El proyecto oficial ya obtuvo dictamen de comisión y en breve será debatido en la Cámara de Diputados. Qué se puede esperar una vez que sea convertido en ley.
Política - Industria23 de noviembre de 2021
Colaborador
Desafíos de la industria
Por Pablo Fazio (*)
La semana pasada se reactivó el tratamiento parlamentario del proyecto de ley por el cual se crea el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en nuestro país. El anteproyecto fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y propone completar los cimientos jurídicos en torno a la explotación científica e industrial del cannabis. La discusión del proyecto en las comisiones de la Cámara de Diputados renuevan la expectativa del sector en todo el país y anticipan que el proyecto ingresaría al recinto con el suficiente aval para ser aprobado por las diferentes fuerzas políticas.
Estamos convencidos de que su sanción definitiva en el Congreso Nacional es un hecho político impostergable. Lo vivimos con gran emoción: se trata de un momento muy esperado, por el que hemos trabajado colectivamente y el cual constituye un avance hacia una regulación integral. Su importancia reside en la necesidad de dotar de claridad y previsibilidad a un proceso iniciado con la sanción de la ley 27.350, la cual habilitó el despertar de una buena cantidad de iniciativas en todo el país, pero en un escenario de gran incertidumbre y muchos interrogantes que aún persisten.
El tiempo que viene requerirá de la necesaria definición de una estrategia nacional para el desarrollo del cannabis, que abone el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel nacional, es urgente garantizar la coordinación efectiva entre las diversas agencias del estado, facilitar los procesos administrativos, revisar permanentemente el marco regulatorio y adecuar la normativa en respuesta a lo que exige esta nueva y cambiante industria.
Será preciso velar por la sostenibilidad del sistema, contemplando la demanda agregada real y administrando la gestión de licencias con una visión inclusiva, respetuosa del ambiente, que privilegie un desarrollo territorial armónico, progresivo, plural y equitativo. La misma debe ubicar a las pymes, los emprendedores y las cooperativas como los actores centrales del tiempo por venir del cannabis en Argentina.
Custodiaremos celosamente que efectivamente se priorice y fomente la adquisición de insumos y derivados de producción nacional por sobre la importación de los mismos; de lo contrario habremos frustrado, antes de empezar, el desarrollo de todos los encadenamientos productivos y la agregación local de valor que esta ley pretende generar.
Necesitaremos habilitar rápidamente la exportación y el desarrollo de un mercado interno de flor seca con fines legales, así como el de productos fitoterápicos, cosméticos y veterinarios, e incorporar a los cannabinoides en el código alimentario argentino para permitir su uso en alimentos, bebidas y suplementos dietarios, facilitando su producción y comercialización.
Otro gran desafío será administrar la transición al mercado legal, controlando la venta informal preexistente y fomentando el abastecimiento de la demanda con productos nacionales registrados, accesibles, de calidad, trazables y de seguridad comprobada, cuidando a consumidores, pacientes y usuarios.
Como un hecho de madurez, debemos abandonar rápidamente la simplificación de pensar al cannabis como el nuevo oro verde. Sin dejar de creer en el enorme potencial de crecimiento que tiene esta industria y su impacto en el desarrollo sostenible del país, es preciso que entendamos que Argentina ingresará a un mundo en donde la producción de flor seca para exportación está viviendo un proceso internacional de commoditización y en el que los mercados de productos de CBD puro evidencian cierta saturación.
Hacerse un lugar en este entorno competitivo será un reto que requerirá incubar proyectos de perfil estratégico, acciones y programas de financiamiento, formar cuadros profesionales, equipos de trabajo, e inversiones en investigación y desarrollo de largo plazo. Debemos apostar a productos de calidad, novedosos, innovadores e industrializados en base a compuestos diferenciales y de vanguardia, que incluyan CBD, pero también CBG, CBC, CBN y THC Delta 8, entre otros.
Ante estos desafíos multidimensionales, precisamos abordar con mucha seriedad y creatividad el debate sobre los detalles y diversos aspectos puntuales que seguramente surgirán de la reglamentación que le de el Poder Ejecutivo Nacional a la ley, permaneciendo muy atentos a una cantidad de resoluciones y disposiciones posteriores que necesariamente completarán el andamiaje jurídico del cannabis en Argentina.
Es una tarea compleja pues no será fácil tamizar y hacer convivir una multiplicidad de intereses y miradas que muchas veces no son completamente coincidentes. Será fundamental que los reguladores, los actores estatales, las empresas y los representantes de la militancia histórica del cannabis trabajemos juntos para construir una industria competitiva, participativa y robusta en la que haya espacio para que todos podamos crecer de manera equilibrada y responsable, con el objetivo de posicionar a Argentina como una marca país en este emergente fenómeno global.
(*) Presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La reglamentación será clave
Por Diana Barreneche (**)
A partir de la inminente sanción por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que regulará la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, y especialmente cuando se cree la Autoridad de Aplicación y ente regulador de la cadena de valor de la planta de cannabis (ARICCAME), con su posterior desarrollo reglamentario de las licencias y autorizaciones comenzará en la Argentina un periodo de transición legislativa. La transición será entre la muy acotada 27.350 que ha permitido la investigación del uso medicinal, terapéutico y paliativo de la planta de cannabis, junto con la emisión de las autorizaciones en el marco del REPROCANN, y lo que se espera, regule el proceso productivo y la cadena de valor de las industrias del cannabis medicinal y del cáñamo industrial (sin olvidarnos, por supuesto, de la vigente ley penal 23.737 que sigue criminalizando la tenencia y el cultivo de cannabis).
Si bien es cierto que, como argumenta el Ministerio de Desarrollo Productivo, Argentina tiene una gran oportunidad para ser líder regional gracias a sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico tecnológico, estamos además en el momento histórico (nacional y mundial) en el que es imperativo hacer un uso eficiente de los recursos (naturales y humanos) disponibles. En este sentido, la planta de cannabis se presenta como un aliado para diversificar la matriz productiva, generar empleos de calidad, atraer inversiones, permitir un desarrollo federal, industrializar e innovar generando productos nacionales con valor agregado, entre otras cosas muy positivas. También se generan varios interrogantes y desafíos para que esto sea así.
Dependerá en primer lugar de quienes integren la agencia, su conocimiento técnico en la materia, y su visión del país a futuro, es imperativo pensar en la implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo; no hay que quedarse solamente en el corto plazo ni ver el tema como algo político/partidario. La planta de cannabis y el cáñamo son temas transversales, multidisciplinarios y que vienen siendo una demanda de la sociedad civil organizada, pues ha sido ésta la que año a año ha conquistado espacios informando, dando lo debates y exigiendo a la clase política una actualización en la regulación integral de la planta de cannabis.
Es por lo anterior que considero que debe darse participación a la ciudadanía (a organizaciones sociales) en las instancias de redacción e implementación de la reglamentación (condiciones de acceso a las licencias o autorizaciones, controles y mesas técnicas).
Lo siguiente a tener en cuenta es que se trata, en palabras del Ministerio, de complementar, no reemplazar la regulación vigente lo que desde ya supone un reto en la armonización de normas administrativas dependientes de diferentes entes y ministerios (Salud, como Autoridad de Aplicación de la 27.350, INASE, ANMAT, Agricultura, por mencionar algunos y la ARICCAME), y vuelvo a mencionar a la 23.737 con su persecución (y selectiva aplicación) penal cuando no se cuente con la debida autorización.
La ley es el primer paso, necesario pero mínimo pues en la reglamentación de la misma en donde se determinarán los criterios y condiciones para el otorgamiento de licencias o autorizaciones en las que deberían primar criterios de Sostenibilidad. Hago mención a estos dos términos porque recordemos que el cogollo, los extractos, las tinturas y el hash de las plantas de cannabis sativa son estupefacientes para la ley penal argentina y para el Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y en este sentido la Agencia y las licencias son una exigencia de las Convenciones, y por el contrario, el cáñamo, o los usos industriales de la planta de cannabis para la finalidad de fibra o semilla (grano) sobre los cuales el Estado argentino es soberano en determinar la autorización necesaria para poder cultivarlo y transformarlo como un producto agrícola más.
Hablando un poco sobre la vigente e inconstitucional 23.737 el desafío es la reparación histórica a quienes han sido víctimas de las políticas prohibicionistas desde hace décadas, ya sea incluyéndolos en los programas de capacitación para la obtención de licencias/autorizaciones o, al menos, generando las instancias para la discusión correspondiente.
¿Es esta la mejor ley para la Argentina? No lo sabremos, es la ley que hay, y como dicen los políticos, toda ley es perfectible, por eso la expectativa está en el cómo se va a reglamentar y lo democrático/representativo/participativo de ese proceso. Falta un largo camino por recorrer pero es un avance sin duda, esperemos aprender de los errores de países de la región y potenciar los aciertos.
(**) Presidenta de la Asociación Civil Proyecto Cáñamo.
Fuente: Página 12
Son dos históricas marcas que tenían locales propios en los principales shopping del país. Los comunicados de las empresas y cuál es el efecto de la liberación de importaciones en el sector.
El gobierno de Javier Milei anunció una reducción drástica de los aranceles a la importación de ropa y calzado, argumentando que esto ayudará a frenar la inflación y mejorar la competitividad. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el sector textil denunciaron que la medida pone en riesgo miles de empleos y debilita la producción nacional, permitiendo una competencia desleal con productos importados.
Mientras la crisis golpea a los sectores populares, el poder económico, encabezado por las grandes corporaciones, el sector financiero y la agroexportación, se enriquece mientras el gobierno de Javier Milei reprime las protestas. Con una UIA pasiva, AEA empujando la desregulación y las pymes al borde del colapso, el país se encamina hacia un modelo de ajuste brutal que solo beneficia a los más poderosos.
En un nuevo ataque al sector productivo, el presidente Javier Milei despreció a la industria nacional y su rol en la economía. Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) se mantiene pasiva, sin enfrentar las políticas que están provocando cierres de fábricas, despidos y recesión. La falta de reacción genera inquietud en los empresarios que ven cómo su sector se debilita ante la apertura indiscriminada de importaciones.
La automotriz General Motors confirmó la desvinculación de más de 300 trabajadores en su planta de Alvear, Santa Fe. La decisión se suma a la ola de despidos que golpea al sector industrial, agravada por la caída del consumo, la apertura de importaciones y la recesión provocada por el modelo económico de Javier Milei.
En el programa conducido por Maxi Montenegro con Martín Genero y Claudio Zlotnik, el vicepresidente de la Fundación Pro Tejer transmitió su posición acerca de la coyuntura que atraviesan las PyME de la cadena de valor textil e indumentaria.
La Justicia ratificó la cautelar que impide la conversión del Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima por un período de seis meses. Mientras tanto, una encuesta de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) reveló que más del 92% de los empresarios pymes están en contra de la privatización y el 80% cree que la medida fue una cortina de humo para tapar el escándalo de la estafa con Libra.
El gobierno de Javier Milei anunció una reducción drástica de los aranceles a la importación de ropa y calzado, argumentando que esto ayudará a frenar la inflación y mejorar la competitividad. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el sector textil denunciaron que la medida pone en riesgo miles de empleos y debilita la producción nacional, permitiendo una competencia desleal con productos importados.
El mercado inmobiliario de la Zona Norte presenta características únicas que lo distinguen dentro del panorama del Gran Buenos Aires. La combinación de barrios residenciales consolidados, amplios espacios verdes y buena conectividad atrae tanto a familias como a inversores. Encontrar un departamento en venta en estas localidades puede resultar una inversión inteligente cuando se conocen las claves para detectar las mejores oportunidades.
A 49 años del último golpe de Estado, una marea humana llenó Plaza de Mayo para repudiar la dictadura cívico-militar y denunciar los retrocesos en derechos promovidos por el gobierno de Javier Milei. Las consignas apuntaron directamente contra el negacionismo oficial y las políticas de ajuste. Desde Nunca Más Económico se destacó que la memoria también se defiende en el plano económico, denunciando la reedición de un modelo excluyente que ya fracasó en el pasado.
Son dos históricas marcas que tenían locales propios en los principales shopping del país. Los comunicados de las empresas y cuál es el efecto de la liberación de importaciones en el sector.
