El lobby jurídico busca judicializar el aporte extraordinario pero no atrae a empresarios

"Hastío" es el sustantivo más repetido entre los referentes del sector privado cuando se les pregunta por el impuesto a la riqueza. Cansados de sentir que siempre "se caza en el zoológico", de una decena de empresarios consultados por LA NACION (y que prefirieron reservar su identidad), la mitad considera ir a la Justicia a debatir si hay confiscatoriedad o no. El número coincide con el diagnóstico de tributaristas del establishment local: la mitad (o más) de sus clientes tiene la idea de recurrir a los tribunales.

"El humor es pésimo. Es un impuesto que recae sobre las empresas de capitales nacionales, y sobre todo sobre las que más invirtieron", se justificaba un empresario industrial a la hora de explicar por qué ya tiene la decisión tomada de recurrir a los tribunales para discutir el gravamen. "Nos están desplumando y hay argumentos técnicos de sobra", sumaba otro colega del rubro.

A la hora de estimar el universo alcanzado, un empresario hacía cuentas en diálogo con este medio: a su juicio, la AFIP subestimó la cantidad de personas que deberán pagar el gravamen (unas 9300). Sin embargo, el riesgo de judicializar esta imposición si el "zoológico" es acotado es la posibilidad de "sufrir consecuencias", admitía. Lo mismo dicen los tributaristas: no hay que descartar la idea de que varios empresarios que en off the record hablen de salir con uñas y dientes a defender su patrimonio luego "se achiquen" cuando vean que no son muchos los que lo van a hacer y que, además, la demanda será pública y, por ende, quedarán identificados.

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El malestar es generalizado. En los chats grupales de empresarios circulan y se celebran columnas de opinión en contra del gravamen. Hay un grupo que respira aliviado: los que ya cambiaron su residencia fiscal, descartados en el dictamen que se conoció el viernes por la tarde. Pero, mientras tanto, la mayoría de los referentes consultados por LA NACION siente que el debate por este impuesto fue "ideologizado" y que los estigmatizaron. "No estamos todos fumando habanos al borde de una pileta", es la imagen que eligió uno de los alcanzados por el impuesto.

La sensación es, además, que los que más invirtieron para generar mayor dinamismo en sus compañías son los que se llevan la peor parte. En este punto están los que se dedican a la producción: creen que son los más perjudicados porque tienen mucho patrimonio "hundido" en máquinas.

Un puñado de empresarios apela a seguir buscando morigerar, a través de consensos, algunos de los puntos más polémicos de la norma, especialmente cuando la ley pase por el Poder Ejecutivo para su reglamentación. Aseguran que todavía hay oportunidades para debatir, pero también hacen un mea culpa: faltó comunicación estratégica antes de que el proyecto avanzara en el Congreso.

Del otro lado está el grupo de los escépticos. Lo vieron con la Ley de Teletrabajo: hubo una promesa de "morigerar" los potenciales daños de la norma que todavía no se puede terminar de cumplir. Consideran que es difícil que el Ejecutivo vaya en contra del espíritu de la norma, y es por eso que hoy ven como única alternativa ir por la vía judicial. Varios admitían que ya comenzaron a consultar a abogados y tributaristas para conocer las opciones que tienen.

Los tributaristas ya no tienen del todo claro si se podrá apelar a la Justicia tan fácilmente. Sucede que la retroactividad que implicaba la valuación de los activos al 31 de diciembre de 2019 ya se descartó en el dictamen al que arribó la comisión. Con eso, uno de los argumentos más fuertes se perdió. Es otra de las razones que daban los empresarios que descartaban ir a los tribunales.

"Hoy tenemos algunas dudas sobre si los jueces van a darnos medidas cautelares a favor. Cuando lo vayas a discutir en la Justicia, ya vas a haber pagado el impuesto. Y, aunque te den la razón, vas a obtener la devaluación del tributo pagado ahora dentro de cinco años ajustado por no sabemos qué índice", resume Miguel La Vista, tributarista del estudio La Vista Casal.

Para obtener una medida cautelar previa al pago del gravamen, se tendría que demostrar un daño al patrimonio grave. Resta ver la postura de los jueces, pero debería ser más fácil en la base de la pirámide del universo de personas alcanzado por el impuesto a la riqueza, dice el tributarista. "Lo estamos viendo difícil -admite-. Ahora solo estamos rogando que esto sea un aporte por única vez".

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Por otro lado, César Litvin, de Lisicki Litvin & Asociados, uno de los tributaristas que trabaja más cerca de los grandes empresarios del país, asegura que todavía sigue teniendo muchas consultas para evitar pagar el gravamen. "Sigue habiendo argumentos para judicializar, como la confiscatoriedad del impuesto: es difícil que las rentas de los activos que se gravan lleguen a cubrir el impuesto, por lo que se estaría afectando a la propiedad privada", señala el especialista.

Por su parte, Guillermo Pérez, socio principal de Grupo GNP, asegura que "un 80% de los empresarios" está pensando en acudir a los tribunales y que ya tiene clientes (y no clientes) que avanzaron en solicitar presupuestos. El tributarista les explica sus argumentos a favor y en contra del juicio: por un lado, se puede ganar; pero por el otro, si se pierde, habrá que pagar el impuesto, intereses resarcitorios y probablemente una multa. "Todo depende de si los tribunales fallan con argumentos técnicos o políticos", apunta.

Comparte su diagnóstico Ezequiel Passarelli, de SCI Consultores, quien asegura que no terminarán siendo muchas personas los que paguen el impuesto a la riqueza. "Es más negocio no pagarlo y discutirlo, porque hay muchos puntos polémicos, como la inclusión de un análisis que puede realizar AFIP para determinar si los sujetos alcanzados por el impuesto realizaron operaciones para eludir el pago del tributo en los 180 días anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que puede afectar a quienes hayan hecho donaciones", señala. Las consultas siguen "a full", afirma, y proyecta que será difícil que algunos elijan no discutirlo.

Fuente: La Nación