La canasta básica total, que se utiliza para delimitar la pobreza, aumentó 15,8%, por encima de la inflación, pero por debajo de lo que había crecido en enero y febrero; la canasta alimentaria, que se usa para medir indigencia, subió 13,1%
Tras la pandemia, el Gobierno busca crear 300.000 puestos de trabajo
Serán para los sectores informales. Apuntan a construcción, textiles, producción de alimentos, cuidado de personas y reciclado.
Economía20 de julio de 2020ColaboradorEl Gobierno viene trabajando en un plan de ayuda social para la pospandemia que le permita mantener la red de contención con la que viene amortiguando los efectos de los 120 días de cuarentena. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le dijo a Clarín que el programa de ayuda que se extenderá una vez que se termine el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tendrá tres ejes: planes de empleo, renta básica y urbanización de barrios populares.
"Trabajamos sobre tres ejes. Uno es extender el programa Potenciar Trabajo, otro es implementar una renta básica y el tercero es la urbanización de 4.000 barrios populares. Esa es la política social pospandemia".
“Potenciar Trabajo” es producto de la conversión de los planes sociales que ya existían en el ministerio y abarca a 580.000 personas que cobran $ 8.438, un monto equivalente a la mitad del salario mínimo. A cambio tienen que cumplir con una contraprestación de cuatro horas diarias, que puede darse a través del trabajo en un emprendimiento comunitario o la asistencia a cursos de capacitación.
"A Potenciar Trabajo se destinan $ 20.000 millones. El objetivo es crear dentro de este programa 300.000 empleos en esta primera etapa de la salida de la pospandemia", sostuvo Arroyo.
El plan apunta a repartir estos 300.000 puestos de trabajo en cinco sectores que son de mano de obra intensiva: construcción, producción de alimentos, textil, cuidado de personas y reciclado. En este esquema también participará el sector privado que pagará la parte complementaria hasta llegar a los $ 16.875 del salario básico para las personas que cumplan con una jornada laboral del 8 horas. También podrá integrarse el sector público a través de provincias y municipios que empleen a estas personas bajo esas mismas condiciones.
Prevé un ingreso protegido al empleo: los titulares que entren en el mercado formal de empleo, y sus ingresos superen el salario mínimo, vital y móvil, permanecerán en el programa durante el primer año de la relación laboral.
"En algunas provincias en las que la cuarentena está más flexibilizada ya pusimos este plan en marcha", detalló Arroyo. "Se genera una unidad de gestión en cada provincia. Ya lo tenemos organizado en 15 provincias a las que les transferimos fondos para que financien proyectos en estos cinco sectores productivos". Además se destinarán subsidios y créditos no bancarios a tasas bajas para la compra de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital.
El otro eje clave del proyecto es el de la renta básica, un tema del que los funcionarios vienen hablando desde hace varias semanas y que podría empalmar con el fin del IFE. La tercera tanda de este bono de $ 10.000 se pagará durante agosto y según anticipó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, será la última.
"Todavía no hay una definición sobre el programa de renta básica. Forma parte de un debate amplio que hay que dar en Argentina. Sabemos que tras la pandemia habrá una parte importante de la gente que se quedará sin ingresos", señaló Arroyo. Esta renta básica tendrá un alcance más acotado que el IFE. Por lo que trascendió llegará a un tercio de las 9 millones de personas que hoy están cobrando ese bono. "Está claro que hay que sostener en la práctica los ingresos de una parte de las personas más vulnerables de la población".
"Todo hay que evaluarlo en la medida en que se vaya abriendo la economía. Es un debate que hay que dar; estamos permanentemente analizando la situación. Hay que evaluar el impacto fiscal. Pero está claro que la renta básica significa también más consumo", apuntó el ministro.
En el tercer punto es la urbanización de los barrio vulnerables. Se trata de un proyecto de ley que se aprobó hace dos años. "Es una política para desarrollar a lo largo de 10 años. Ya en la gestión anterior se conformó un fideicomiso y desde esa base hay que consolidar más recursos". Lo que se busca es llevar asfalto, agua y cañerías a 4.000 barrios a través de obras de baja escala en las que se genere empleo en la comunidad.
"Hasta hoy el ministerio es 90% política alimentaria y 10% políticas de trabajo, Con la pandemia pasamos de dar asistencia alimentaria a 8 millones de personas a asistir a 11 millones. Espero que a fin de año sea 50% y 50%, y que el año que viene del eje central esté dado en el trabajo", remarcó. "Para salir de esto necesitamos cambios estructurales profundos. La caída social es muy grande. Por eso aspiro a que los tres pilares -empleo, renta básica y urbanización- sean políticas de estado"
Fuente: Clarín
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