Ley de Agroindustria: “Es una claudicación ante los grandes grupos económicos”

Luego de la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, trascendió que, entre las leyes que el Ejecutivo consideró como prioritarias para que el Congreso trate antes de fin de año está la de Agroindustria.

El proyecto se titula Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador, que fue promocionado por Massa en su cuenta de Twitter como una “nueva herramienta para impulsar inversiones de todo tipo para un sector estratégico para nuestra nación” que brindará “beneficios fiscales e incentivos a todos los actores económicos que invierten cada año (…) dando especial tratamiento a las cooperativas, organizaciones claves para los pequeños y medianos productores”.

Crecen las exportaciones de las economías regionales y el sector se consolida

Sin embargo, algunos de los actores involucrados en el presunto tratamiento especial no acuerdan en sus bondades.

“Para mí no es inclusivo, no es federal, no protege a las pymes y solamente protege a los grandes grupos económicos agroexportadores”, sostuvo Pedro Peretti, dirigente de la Agrupación Grito de Alcorta y Manifiesto Argentino, en diálogo con Canal Abierto.

“Es un proyecto que está a la derecha del diferimiento impositivo que hicieron en su momento (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo –detalla Peretti–. Aquel por lo menos les ponía un plazo, tenían que devolver el impuesto que pagaban y les ponía una localización geográfica específica, había que invertir en zonas inhóspitas del país para desarrollarlas. Este proyecto ni siquiera eso, o sea que todas las inversiones van a ser al lado de los puertos”.

Proyecto de pocos
La iniciativa elaborada en conjunto por Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social (CES), y el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, y contempla el otorgamiento de un plazo de diez años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, y la definición de la ganadería como un bien público de consumo popular. Con eso promete lograr un aumento de 68.000 millones a 100.000 millones de dólares en exportaciones, al tiempo que generar 700 mil nuevos puestos de trabajo en las 24 cadenas de valor del país presentes en todas las provincias.

“El proyecto larga con una línea a partir de la cual a todo lo que se exporte arriba de eso se le va a dar estabilidad fiscal, cosa que no es buena para el país en general ni para las cuentas fiscales. ¿Quién va a merituar eso? ¿Quién va a controlar eso? El proyecto es muy malo”, detalló Peretti.

El CES, por su parte, apoyó la medida y aseguró en un comunicado que el proyecto “beneficia a pymes, medianas y grandes empresas y productores; es sustentable porque promueve el cuidado del ambiente, y exportadora porque apunta a incrementar las ventas de productos argentinos al exterior con agregado de valor”. Luego agrega: “Este proyecto de ley es la comprobación de las capacidades colectivas de todas las entidades y cámaras que han trabajado y aportado así como la búsqueda de consensos con el gobierno nacional”.

Peretti, en cambio, sostiene que las organizaciones que aglutinan a los pequeños y medianos productores “nunca fueron convocadas” a discutir el proyecto. “Lo redactaron entre gallos y medianoches y se discutió en el CES, que es dominado por las grandes empresas y coordinado por Gustavo Beliz, y si se mandó con esa idea. Yo creo que es un grave error, no le encuentro nada positivo. Creo que es una claudicación ante los grandes grupos económicos”, aseguró el ex presidente de la Federación Agraria.

“Todo esto se hizo, en principio, a espaldas de los sectores que en teoría van a ser beneficiados. Nuestra intención es oponernos al proyecto, creo que no es lo que necesita el país en este momento”, finalizó.