La denuncia pertenece al interventor del ENARGAS, Federico Bernal, quien acusa posibles delitos relacionados con incumplimientos de los deberes de funcionario público. Además de Aranguren, está implicado Marcos Porteau.
Política10 de julio de 2020
Colaborador
Las Pymes manifiestan su respaldo a la denuncia del Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, donde denuncian a ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal. Entre ellos se denuncian a Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería (MINEM), Marcos Porteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM, y al ex Directorio del Ente.
A lo largo de 4 años nuestra entidad denunció públicamente el daño al entramado productivo pyme que la política tarifaria energética impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri y sus funcionarios de manera deliberada.
La denuncia presentada pone al descubierto cómo las empresas, con la complicidad de Aranguren, habrían aumentado artificialmente el precio de gas en dólares, para luego, no satisfechos con esto, con la gestión de Iguacel y Lopetegui y devaluación mediante, habrían reclamado una diferencia cambiaria por la devaluación del peso frente al dólar y pedir un subsidio de 24.524.000 que debemos pagar no solo los usuarios de gas, sino los Argentinos en su totalidad, aun aquellos que ni siquiera tienen el servicio.
En este sentido solicitamos la suspensión o derogación del Art. 7 del decreto 1053/18. Este decreto permitió que el Estado Nacional asuma, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período.
El Estado Nacional, asumió la deuda privada de las empresas Distribuidoras con las empresas Productoras debido a que el monto del contrato en dólares -a tipo de cambio variable-, y en lugar de cuestionar o rechazar el precio pactado por las empresas en dólares y por dos años -en contra de lo establecido por la ley 24.076-, decidió asumir esa deuda de las Distribuidoras a los proveedores en el Presupuesto Nacional.
Esto habría generado un perjuicio económico que asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes.
Fuente: La Voz 901
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