FinCEN: La investigación que expone documentos y deja al descubierto las maniobras ilícitas de los bancos

Por primera vez, una filtración revela a escala global cómo bancos de todo el mundo movieron millones de dólares, sorteando la débil regulación de un sistema financiero que frecuentemente levanta alertas, pero poco hace para evitar el lavado de dinero a nivel mundial. Se trata de un flujo de dinero de origen sospechoso, o incluso delictivo, con participación de políticos y empresarios, pese a las regulaciones para prevenir el lavado de dinero.

FinCEN Files es una investigación periodística de más de un año de duración, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a partir de cientos de documentos secretos obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con 108 medios asociados, entre ellos Infobae, La Nación y Perfil, de Argentina.

Más de 400 periodistas de casi 90 países analizaron durante más de un año más de 2.100 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS o SAR, en inglés, por Suspicious Activity Report). Se trata de informes secretos enviados por bancos con sede en Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, por su acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros). Son estrictamente confidenciales, al punto que los bancos no pueden confirmar públicamente su existencia.

Estos documentos secretos fueron elaborados por la FinCEN en respuesta a media docena de solicitudes de comités del Congreso de Estados Unidos, que estaban investigando la interferencia rusa en las elecciones de ese país, mientras que otros se recopilaron a raíz de las solicitudes de las agencias policiales norteamericanas.

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El monto total de las transacciones de los SAR de la filtración supera los USD 2 billones (trillones en el sistema anglosajón) y el período analizado va de 1999 a 2017, aunque el 98% de los reportes fueron entregados a la FinCEN entre 2011 y 2017. Si bien son un universo acotado - el año pasado la FinCEN recibió más de 2 millones de SARs - constituyen un conjunto valioso por cómo se generó esta muestra.

Los periodistas tuvieron acceso, además, a cientos de hojas de cálculo, que involucran a instituciones financieras con clientes señalados en más de 170 países, y a 17.600 registros adicionales, ligados a instituciones financieras y obtenidos a través de solicitudes de información. En total, son 20.298 documentos, de los cuales 14.413 son correos electrónicos, 2.928 son PDFs -algunos de más de 1.000 páginas-, y el resto son documentos en distintos formatos como hojas de cálculo, texto e imágenes. La investigación abarcó otras múltiples fuentes oficiales y decenas de entrevistas a expertos e involucrados durante el proceso de investigación.

Argentina aparece citada en 237 de los 2.100 SAR, con mayor y menor grado de relevancia en los distintos documentos, con operaciones que alcanzan casi USD 50.000 millones, detectadas como sospechosas por bancos que tienen acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos para compensar el flujo de dólares entre ellos.

Sociedades, empresarios, figuras del fútbol y del espectáculo, acusados de presuntos sobornos y corrupción, financieras que operan a la luz del día en la city porteña aparecen vinculados a estas alertas de transacciones sospechosas, que Infobae irá revelando a partir de hoy y en días sucesivos. Este domingo, se publican los casos de la agroexportadora Vicentin y del prófugo norteamericano, Sean Sullivan, que ayudó a lavar dinero del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Los registros analizados por los más de 400 periodistas de 88 países revelan secretos financieros de una colección heterogénea de políticos enjuiciados o involucrados en delitos financieros. Uno de ellos es el ex vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, condenado por sobornar a testigos durante el proceso legal al que fue sometido por conducir a soldados a una ola de violaciones y saqueos. También aparece Samark López Bello, a quien las autoridades norteamericanas identifican como “líder principal” de Tareck El Aissami, el ministro de Petróleo y vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, acusado por Estados Unidos de presunto narcotraficante. Los documentos revelan operatorias de un ex ministro de energía de Kazajstán; de la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos, a quien los fiscales angoleños han acusado de fraude y lavado de dinero en un intento por recuperar alrededor de USD 1.100 millones; y del asesor presidencial de Ucrania, Andriy Klyuyev, sancionado por la Unión Europea por presuntamente saquear fondos estatales, entre otros.

Alertas tardíos

Los SAR se confeccionan cuando los bancos globales - aquellos que tienen acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos para compensar el flujos de dólares entre ellos-, o los que actúan como sus bancos “corresponsales” - observan una transacción de dinero potencialmente sospechosa que pasa por ese país. Bajo la ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras están obligadas a ayudar a los organismos oficiales norteamericanos a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero, así como también informar a la FinCEN sobre movimientos que puedan indicar una actividad irregular o presuntamente delictiva.

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Los SARs reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero sí pueden potencialmente implicar delitos financieros, que involucran a clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” o que estuvieron bajo investigación judicial, o con comentarios “negativos” en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades. En ese sentido, funcionan como una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

Pero la investigación muestra cómo las instituciones bancarias importantes, incluidos HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Barclays, fracasaron en numerosas oportunidades en frenar flujos de dinero ilícito alrededor del mundo.

Y si bien los bancos de Estados Unidos están autorizados a tomar medidas para detener operaciones sospechosas detectadas por sus sistemas, suelen optar por enviar un reporte sospechoso o SAR a la FinCEN en el Departamento del Tesoro, una vez realizada la operación. Así, buscan cumplir con la normativa y evitar sanciones, a la vez que no interfieren en el movimiento global de dinero sucio.

Un análisis de ICIJ encontró que los bancos que aparecen en FinCEN Files procesaban regularmente transacciones con compañías registradas en paraísos fiscales, sin conocer al dueño final de la cuenta. Al menos el 20% de los informes contenían un cliente con una dirección en uno de los principales paraísos financieros del mundo, las Islas Vírgenes Británicas, mientras que muchos otros proporcionaron direcciones en el Reino Unido, los Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza.

En la mitad de los reportes, los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes intervinientes en una operación, y no tenían información sobre una o más entidades detrás de las transacciones.

Por ejemplo, la investigación detectó que se reportaron más de USD 4.800 millones entre 2009 y 2017 en transacciones sospechosas con vínculos con Venezuela. Casi el 70% de ese monto tenía como partido a una entidad del gobierno de ese país, como el Ministerio de Hacienda o la petrolera estatal.

Los bancos podrían servir como un cuello de botella, cortando el flujo de dinero ilícito en todo el mundo, o al menos, los giros a empresas pantalla anónimas. Pero los archivos de FinCEN sirven para mostrar cómo los bancos encargados de detener la actividad sospechosa realmente se benefician enormemente de ella. Los incentivos financieros de las entidades apuntan a mantener en movimiento ese dinero sucio.

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Incluso cuando presentan un SAR que por sí solo no detiene las transacciones de dinero-, a menudo no lo hacen hasta mucho después de que el dinero se haya agotado. Al analizar los documentos, ICIJ encontró que los bancos esperaron una media de 166 días, más de cinco meses, después de detectar una transacción sospechosa para alertar a FinCEN.

El descargo de los bancos

Grandes bancos consultados por ICIJ negaron las irregularidades sistemáticas y sostuvieron que están trabajando para mejorar sus programas para prevenir el lavado de dinero y detectar a los clientes involucrados en actividades delictivas.

“A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir el crimen financiero”, dijo Heidi Ashley, vocero del banco. “HSBC es una institución mucho más segura de lo que era en 2012.”

El vocero del Standard Chartered dijo que las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido habían reconocido públicamente que el Grupo había experimentado “una transformación integral y positiva en los últimos años”. Y agregaron: “En 2019 monitoreamos más de 1.200 millones de transacciones para detectar posibles actividades sospechosas y examinamos más de 157 millones de transacciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de sanciones aplicables. La realidad del sistema financiero global es que siempre habrá intentos de lavar dinero y evadir sanciones; la responsabilidad de los bancos es construir sistemas de control y monitoreo efectivos y trabajamos en estrecha colaboración con los reguladores y las fuerzas del orden para llevar a los perpetradores ante la Justicia”.

Del otro lado del mostrador, periodistas del Consorcio descubrieron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprueba acuerdos laxos que difieren el enjuiciamiento de los bancos y no avanzan en la acusación de los ejecutivos responsables. Así, junto a otra autoridades gubernamentales, perpetúan el status quo al imponer multas por no prevenir acabadamente lavado de dinero, que terminan siendo una fracción de las ganancias obtenidas.

El impacto social

“No solamente los delincuentes son los que blanquean el dinero. Los bancos tienen un papel muy importante que desempeñar, porque son el sistema mediante el cual ese dinero se mueve desde un país a otro más agradable y seguro”, sostuvo Graham Barrow, experto en blanqueo de dinero, consultado por ICIJ.

En su opinión, este es un problema enorme y todos, en última instancia, pagamos el precio por esto. “Porque este dinero proviene de nuestros impuestos y nuestras contribuciones a la sociedad cuando debería gastarse en proporcionarnos buenas carreteras, buenos transportes, buenas escuelas y un buen servicio de salud. Necesitamos, como sociedad, hacer algo al respecto”, enfatizó.

En este sentido, este trabajo de periodismo colaborativo transnacional pudo rastrear el rol jugado por los bancos en ocultar el dinero desviado de fondos públicos, de estafas a jubilados, o generado a través de la venta de drogas, la extracción ilegal de oro y otras actividades ilegales.

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FinCEN Files también muestra cómo esa operatoria bancaria impacta en la vida de muchos ciudadanos, víctimas de la evasión de impuestos que priva a los estados de atender necesidades de los que más necesitan, y expone cómo estafadores Ponzi trasladan las ganancias más allá del alcance de las autoridades, y funcionarios y empresarios corruptos engrosan fortunas mal habidas y consolidan su poder.

Will Fitzgibbon, miembro de ICIJ, detalló las consecuencias del consumo del fentanilo (un narcótico sintético opioide utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia), y descubrió que se necesitaba una red de traficantes que se remontara a China, confiando en el fácil movimiento de dinero sucio a través de instituciones financieras, para entregar opioides a las zonas rurales de Carolina del Norte y Estados Unidos. En la familia de Joe Williams, de 31 años, nadie sabía qué lo había matado. No tenían ni idea de que era uno de los primeros de decenas de miles de estadounidenses que caerían víctimas del narcótico más letal del mundo.

Para que los opioides diseñados en laboratorio llegaran hasta esa zona rural de Carolina del Norte y el resto de los Estados Unidos, fue necesaria una red de traficantes que puede ser rastreada hasta China y que puede operar gracias a la fácil circulación de dinero sucio a través de bancos conocidas en todo el mundo.

En el corazón de estas historias hay personas reales heridas de manera real: familias que han perdido ahorros debido a esquemas financieros depredadores, atletas olímpicos defraudados de sus victorias por funcionarios corruptos y padres que lloran a hijos e hijas caídos en la batalla.

“Es posible que la gente no esté al tanto de problemas como el lavado de dinero y las empresas offshore, pero sienten los efectos todos los días porque estos son los que hacen que los delitos a gran escala paguen, desde los opioides hasta el tráfico de armas y el robo de beneficios de desempleo relacionados con el Covid-19”, advirtió Jodi Vittori, experta en corrupción del Carnegie Endowment for International Peace.

Qué dijo la FinCEN sobre la filtración

En un comunicado de prensa emitido el 1º de septiembre pasado, la FinCEN reconoció estar al tanto de que varios medios de comunicación tenían la intención de publicar una serie de artículos basados en informes secretos de actividades sospechosas, y advirtió que “la divulgación no autorizada de SAR es un delito que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Una ex funcionaria de la FINCEN, Natalie Mayflower Sours Edwards, fue acusada en 2018 por conspirar para divulgar ilegalmente documentos sobre actividades sospechosas a BuzzFeed News. Edwards se declaró culpable y la condena se conocerá el mes próximo. El medio no dio detalles sobre su fuente en esta filtración.

La FinCEN dijo a BuzzFeed News y a ICIJ en una carta de respuesta a un cuestionario enviado, que no comenta sobre “la existencia o no existencia de SARs específicos, ya que podría entrar en conflicto con importantes protecciones legales de confidencialidad”.

Pocos días antes de la publicación de la investigación FinCEN Files, la agencia anunció que avanzará en una serie de iniciativas de recepción de sugerencias para una revisión colectiva del marco regulatorio de la ley de Secreto Bancario, con el objetivo de “modernizar el régimen regulatorio para abordar las amenazas cambiantes del financiamiento ilícito” y mejorar la “efectividad y eficiencia de los programas contra el lavado de dinero”.

Matt Lloyd, vocero de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, le dijo a ICIJ: “El Departamento de Justicia mantiene su trabajo y mantiene su compromiso de investigar y enjuiciar agresivamente los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, dondequiera que los encontremos”.

Entre los medios del mundo que forman parte de la alianza para esta investigación, además de BuzzFeed News que obtuvo la filtración, figuran Le Monde de Francia, BBC del Reino Unido, L’Espresso de Italia, NBC de Estados Unidos, El Confidencial y La Sexta de España, Financieele Dagblad de los Países Bajos, Süddeutsche Zeitung de Alemania, Australian Broadcasting Corporation de Australia, Tamedia de Suiza; Revista Piauí, Época y Poder 360 de Brasil, Quinto Elemento Lab y la Revista Proceso de México, El Espectador de Colombia, ABC Color de Paraguay, Convoca de Perú, Armando Info de Venezuela, Búsqueda de Uruguay, y entre otros. Por Argentina, participan Infobae, La Nación y Perfil.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

Fuente: infobae