fernández, por ejemplo, se alojaba en un chalet que antes era habitado por personal jerárquico de la planta. Los integrantes de la PFA recibían también un plus, describió, por sus tareas vinculadas a la empresa.

En base a testimonios, legajos y documentación hasta de la propia Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el juez reconstruyó que la mayoría de las víctimas eran empleadas de las empresas Acindar o Marathon – ya sea en forma directa o tercerizada. Muchas víctimas tenían una actividad sindical intensa y alrededor de 17 trabajadores fueron secuestrados dentro de la propia planta. Además, el juez dio por probado que:

– Acindar confeccionó un listado de personas a detener;

– Cedió espacios de la planta para montar un centro clandestino;

– Dio alojamiento a los integrantes de las fuerzas militares y de seguridad;

– Abonó sobresueldos a los uniformados que también cumplieron funciones en Acindar;

– Autorizó el ingreso de grupo de tareas para detener a trabajadores;

– Habilitó la requisa de casilleros;

– Proporcionó direcciones, fotos, nombres completos y apodos para identificar a las víctimas.

La pata represiva

La represión en Villa Constitución aglutinó al Ejército, a la Policía Federal, a la policía de la provincia de Santa Fe e incluso a una guardia rural conocida como “Los Pumas”.

Como integrantes del Ejército, fueron procesados Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis Landa.  Lo mismo sucedió con quince integrantes de la Delegación Rosario de la PFA: Gustavo Mosquera, Oscar Giai, Bernardino Sambrano, Osvaldo Petroli, Juan Carlos Faccendini, Oscar Vessicchio, Emilio Marciniszyn, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Roberto Raúl Squiro, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdés, Carmen Grossoli, Ricardo Burguburu y Juan Carlos Romero.

También participaron en los secuestros los integrantes de la Dirección General de  Interior, que dependía de la Superintendencia de Seguridad Federal y se dedicaba a tareas de “cobertura” e infiltración. Entre sus ex integrantes, resultaron siete procesados: Eduardo Mugica, Jorge Argentino Coronel, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Horacio Miguel Nardi, Roberto Álvarez y Raúl Héctor Cerliani.

Dos prefectos, Carlos Albareda y Horacio Timoteo Espinosa, fueron incorporados al auto de procesamiento, así como el policía provincial Rolando Martínez. El juez también procesó a Amadeo Chamorro y a Ángel Castillo, policías santafesinos e integrantes de la guardia rural Los Pumas.

Según explica el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad – editado por FLACSO, el Ministerio de Justicia y el CELS en 2015 –, los Pumas fueron creados en 1961 para combatir el abigeato pero, en la dictadura de Juan Carlos Onganía, ya asumieron tareas represivas.

De acuerdo con el juez, la guardia rural estaba apostada al ingreso de la planta y ocupaba el albergue de solteros al interior de la fábrica. Según un cable de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), en 1976, seguían al interior de la empresa para controlar los ritmos de producción. La agencia también vinculó a dos de sus integrantes con el asesinato de un dirigente de Luz y Fuerza, Antonio Fernández, meses después del golpe.

Martínez de Hoz y Acindar.
 

Una marca

En marzo de 2017, la Unidad de Derechos Humanos de Rosario – que lidera el fiscal Adolfo Villate – había pedido 102 declaraciones indagatorias por la represión en Villa Constitución, en la que, según la fiscalía, participaron alrededor de 1000 uniformados. Todavía resta resolver varios de esos pedidos, pero el procesamiento dictado el 11 de marzo es un paso muy significativo – opina Villate.

Para él, la represión en Villa Constitución constituye un caso muy emblemático porque se trata de operativos anteriores a la dictadura, vinculados a la figura de Martínez de Hoz y en el que confluyeron distintas fuerzas represivas. “Fue un prolegómeno de lo que vendría después en la dictadura”, dice.

Para la historiadora Victoria Basualdo (CONICET-FLACSO), el caso Acindar permite pensar el nudo entre la responsabilidad empresarial y militar, sobre el cual algunos operadores judiciales habían centrado su atención durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2015, llegaron los primeros embates con Papel Prensa, La Nueva Provincia y Ledesma. Este último caso está para ser revisado por la Corte Suprema hace años, pero los supremos no tienen intención – por el momento – de desempolvar el expediente.

En 2016, fue la sentencia al empresario Marcos Levín, que después dejó sin validez la Cámara Federal de Casación. Esa avalancha negativa en el macrismo – al decir de Basualdo – encontró un dique de contención en 2018 con la sentencia por los crímenes de la Ford. Pero ese mismo año hubo una absolución para el acusado por la desaparición de un trabajador yerbatero de Las Marías, en un juicio marcado por el maltrato a los testigos.

En 2019, se registraron avances en la causa de Molinos Río La Plata, pero se dictaron faltas de mérito en el caso del ingenio La Fronterita de Tucumán, apunta Diego Morales, director de litigio del CELS, que es querellante en la causa ACINDAR.

«Arrancando 2020, tener esta novedad es sumamente trascendente para demostrar la relación de directivos de empresas con crímenes de lesa humanidad», remarca Morales.

 Fuente: el cohete