El gobierno decidió la intervención y próxima expropiación de Vicentín, empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores.
También es una garantía para 2.600 pequeños productores, que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa. Y, desde ya, es una decisión trascendente para la Argentina, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura.
El presidente anunció el envío al Congreso de una ley de expropiación del Grupo Vicentín. Todos los activos del grupo pasarán a formar parte de un fondo fiduciario, cuya gestión estará a cargo de YPF Agro. De modo que una empresa de capitales mixtos, afrontará el gerenciamiento.
El rescate de Vicentín tiene, sin dudas, enorme valor para la economía argentina y, particularmente, en un sector de especial relevancia: el mercado de granos y de cereales, un activo estratégico en nuestro mercado de exportación.
En la ley de expropiación se declarará a la empresa de utilidad pública. En este punto es vital considerar que se trata de una empresa que se dedica a la producción de alimentos, lo cual tiene importantes implicancias en materia de soberanía alimentaria.
