La medida, dispuesta por el Decreto 66/2021 y publicada este sábado en el Boletín Oficial, alcanza a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.
El Gobierno había decidido en septiembre poner en marcha la prórroga hasta el 31 de enero en el marco de la emergencia pública, por lo que ahora el beneficio se extendió por otros dos meses.
Además de suspender los desalojos y extender el congelamiento de alquileres, el documento estableció la prórroga del plazo de vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021.
El decreto indicó que "la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia".
Sostuvo que la emergencia sanitaria "con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país".
"Muchos trabajadores y muchas trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y pequeñas y medianas empresarias han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica", consideró.
Aclaró que "si bien se observa una recuperación de la actividad económica, la misma evidencia heterogeneidad sectorial y territorial, continuando el impacto negativo y no deseado de la pandemia de COVID-19 sobre las familias y empresas".
La continuidad del beneficio constituyó un reclamo por parte de sectores como Inquilinos Agrupados, que advirtió sobre una compleja situación para el sector que representa.
fuente: ambito
