La UIA cuestiona las modificaciones a la ley de Defensa de la Competencia

Los industriales argentinos están preocupados por lo que consideran falta de estímulo a las inversiones. Además de advertir que las empresas soportan una alta presión fiscal sostienen que la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia que introdujo el Senado hace unos días no ayuda para nuevos proyectos. Por ese motivo, se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
 
El tema del encuentro fue hablar sobre la agenda parlamentaria del 2021 y los industriales transmitieron al titular de la Cámara baja la necesidad del sector de contar con incentivos a las inversiones. A la reunión asistieron el vicepresidente de la entidad Daniel Funes de Rioja, el secretario, David Uriburu; la presidenta del Departamento de Legislación, Carolina Castro y Diego Coatz, director ejecutivo. Massa estuvo acompañado por el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren.

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Allí plantearon su desacuerdo con la iniciativa aprobada por los senadores que amplía el abanico de situaciones que se pueden considerar como concentración de empresas y define que la Autoridad de Defensa de la Competencia pase a ser una dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Queremos establecer una instancia de diálogo con los Diputados”, señaló uno de los asistentes a la reunión, quien lamentó que el año pasado se aprobaron leyes sobre las cuales no se los consultó. Massa se mostró dispuesto este año a trabajar en conjunto, indicaron.

Desde la UIA se informó oficialmente que se habló sobre la “competitividad, sistema tributario, desarrollo regional y federal e incentivos para la inversión privada”. En ese último capítulo de inversiones, la central empresaria entregó un informe técnico donde se describe la situación del sector durante la pandemia y donde se sugieren entre otras medidas una norma que ya ha existido anteriormente: la denominada amortización acelerada.

El incentivo le permite a la empresa descontar la pérdida de valor por el uso que va a tener un activo nuevo en 10 años en uno o dos períodos fiscales. El efecto de ello es que paga menos Impuesto a las Ganancias.

En la actualidad rige un sistema de amortización acelerada para micro y pequeñas empresas cumplidoras ante la AFIP, es decir, para aquellas que a pesar de la pandemia no se atrasaron con el pago de los impuestos. Las empresas tienen que estar en el registro de pymes del Ministerio de Desarrollo Productivo y anotar inversiones en bienes de capital o infraestructura previstas para el 2021.

Por otro lado, la UIA también le expresó a Massa su desacuerdo por el proyecto de Ley presentado en la Cámara alta para conceder licencias por paternidad, equiparando con la situación de las mujeres. Para las empresas esa medida implica un aumento de costos y un desincentivo a la contratación de mano de obra. En rigor, los industriales están yendo por la vía positiva. Básicamente es morigerar sus efectos. Que una posible implementación sea gradual o que haya apoyo de organismos de la seguridad social.

Por otro lado, los empresarios le pidieron al presidente de la Cámara que “todas las iniciativas se articulen desde una mirada integral y de largo plazo que promueva la inversión productiva”. La entidad indicó que “se destacó en el rol protagónico de todos los sectores y las regiones” durante la pandemia.

“Si uno mira los países de la OCDE todos tienen algún esquema de incentivo a las inversiones. En Argentina hay para algunos sectores específicos”, dijo uno de los dirigentes quien planteó que “si hubiera un paquete de financiamiento con el BICE y leyes como la de amortización sería un combo muy interesante en un año en que la industria está dando señales de recuperación”.

Fuente: Ámbito