Lo decidió el juez Julián Ercolini, quien entendió que el pago de poco menos de 1 millón de US$ se efectuó en medio de un “estado de necesidad” para evacuar a empleados de una planta en Venezuela
Nacional - Poder Judicial11 de agosto de 2021
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El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al CEO de Techint, Paolo Rocca, y a los ejecutivos de la empresa Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, y procesó al exfuncionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta por recibir un poco menos de un millón de dólares en dádivas pagadas para favorecer la evacuación del personal de una planta de la firma en Venezuela, cuya integridad física corría peligro.
Así lo resolvió el magistrado que entendió que efectivamente el pago se había realizado pero en medio de un estado de necesidad para proteger la integridad física y materializar la salida del país de los dependientes del Grupo Techint que cumplían funciones en la planta SIDOR que se encontraba en Venezuela.
El juez reseñó a partir de las pruebas reunidas que en junio de 2008, unos 300 trabajadores se trasladaron hasta la oficina de recursos humanos de la firma para desalojar a la gerenta, María Elena Posadas, pero como no se encontraba se llevaron al jefe de la nómina, Carlos Guzmán, y dañaron las instalaciones. Sidor empezó a instrumentar, por intermedio de la firma “Control Risk”, un plan de emergencia para proteger la integridad física de sus dependientes y garantizar que puedan salir de Venezuela.
Por eso Ercolini concluyó que en los pagos, admitidos por los empresarios, “habría mediado una causal de justificación”, que conlleva al dictado del sobreseimiento de Betnaza y Zabaleta. “Su accionar habría tenido como única y forzada motivación la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas que trabajaban en Venezuela en una de las empresas del grupo económico al que pertenecían”, escribió el magistrado.
”Entiendo que los imputados, al concretar el pago de las sumas de dinero requeridas, se vieron en la imperiosa necesidad de afectar a un bien jurídico con el fin de salvar otros bienes jurídicos, no sólo de mayor jerarquía, sino también por la pluralidad de afectaciones, ante amenazas objetivas y ciertas de probables e inminentes daños a diversos bienes jurídicos. En este sentido, el daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños cuya ocurrencia era inminente”, dijo. Paolo Rocca al declarar explicó que no autorizó los pagos y que no tuvo conocimiento de ellos hasta que se publicaron en los medios.
En cambio Baratta, que recibió el dinero, fue procesado por dádivas. Fue el funcionario público que recibió ocho pagos según el cuadernos del chofer Oscar Centeno, que traslada a Baratta, anotaciones que fueron corroboradas por la investigación. Techint solicitó auxilio al gobierno nacional y recurrió al Ministerio de Planificación donde Baratta era el virtual viceministro y “habría organizado la forma en que se entregaría el dinero, logrando que le sean entregados entre 15 y 20 millones de pesos“. Alrededor de un millón de dólares al cambio del momento.
Fuente: La Nacion
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