Por primera vez, el juez Martínez De Giorgi citó a indagatorias por coimas en contratos de la firma brasileña a 49 empresarios. Hay inquietud en la cámara de la construcción.
Nacional - Poder Judicial23 de abril de 2018
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La causa sobre supuesta corrupción en la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento se convirtió en la primera vinculada con la constructora brasileña Odebrecht por la que ex funcionarios y empresarios de la construcción fueron citados a declarar bajo sospechas de pagar sobornos. Hasta ahora, los otros expedientes analizaron las negociaciones incompatibles de los subordinados a Néstor y Cristina Kirchner. Pese a la falta de colaboración de Brasil y de varios exhortos que aún no fueron respondidos, la justicia federal avanza en los expedientes, aunque sin la celeridad pretendida.
En Estados Unidos el gigante brasileño firmó la delación premiada, y su principal directivo -Marcelo Odebrecht- admitió que se transfirieron a Argentina más de U$S 35 millones por coimas entre 2007 y 2014. Esos pagos habrían llegado “a intermediarios” que después derivaban los fondos a funcionarios. Todo estuvo vinculado a tres grandes proyectos de infraestructura “en los que Odebrecht tuvo beneficios por 278 millones de dólares”.
La justicia argentina investiga esas tres obras. “La pata local es tan importante como la admisión del pago de sobornos por parte de la firma brasileña”, señalaron fuentes judiciales , que buscan determinar es si el dinero ilícito “se vehiculizó por intermedio de empresas nacionales con la participación de funcionarios”.
Los jueces y fiscales siguen la ruta de los fondos: se quiere descubrir a quiénes se les realizó el pago inicial y a qué funcionarios iban dirigidos. En Estados Unidos, para admitir una declaración como la de Odebrecht es condición entregar los documentos que la confirmen.
El año pasado, en una reunión en Washington, los jueces Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos y Marcelo Martínez De Giorgi tuvieron acceso a los archivos electrónicos referidos a la confesión de Odebrecht, donde hay detalles de las coimas que se pagaron en Argentina.
Con esa información -que sólo pudieron ver-,los jueces ordenaron nuevas medidas de prueba y redactaron exhortos con datos más específicos relacionados a la empresa. “Varios de esos exhortos aún no se respondieron, y otra información a la que se accedió a través de la Cancillería fue remitida a los jueces”, indicaron fuentes del Gobierno a este medio.
En la causa en la que Casanello investiga los contratos de la empresa estatal AySA para hacer dos plantas -una en Tigre para potabilizar agua por $2.200 millones, y la otra en Berazategui para tratar líquidos cloacales, por $482 millones-, se espera la respuesta a algunos exhortos. La parte de los sobornos está delegada en el fiscal Federico Delgado.
El juez Martínez De Giorgi, que citó a indagatoria a ex funcionarios como Julio De Vido y Ricardo Jaime y empresarios como Ángelo Calcaterra, tiene en sus manos una segunda causa, por los presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la ampliación de los gasoductos. Respecto a esa misma obra, el juez Rafecas procesó recientemente al ex ministro de Planificación por el supuesto direccionamiento de la licitación para favorecer a la firma brasileña.
Martínez de Giorgi, que acaba de citar a 49 indagatorias, espera recibir cierta información a través de la Cancillería. ¿Cuál es la principal traba en el intercambio de documentación? Que para entregar las confesiones de Odebrecht la justicia brasileña exige no avanzar penalmente contra sus ejecutivos. Los jueces y el Gobierno entienden que no hay “marco jurídico para acceder a tal pedido”, y decidieron avanzar “en la pata local, con el rol de los empresarios locales”.
Al cimbronazo generado en el mundo empresarial de la construcción por las indagatorias de Martínez De Giorgi, podría sumarse otra noticia fuerte: el juez Casanello debe decidir la decisión procesal en la causa AySA de los empresarios Benito Roggio, Carlos Wagner y José Cartellone, entre otras.
La lista de los 49 citados a declaración indagatoria por parte del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el escándalo "Odebrecht" por el soterramiento del tren Sarmiento incluye a ex funcionarios, empresarios e intermediarios. Por el lado de los ex funcionarios públicos fueron citados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; su segundo Roberto Baratta; y el ex secretario de Obra Pública José López. También están los ex integrantes del Ministerio de Planificación Pablo Emilio Campi, director general de Asuntos Jurídicos; Rafael Enrique Llorens, subsecretario Legal; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Manuel Vázquez y Julio Tito Montaña.
En la lista figuran Carlos Guillermo Astudillo, Emilio Javier Alzaga y Nelson Ariel Lucentini, representantes de la Secretaría de Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación conformado para la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento; y Hugo Marcelo Vallone, representante de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en el Comité. Martínez de Giorgi además incluyó a Hugo Martínez, representante de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en el Comité de Evaluación; Graciela Cavazza, directora de Planificación de Transporte Ferroviario; Pedro Ochoa Romero, interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Horacio Faggiani, representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación; y Carlos Retuerto Castaño, representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación. Fernando Cortes, gerente de Concesiones Ferroviarias; Osvaldo Biset, subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación; Yolanda Eggink, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; Valeria Pomodoro, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; y Enrique María Filgueira, subsecretario Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, también fueron citados.
Por IECSA: Angelo Antonio Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Pablo Guillermo Previde, Manuel España, Javier Sánchez Caballero, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, y Alejandra María Kademian. Por Odebrecht: Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Flavio Bento da Faria, Alenxandre Assaf Abo Assali, Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luiz Antonio Mameri, Marcelo Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Da Silva y Ricardo Vieira.
Por COMSA S.A: Héctor Ramón Castro y Juan José Rampoldi; y por Ghella S.A:Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Ricardo Dina, y Mario Cenciarini. Por CAESA S.A. Ignacio Soba Rojo; y como supuesto intermediario el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez.
Fuente: Clarin / Perfil
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