Así lo decidió la jueza María Eugenia Capuchetti, quien también reclama la identificación de todas las empresas que realizaron transferencias al exterior. Estas medidas se inscriben en la causa penal que investiga el posible delito de administración fraudulenta y malversación de fondos, a partir del préstamo stand by del FMI en 2018
Política04 de marzo de 2022
Colaborador
La jueza María Eugenia Capuchetti levantó el secretario bancario, ante un pedido del fiscal Franco Picardi, para que el Banco Central identifique a todas las personas físicas y jurídicas que compraron divisas durante el período 2015-2019. También solicita identificar a todas las empresas – incluidos bancos – que realizaron transferencias de divisas netas al exterior durante el mismo período.
La magistrada busca reconstruir el rompecabeza de la fuga de capitales y avanzar con otras medidas de prueba claves dentro de la causa penal que investiga el posible delito de administración fraudulenta y malversación de recursos que se desprende del préstamo stand by solicitado por la administración de Mauricio Macri en 2018.
“La causa se mueve”, se escucha decir en el juzgado federal número 5 de los tribunales federales de Comodoro Py. El expediente ya cuenta con una amplia documentación aportada por la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro, la Sigen y el propio BCRA. Pero hasta ahora faltaban los datos más sensibles, es decir aquellos que podrían identificar cómo se utilizaron los 44.000 millones de dólares del préstamo stand by y quiénes se beneficiaron con la compra de dólares en ese momento. Por eso la jueza Capuchetti levantó el secreto bancario. También deberá aportar información la Caja de Valores.
En un escrito firmado este jueves, la magistrada le requirió al BCRA confeccionar un amplio informe vinculado a la Formación de Activos Externos (2015-2019) para que se identifique a los 100 agentes -humanos y jurídicos- que compraron divisas por 24.679 millones de dólares. La idea del juzgado es tomar todo el período macrista para luego poner la lupa sobre el proceso de fuga iniciado en mayo de 2018.
La jueza también solicitó identificar cuáles fueron las personas jurídicas -es decir empresas – que compraron divisas por 41.124 millones de dólares.
Como tercera medida, se le solicita al BCRA identificar a todas las empresas que realizaron transferencias al exterior. Esto es clave, ya que muchos fondos de inversión como BlackRock, Pimpco o Templeton sacaron divisas del país a través de los grandes bancos del mercado.
En el informe que realizó la autoridad monetaria en 2020 se identificaron dos movimientos sospechosos. Se mencionaba la compra de 40 millones de dólares por parte de una sola persona. La jueza quiere saber de quién se trató. Ese mismo trabajo sindicaba que hubo otras 10 personas que compraron 7945 millones de dólares. También se le reclama al BCRA identificarlos.
A su vez, se reitera un pedido ya formulado a la entidad que conduce Miguel Pesce para que confeccione un informe con la evolución de las reservas -compras, ventas, flujos, etc- durante el período señalado. El primer pedido había sido formulado el 3 de febrero. Un mes después, la jueza insistió.
Se sabe que el propio FMI detalló varias de las irregularidades que se competieron con el crédito stand by otorgado durante las gestiones Macri – Trump. En octubre de 2018, el staff del organismo advertía que esos recursos no se estaban utilizando para los fines entregado.
“Las autoridades han seguido una estrategia ad-hoc de intervención discrecional. En ocasiones intervinieron sin que hubiera una fluctuación significativa del peso, vendieron reservas a una moneda en apreciación, vendieron reservas mediante subastas y ventas directas al mercado, y efectuaron ocasionales incursiones fuera del mercado ante grandes fluctuaciones diarias de la moneda”, puede leerse en el Informe País 18/297.
Uno de los temas a indagar tiene que ver con esas ventas “fuera del mercado” señaladas por el propio FMI. La información que deberá aportar sí o sí el BCRA será esclarecedora para que la pesquisa penal continúe avanzando.
Fuente: BAE Negocios
La inquietud crece en el sector industrial ante la falta de reactivación económica. Aunque el Fondo Monetario Internacional apoya el ajuste, desde la Unión Industrial Argentina advierten que octubre será un mes crítico si no hay señales de recuperación.
El relanzamiento del Consejo de Mayo reaviva el debate sobre la posibilidad real de alcanzar consensos estructurales entre el Gobierno, el sector empresario y los sindicatos. Aunque se propone como espacio para impulsar reformas clave, persisten las tensiones sobre la letra chica de la modernización laboral y la política fiscal.
La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) repudió con firmeza la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En un comunicado, calificó el fallo como un “golpe de Estado judicial” y exigió la renuncia inmediata de los jueces del máximo tribunal. La entidad advierte sobre una avanzada del poder económico y judicial contra la democracia y el modelo productivo nacional.
La crisis desatada por la estafa cripto de Javier Milei escaló a un nuevo nivel. En una de sus horas más difíciles como presidente, Cristina Fernández de Kirchner lo acusó directamente de ser un "estafador". Mientras tanto, la desconfianza crece y su gobierno enfrenta un derrumbe político y financiero sin precedentes.
El fraude cripto de Javier Milei no solo generó sospechas de corrupción y manipulación de mercado, sino que ahora impacta de lleno en la economía real. El índice S&P Merval se desplomó casi un 6 %, en una jornada marcada por la incertidumbre y el temor de los inversores.
El presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó su cuenta oficial de Twitter para promocionar una criptomoneda sin regulación. Tras el escándalo y las denuncias de fraude, borró su mensaje entre insultos y excusas. Mientras tanto, la empresa detrás del token intenta despegarse de la polémica.
Tras la salida de JP Morgan, el mega fondo Pimco habría liquidado posiciones en bonos en pesos por más de USD 1.600 millones, en un nuevo golpe al carry trade que expone los límites del plan económico del gobierno de Javier Milei.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 52.000 puestos en el sector público nacional. Empresas estatales, organismos descentralizados y áreas sensibles del Poder Ejecutivo fueron los principales blancos del recorte.
El personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se movilizó este martes para rechazar los despidos y el desfinanciamiento. Advirtieron que el recorte afecta la capacidad productiva nacional y pone en riesgo el desarrollo de las PYMEs.
El fundador de Mercado Libre apuntó contra el gobernador de Santa Fe por el aumento de Ingresos Brutos. Pullaro le respondió con una acusación inesperada: “Los narcos usan Mercado Pago en los búnkers”.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
