El zigzagueante hilo rojo que une a Alberto, a Larreta, al terrorismo de estado, a el monopolio del acero y a los juicios a los genocidas

Una siderúrgica menos

Esta semana comenzó el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos por un grupo de tareas militar-empresarial entre 1977 y 1979 que se circunscribe al campo clandestino que funcionó en la cárcel de encausados de la guarnición militar de Campo de Mayo y el caso central que se trata es el secuestro de un grupo de empresarios del Banco de Hurlingham y de Industrias Siderúrgicas Grassi. El abogado que representó a René Grassi fue Alberto Ángel Fernández. Por esa tarea suya, a la que recién renunció cuando fue elegido Presidente, nos conocimos en la sala de audiencias del juicio contra las Juntas Militares, en 1985. La denominada lucha contra la subversión era un pretexto para la búsqueda del botín, que el grupo de tareas procuraba saquear, pero también para la consecución de logros más sofisticados. Industrias Siderúrgicas Grassi era la tercera empresa mundial en el mercado de ferroaleaciones y la principal competidora de Acíndar, cuyo presidente fue José Alfredo Martínez de Hoz, hasta el golpe de marzo de 1976, y el general doctrinario de la guerra contrarrevolucionaria Alcides López Aufranc a partir de entonces.

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Martínez de Hoz designó a otro ejecutivo de Acíndar, Juan Alfredo Etchebarne, al frente de la Comisión Nacional de Valores, y le asignó la misión de desbaratar Industrias Siderúrgicas Grassi. El 31 de agosto de 1977, Etchebarne querelló ante el juez Rafael Sarmiento a los Grassi y a sus socios en la adquisición del Banco de Hurlingham, Juan y Marcelo Chavanne. Pero no fue una tarea de escritorio. A los pocos días comenzaron a ser secuestrados todos sus directivos, pasaron maniatados por el Regimiento de Granaderos a Caballo que San Martín cubrió de gloria y luego fueron depositados en celdas de 1,80 x 0,80 en Campo de Mayo, a oscuras y sin comer. Entre asado y asado, el juez Sarmiento protocolizaba las actuaciones brutales del Cuerpo I, a cuya disposición estaban las víctimas, figura jurídica que ni los escribas de la dictadura se animaron a codificar.

Una vez que los empresarios fueron secuestrados por Guglielminetti y conducidos a Campo de Mayo, Etchebarne condujo los interrogatorios en el campo clandestino de concentración, mientras policías, gendarmes y militares los picaneaban. La esposa de Marcelo Chavanne, Sara Duggan, embarazada de varios meses, fue sometida a violencia sexual durante su cautiverio. Lloró en la audiencia al narrarlo, ocho años después. «Hay cosas horribles que preferiría olvidar». También torturaron al abogado Raúl Aguirre Saravia, quien no lo denunció porque dijo que su clientela patronal no le daría trabajo a un penalista al que se llevaron preso. Otro de quienes expusieron fue el general retirado Manuel Laprida, uno de los coroneles azules de 1962, que al año siguiente participó en el derrocamiento de Arturo Illia para entregar el mando al general Juan Carlos Onganía. Cuando Laprida intercedió por su yerno, Isidoro de Carabassa, que fue uno de los secuestrados, su antiguo subordinado el general Roberto Viola le dijo que no podía hacer nada mi general, porque Suárez Mason intentaba con ese caso voltear a Jorge Videla. Mientras se escuchaban los testimonios, los defensores de los ex comandantes se miraban, nerviosos. Con esos testigos se identificaban. “Me pudo pasar a mí. Estos no eran guerrilleros”, decían sus ceños fruncidos.  Industrias Siderúrgicas Grassi desapareció del mercado, para que Acindar reinara sin competencia.

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