Quienes no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario serán sometidos a un proceso de "fiscalizaciones integrales" por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), advirtió la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont.
Economía - AFIP04 de mayo de 2021
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Quienes no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario serán sometidos a un proceso de "fiscalizaciones integrales" por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), advirtió la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont.
"Ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte", señaló Marcó del Pont en declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam, y calculó que serán notificados alrededor del 20% de los contribuyentes alcanzados por la nueva ley.
Estos procedimientos se canalizan a través de la DGI (Dirección General Impositiva), analizando el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días, durante los cuales se puede solicitar información detallada a los presuntos evasores.
De todas formas, la funcionaria se mostró satisfecha con el resultado preliminar del pago del Aporte Extraordinario: "La mayoría de los contribuyentes alcanzados asumió su compromiso y cumplió. Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $ 200 millones ya pagaron", detalló. En este sentido, subrayó que "es una muy buena noticia, son fondos con destino específico que asistirán en la pandemia".
Por otra parte, Marcó del Pont precisó que “$130.000 millones, es decir el 58% de los fondos totales, ingresarán a través del Plan de Facilidades de Pago. Tomamos una buena decisión al ofrecer ese mecanismo que facilitó la cobrabilidad”, señaló Marcó del Pont. La AFIP ofreció a los contribuyentes alcanzados la posibilidad de pagar un anticipo del 20% y luego financiar el saldo restante en hasta 5 cuotas.
Los restantes $93.000 millones, es decir el 42% de todos los recursos generados por el Aporte, ya fueron ingresados por los contribuyentes alcanzados. "Los resultados son preliminares porque existe un grupo de contribuyentes con patrimonios superiores a $ 200 millones que no cumplió con sus obligaciones o inició acciones legales para no pagar", añadió la titular de la AFIP.
La funcionaria definió como "muy progresiva" a la ley que aprobó el Congreso Nacional para mitigar los efectos de la pandemia, e incluso aseguró que la Argentina se "adelantó a una decisión que está en discusión en varios países".
El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $ 200 millones. La ley estableció que los recursos extraordinarios generado serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%).
Pese a la aprobación en el Congreso y los montos recaudados en esta primera instancia, la norma cuenta con un amplio rechazo en la oposición y el sector empresarial, dado que consideran que se trata de un impuesto “confiscatorio” que afectará la inversión y ahuyentará a los inversores. Por ende, alrededor de 200 contribuyentes alcanzados por la nueva ley presentaron acciones judiciales para evitar el pago del aporte.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la posibilidad de emitir comprobantes en moneda extranjera. La medida busca dinamizar operaciones vinculadas al comercio exterior y aportar mayor previsibilidad cambiaria a las firmas exportadoras.
A partir del 1 de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exigirá a los emisores de tarjetas de crédito informar en tiempo real los consumos realizados fuera del país. La medida busca reforzar el control fiscal y mejorar la trazabilidad de los gastos internacionales, en un contexto de fuerte presión sobre las reservas y la recaudación.
Aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero redujo los intereses resarcitorios, persisten las sanciones automáticas y se profundizan los cuestionamientos de contadores y pymes.
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