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Una sociedad que valora las buenas prácticas

¿Cuál es el rol de una empresa estatal en un rubro clave en cuanto a la liquidación de divisas? ¿Qué podemos esperar de una buena gestión pública? Aspectos para repensar y conductas para juzgar.

Opinión 20 de junio de 2020 Colaborador Colaborador
vicentin

En el Frente de Todos no estaba en discusión la expropiación de ninguna empresa. Hasta donde yo recuerdo, sacar a Argentina del hambre y volver a ponerla de pie, aliviando el peso de una deuda que se dejó en condiciones impagables, eran los objetivos que centraban la atención del gobierno antes de la pandemia.

Pero debiose rescatar una empresa quebrada. En Argentina, y en otros países del mundo, los grandes capitales privados fueron más de una vez salvados por el Estado, con total impudicia. Así, en 1982, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, estatizó toda la deuda que los grandes grupos privados habían contraído durante la dictadura (un monto por entonces equivalente a USD 15.000 millones). En 2002, con Cavallo saliendo como ministro de Economía, el Estado sufragó la deuda de los bancos privados con el público que implicaba la salida desastroza de la Convertibilidad. En pos de una resolución rápida de las dos mayores crisis que vivió la economía argentina, el Estado condonaba maniobras fraudulentas privadas.

En 2008 el Banco Central de Estados Unidos dejó caer a Lehman Brothers en el marco de la crisis bursátil generada por maniobras fraudulentas en el mercado de hipotecas. Lehman Brothers había sido un caso testigo de lo que podía pasarle a las grandes sociedades de bolsa que operaran sin medir riesgo alguno. Otro camino que no fuera la condonación de deuda a hipermillonarios, quizás Vicentín ya esté funcionando como caso testigo en ese sentido.

“Con una empresa pública podés hacer lo que hizo Venezuela con Sidor o lo que hizo Argentina con el INVAP, Chile con CODELCO o Corea con POSCO. Podés convertirla en una herramienta para el desarrollo de tu país o en una seguidilla de negocios turbios previos a quebrarla” escribió el economista Andrés Tavosnanska en Twitter, dando lugar a una nueva versión de la gestión pública de empresas. O a una versión que no es tan nueva si se tuviera en cuenta el caso chino, donde las grandes empresas líderes de la industria básica o la banca son estatales u operan en colaboración con firmas extranjeras, donde la práctica es dividir a las empresas estatales para que compitan entre ellas y en el caso de las extranjeras exigirles asociarse con capitales chinos para operar en el país y así construir un tejido industrial sólido, que hoy les permite ser una potencia: las pequeñas y medianas empresas chinas son privadas pero las grandes son públicas.

A mí me resulta entendible que los ciudadanos de un país defiendan su libertad para asociarse con pares y recrear actividades que les son afines. De allí a la defensa de grandes consorcios hay una distancia. Lo que ocurrió el martes pasado en la localidad de Avellaneda en Santa Fé habla de un trabajo ideológico fino o desbaratado e inescrupuloso de parte de quienes están directamente implicados en las prácticas corruptas que llevaron a la quiebra a Vicentín. Banderazos, cacerolazos, instalar una carpa frente a la entrada de la empresa, replicar los cacerolazos en CABA, obligar a interventores a abandonar la ciudad tras ruidosas protestas en la puerta del hotel donde se alojaban, amenazar a la dueña.

La tensión hubiera seguido escalando en la localidad donde “oficialismo y oposición política son del PRO” (según declara una referente del FdT: el segundo partido "vecinalista" de Reconquista fue fundado por Padoán, miembro del directorio de Vicentín) de no haber aceptado el presidente recibir a Nardelli en Olivos. Nardelli, el CEO más importante de Vicentín, era en 2018 el candidato a gobernador por Santa Fé del por entonces ministro Dietrich pero su aspiración fue frenada por Carrió que tenía otro candidato y empezó a hacer acusaciones de narcotráfico en los puertos de la empresa Vicentín.

Vicentín es o era una empresa líder en la fabricación de aceite y otros derivados de la soja, la número dos en exportaciones de este rubro con un promedio de exportaciones de USD 3.000 millones en los últimos cuatro años (nota al pie: su deuda asciende a USD 1.350 millones). Se sabe que el grupo de empresas agroexportadoras en nuestro país está altamente concentrado y extranjerizado (con cinco firmas concentrando el 55% de las ventas al extranjero, o diez dominando el 90%) de modo que la presencia de una empresa estatal en ese ambiente es esencial ante las prácticas especulativas recurrentes en torno al tipo de cambio. Se sabe, por ejemplo, que en lo que va de este año y pese a la cosecha récord de 2019 la liquidación de los agro-dólares es la menor desde el 2007, debido a que los productores adelantaron los despachos a noviembre y diciembre pasados por temor al aumento en las retenciones y que ahora retienen ventas a la espera de una devaluación en septiembre (son razones reconocidas en el último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina - CIARA).  

La humildad del ciudadano de a pie no debería respaldar estas prácticas especulativas que van en desmedro del bienestar de muchos (presionando una devaluación se acelera la dinámica inflacionaria) para acrecentar las ganancias de pocos, ganancias que a su vez son fugadas en buena medida fuera del país (y el faltante de dólares obstaculiza todo potencial desarrollo industrial).

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