Ley de Etiquetado Frontal: Recibió dictamen de Diputados y está lista para ser sancionada

La ley de etiquetado frontal, que obliga a informar los nutrientes críticos de los alimentos y bebidas analcohólicas en los envases, tuvo dictamen este martes en Diputados con respaldo de un sector de Cambiemos que garantizará su sanción cuando se trate en el recinto.

El despacho logró 91 votos entre las cuatro comisiones y el grupo de opositores que acompañaron lo lideraron los radicales Brenda Austin y Karina Banfi. Compensaron el rechazo de los oficialistas de las provincias azucareras, que presentaron un dictamen de minoría redactado por el tucumano Pablo Yedlin. 

También firmó su propio proyecto Carmen Polledo, del PRO, con parámetros más flexibles para la industria, mientras que su compañero Alejandro García presentó uno en rechazo que tuvo sólo dos firmas. El proyecto había sido aprobado en octubre en el Senado y después de varias reuniones informativas parecía destinado al freezer. 

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Pero la semana pasada la oficialista Cecilia Moreau, titular de la comisión de legislación general, convocó a un plenario con la decisión de dictaminar. Habría influido que el jueves el país abandonó la presidencia pro tempore del Mercosur, donde esta ley hace ruido por las ventas de alimentos entre los países. 

Argentina exporta por 1500 millones en ese rubro y la cancillería, en noviembre, había rechazado la ley reclamado que en tal caso haya una regulación por resoluciones ejecutivas, fácilmente modificables por un gobierno de turno. Los diputados oficialistas obedecieron hasta este martes, aunque aún deben incorporar la ley en un temario de sesión para que tenga sanción definitiva.

El proyecto obliga que los alimentos y bebidas analcohólicas informen sus nutrientes críticos con una etiqueta octogonal, de color negro y letras blancas, que ocupe al menos el 5% del tamaño del envase. 

Y entiende por nutrientes críticos los "excesos" en azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Los edulcorantes y la cafeína deben informarse y aclarar que no es recomendable para niños, niñas y adolescentes. 

También se prohíbe publicidad dirigida a niños de los productos que tengan al menos un sello de calidad, mientras que el resto podrá seguir pero sin destacar valores positivos que intenten eclipsar las falencias nutricionales. 

Las empresas tendrán 180 días para adaptarse, las pymes y cooperativas populares podrán excederse un año más; y el Gobierno, cuando lo considere, podrá otorgar una prórroga de un semestre. Además, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley, o sea, faltará mucho para que se ponga en práctica aún después de sancionarse. 

Pero a la industria de alimentos no le alcanzó. Reclama un sello menos visible y no acepta que para definir el nivel "crítico" se tomen los valores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que serían más exigentes que los utilizados para políticas domésticas. 

Polledo firmó un dictamen con los reclamos de la industria que sólo recolectó 12 firmas y no tendrá peso en el recinto. "Nadie ignora que la obesidad y el sobrepeso no es buena para niños y niñas. Y no me hablen de lobby, porque esto se escribió en mi despacho sin presión de nadie", aclaró. Sostuvo que el etiquetado y la prohibición de publicidad son propias de "regímenes autoritarios" y que son necesarios métodos "menos estigmatizantes y más precisos". 

El que propuso en su dictamen consiste es un semáforo con colores rojo, amarillo y verde, que ya se utiliza en Inglaterra e Irlanda. Aseguró que era el modelo elegido por el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein cuando impulsó la ley en 2018. "Esta es una ley pensada para países importadores de alimentos; y somos exportadores", reclamó. 

Y sostuvo que parámetros no deben ser los de la OPS sino otros establecidos en "guías básicas" definidas con posterioridad, una posición que compartió Graciela Camaño, del interbloque federal. "No podemos dejar la definición de los valores en un grupo de burócratas", reclamó la bonaerense. 

Pero un grupo de cambiemistas que pidió la ley todos estos meses estaba decidido a no bloquearla y, data no menor, tampoco a hacerle modificaciones y retorne al Senado, donde si bien se aprobó con amplia mayoría también hubo mucho llamado de empresario antes de votar.  

"Hay una enorme mayoría de legisladores de los 3 partidos que vamos a acompañar", se apuró en anunciar la radical Carla Carrizo, quien de todos modos reclamó 3 modificaciones. Precisar los alimentos procesados y ultra procesados obligados a tener un sello de calidad, proteger la línea de alimentación de primera infancia, para los 36 meses de vida; y revisar los plazos. "Chile y Uruguay pusieron 3 años y tuvieron que prorrogar", comparó. 

Por la Coalición Cívica se sumó Mariana Stilman y del PRO se destacó la santafesina Gisela Scaglia. Pero Austin y Banfi lideraron la ofensiva para que no falaran votos, con la firma al dictamen como vino del Senado. 

"Hay una resistencia al debate de numerosos proyectos en los últimos 20 años en el país amerita que pensemos que tenemos una oportunidad para consagrar un derecho que tiene que ver con defender el acceso a la salud y el acceso a la información, que es lo que hoy debemos priorizar", sostuvo Austin.

"Acompañamos la media sanción con pedidos al Ejecutivo para que respete de manera integral y armónica la lectura de la norma y del perfil de nutrientes de la OPS. También nos hacemos eco de los pedidos de Unicef, OPS/OMS y FAO para que, en el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y del acceso a la salud y la información, podamos dar un paso tan importante como el que estamos buscando con una enorme mayoría", completó la cordobesa. 

Banfi le recordó a Polledo que ya hay restricciones a publicidad de otros productos porque los parámetros de la libertad de expresión refieren siempre a los sectores más desprotegidos. "Es un paso para garantizar la salud alimentaria y porque protege especialmente aquellos que no pueden hacer valer sus derechos como son los niños, niñas y adolescentes".

El en el oficialismo, que pisó esta ley durante todo el semestre, hubo voces mas agresivas. "Autoritario, me parece a mi, es imponerle a la sociedad consumos que afectan su salud sin su consentimiento y sin que estén informados", le dedicó Florencia Lampreabe a Polledo.

"Los niños comen el 40% más de productos azucarados, 2 veces más pastelería y 3 golosinas. El marketing cuesta plata y a los sectores populares se les dificulta cada vez más el acceso a alimentos de calidad", agregó la diputada del Frente de Todos.

La primera en defender la ley por el bloque conducido por Máximo Kirchner había sido la lomense Daniela Vilar. "Tenemos niños y niñas mal nutridos, es visible en el peso y la talla, pero lo que es son visibles son las consecuencias cognitivas. Necesitamos una alimentación sana y segura", advirtió. 

El dictamen de las provincias azucareras lo escribió Yedlin y lo firmó la jujeña Carolina Moises y el radical tucumano José Cano. Y se adapta a todas las demandas de la industria: propone la etiqueta se use sólo para productos procesado y ultra procesados, exceptuar la formula para lactantes de 36 meses de edad, que la OPS no defina los parámetros, que los plazos sean de entre 12 y 24 meses y se deje expreso la posibilidad de armonizarla con el Mercosur. No fueron tenidas en cuenta.

Fuente: La Política Online