IguacelGate: ¿funcionarios o lobistas?

El escándalo por la resolución que transfería a los usuarios de gas la deuda que las petroleras les reclaman a las distribuidoras por la calefacción dolarizada de este invierno fue el final prematuro de la breve aunque intensa carrera política de Javier Iguacel, el petrolero a quien sedujo primero la epopeya CEO del PRO y después la gestión. El mismo ingeniero que cuatro meses atrás aceptó abandonar Vialidad Nacional, donde se jactaba de haber "roto el club de la obra pública", para enderezar el sendero tarifario "inviable" que dejó su colega Juan José Aranguren, tal como se burló en privado varias veces de su antecesor. El mismo que le hizo gastar 125 mil pesos a Vialidad en clases de oratoria con la intención de volver a pelear en 2019 la intendencia de su Capitán Sarmiento natal. El mismo que en los últimos meses fantaseaba incluso con acompañar a María Eugenia Vidal como candidato a vicegobernador. El fusible que hizo saltar Mauricio Macri cuando se frustró su intento de rescatar a las empresas de Nicolás Caputo, Carlos Miguens, Paolo Rocca y Alejandro Macfarlane, entre otros empresarios con inmejorable acceso a la Casa Rosada.

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La resolución 20, publicada el viernes en el Boletín Oficial, fue para Iguacel lo que el cántaro roto para la lechera de la fábula. La indignación que generó su decisión de que los usuarios paguen en 24 cuotas con interés esa deuda que las petroleras valúan entre 450 y 500 millones de dólares lo expuso de golpe a toda la ingratitud de la política. Sus enemigos internos aprovecharan para descargar en él las frustraciones propias del momento que atraviesa la economía. Y sus viejos colegas del sector petrolero, donde trabajó durante casi 20 años, no le tiraron ni una soga.

Por ahora, Iguacel no será forzado a renunciar como Toto Caputo. Quizás, como el expresidente del Banco Central, se mantenga en el cargo durante algunas semanas hasta que le encuentren reemplazante. Quizá siga meses. Pero ante sus interlocutores privados quedó irreversiblemente desautorizado. No lo llamaron para solidarizarse ni quienes lo apodaron cariñosamente "Buzz Lightyear", por el personaje animado al que dicen que se parece. Su jefe en el organigrama, Nicolás Dujovne, le soltó la mano agriamente desde Indonesia, donde ayer empezó la asamblea anual del Fondo Monetario.

Si bien Iguacel y Dujovne venían debatiendo el tema de fondo y ambos habían recibido de Macri la directiva de hacer que se respeten los contratos en dólares pese a la devaluación, en Hacienda juran haberse enterado el viernes por la mañana de que la resolución salía así. Dujovne ya tenía un pie en el avión y ni siquiera lo llamó. El martes, cuando finalmente pudieron hablar, el diálogo fue tenso. "Habría que haber hablado antes con los aliados de Cambiemos y con los gobernadores, que justo nos están ayudando con el Presupuesto", le dijo el miércoles el jefe de Hacienda a otro miembro del gabinete. Ya se había anunciado la marcha atrás.

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Compensadas

Pluspetrol, la compañía donde el secretario de Energía hizo carrera durante 10 años hasta llegar a ser su vicepresidente, es la cuarta petrolera del país y una de las que serán "compensadas" por haberles cobrado a las distribuidoras el gas en pesos a un tipo de cambio de $20,35 durante todo el semestre abril-septiembre. Si bien ya no lo pagarán los usuarios, el Gobierno anunció públicamente y les confirmó a las petroleras que lo cobrarán del Tesoro. El modo de pago se cerrará después de que se apruebe el Presupuesto. Ahora todos los cañones oficialistas apuntan a bajarle el tono a la controversia.

La deuda que reclama Pluspetrol, sin embargo, apenas representa el 5% del total que exigen las compañías. La viuda del fundador de la empresa, Edith Rodríguez de Rey, dueña de la séptima fortuna del país según el ranking de Forbes, cultiva un perfil tan bajo que aparece nombrada en esa revista pero sin foto, porque no se le conoce ninguna. En los últimos años, junto con sus hijos, invirtió mucho más en Perú y en Angola que en Argentina. Controla el yacimiento de Camisea, el más importante de Perú, y fue denunciada y sancionada varias veces por haber contaminado importantes zonas del Amazonas con sus derrames.

El grueso de la deuda de entre 450 y 500 millones de dólares que reclaman las petroleras corresponde insólitamente a YPF, la única donde el Estado tiene mayoría accionaria. Según fuentes del sector representa 200 millones, casi la mitad del monto total. Otros 150 millones de los que iban a poner los usuarios y ahora pondrá el Estado irán para la argentina Panamerican Energy (PAE), la francesa Total y la alemana Wintershall. El resto de los jugadores, entre ellos los antiguos empleadores de Iguacel, explican lo demás.

Según los datos oficiales que publica la Secretaría de Energía, YPF extrajo un 33% del gas que se inyectó en los gasoductos troncales entre enero y agosto de este año. Le siguen Total con el 25%, PAE con el 12%, Tecpetrol con el 10% y Pampa Energía (del ascendente Marcelo Mindlin) con el 6% que antes extraía Petrobras. Todo ese gas ya fue consumido y pagado por los usuarios, pero las distribuidoras no terminaron de abonarlo a las petroleras. Además de hacerlo en pesos al tipo de cambio convenido de antemano (que esta vez se quedó corto), lo liquidan a 75 días.

Rescatadas

Las distribuidoras aducen ser meras intermediarias entre las productores y consumidores y no contar con la espalda financiera suficiente como para afrontar la diferencia que reclaman los primeros. Por eso acudieron a Iguacel en busca de una solución. Lo que pocos saben fuera de la industria es que corrían con el caballo del comisario. La mayor de ellas en cantidad de usuarios y en fluído entregado, Camuzzi Gas, es controlada por Alejandro Macfarlane, el exvocero de Hugo Anzorreguy en la SIDE que trabajó primero para Mindlin y luego forjó su nombre propio en el establishment energético. Al vender la eléctrica Edelap, a inicios del año pasado, convirtió en millonario en dólares al secretario de Medios de la Nación, Jorge Grecco, a quien antes había asociado.

Después se vender Edelap, en mayo del año pasado, el antiguo jefe del secretario de Medios de Macri se alzó con el paquete controlante de Camuzzi Pampeana y Camuzzi Sur, donde había desembarcado en 2013. A esa compañía, donde llegó asociado con el exjefe de gabinete aliancista Chrystian Colombo, había hecho entrar como director al veterano financista Guillermo "Willy" Stanley, padre de la ministra de Desarrollo Social.

Otras dos distribuidoras que según los contratos en vigor deberían pagar por el gas facturado al dólar viejo son Gas Cuyana y Gas Centro, controladas por SADESA, la empresa donde Nicolás "Nicky" Caputo ostenta un 23% de las acciones, asociado con Carlos Miguens, Guillermo Reca y Eduardo Escasany. Juntas, Gas Cuyana y Gas Centro ganaron $1.359 millones en el ejercicio 2017, un 388% más que en 2016.

El caso más llamativo, una vez más, es el del grupo Techint, de la familia Rocca. Tecpetrol, la petrolera del holding, reclama cerca de un 10% de la deuda acumulada durante el invierno por el gas que inyectó en los ductos troncales. Pero a su vez, como dueña del 30% de Litoral Gas, la distribuidora que entregó en su área cerca del 9% del fluido consumido durante el semestre de la discordia, se niega a pagar diferencia alguna.

Encuadernados

La jefa del bloque massista en el Congreso, Graciela Camaño, lo advirtió con crudeza en un reportaje televisivo: "En el sector energético vamos a tener en el futuro los cuadernos de Macri, lamentablemente". A Iguacel, en rigor, ya lo salpicaron los cuadernos de Oscar Centeno. Según una investigación que publicó a inicios de este año la revista Noticias, entre las 30 contratistas que más obras hicieron durante su gestión en Vialidad figuran Isolux, Roggio, Techint, Cartellone y Supercemento, todas mencionadas en la causa que lleva Claudio Bonadío. La que más creció de su mano fue la hasta hace poco ignota MSU, de Manuel Santos Uribelarrea, uno de los primeros detenidos del caso.

Donde danzan tantos millones, nadie perdona nada. Había gente esperando que tropezara y el secretario de Energía tropezó. Los petroleros ya no lo respetan. "Es dificil comprenderlo a Iguacel. La vez pasada habló de cartelización en el mercado de combustibles. Pero YPF tiene 55% de ese mercado. ¿Quiere decir que una empresa con mayoría estatal participa de un cártel para subir los precios?", se río uno ayer ante BAE Negocios, consultado sobre la controversia.

Ahora cualquier argumento sirve para remover al secretario, cuando la tormenta amaine. Los cuadernos también. Su sueño de ser intendente del pueblito donde todavía vive su familia y donde él supo gastar la pista del boliche "Marabunta" difícilmente se haga realidad. Al menos de la mano de Cambiemos.

Fuente: diario bae