Lluvia de promesas del Gobierno a la CGT antes de la votación del Presupuesto en el Senado

La implementación de un bono de $5.000 a pagar en dos cuotas acordada esta tarde por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con la CGT y las principales Cámaras empresariales del país llevó alivio al Gobierno ante la posibilidad concreta de revertir un paro nacional que por estas horas parecía irreversible. Sin embargo, para la cúpula de la central obrera la pipa de la paz todavía no humea.

La desconfianza seguía reinando esta noche en la CGT. La falta de certezas sobre el alcance del refuerzo salarial tanto para estatales como para privados y, punto primordial, para los jubilados, mantenían agazapada a la dirigencia.

Ni bien terminó la reunión en el sindicato de Sanidad -todo un mensaje dentro del mundo gremial- el anfitrión, Héctor Daer reclamó la publicación de “un decreto universal e imperativo". El otro secretario general, Carlos Acuña, destacó que "lo que hay es un decreto del gobierno", mientras que "la vez pasada (por la negociación de 2016) fue un acta de compromiso que no cumplieron ni el Gobierno ni los empresarios".

El comunicado difundido por el Gobierno tras la reunión establece que “la aplicación del bono se definirá de acuerdo a la situación de cada sector”, un detalle que los empresarios asocian más al “compromiso” que a la “obligación”. La mesa de diálogo tripartito inaugurada hoy tiene mucho por discutir aún.

"Esperemos que mañana tengamos el decreto con la letra chica para analizarlo este jueves en la reunión del Consejo Directivo de la CGT", sostuvo Daer al retirarse la reunión, al tiempo que admitió que la CGT podría reconsiderar la idea de convocar a otro paro nacional si el bono tiene "carácter imperativo y universal".

La CTA y pymes fuera de la mesa

A la mesa de negociación no fueron invitados el Frente Sindical, que agrupa a gremios opositores comandados por Pablo Moyano, ni la CTA, que adelantó su oposición al acuerdo en ciernes. En diálogo con Crónica HD, el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró "Insuficiente" el bono que se anunció para el sector público estimando que por inflación debería ser de $10.000. Al tiempo que la "apertura de discusión para los privados ya está condicionada por los sectores de la producción nacional quienes anticiparon que no podrán pagar paritarias en nivel con la inflación anual"

En cuanto a la posible decisión de la CGT para no convocar al paro resaltó que "el Frente Sindical y los trabajadores de los movimientos sociales venimos expresando que un paro es necesario con urgencia. De allí que seguramente analizaremos definir una medida de fuerza".

Leo Bilanski presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales se manifestó a favor a abrir las paritarias para recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores e indicó que "un aumento generalizado de los ingresos de los trabajadores y un control estricto de precios podrían reactivar el mercado interno antes de fin de año, pero es poco probable que sucedan estas medidas con un Gobierno insensible e ineficiente".

Freno a los despidos ¿Cómo lo hará el Gobierno?

A través de una resolución establecerá una instancia administrativa previa y obligatoria a que las empresas concreten los despidos. Intervendrán las autoridades de la Secretaría de Trabajo

Las empresas que pretendan recortar sus plantillas de trabajadores deberán encarar un proceso administrativo ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo previo a concretar despidos de trabajadores, de acuerdo al entendimiento alcanzado hoy por el Gobierno, la CGT y las principales cámaras empresarias en el marco de la reapertura del diálogo social en donde también se pactó el pago de un bono de fin de año de $ 5000.

La obligatoriedad de la instancia administrativa previa a consumar desvinculaciones de personal quedará establecida en el texto de una resolución que el Gobierno publicará en las próximas horas. El esquema apunta a descomprimir la creciente inquietud del sindicalismo por fijar algún mecanismo para frenar los despidos en el marco del escenario de recesión económica.

Si bien desde la CGT se impulsaba la implementación de un medida de prohibición de despidos, finalmente la central obrera avanzó en el diálogo con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y los representantes de la UIA, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y CAME para definir un mecanismo para desalentar en forma indirecta las desvinculaciones mediante la intervención de las autoridades laborales.

De esa manera, y ante la posibilidad de despidos en alguna actividad o empresa, la Secretaría de Trabajo, que comanda Jorge Triaca, abrirá una mesa de diálogo entre el sector empleador y los representantes de los trabajadores en la búsqueda de alcanzar algún acercamiento para evitar que se concreten los recortes de personal. “La idea es tratar de agotar todas las posibilidades de solución previo a que los despidos estén consumados, ya sea vía subsidios para pagar salarios como el Repro u otras alternativas siempre en el marco de una negociación”, explicó a este diario un referente de la primera línea de la CGT que participó del encuentro de hoy con Sica y los empresarios.

Aún no quedó resuelto si el nuevo mecanismo para desalentar los despidos vía una instancia administrativa previa y obligatoria funcionará solo por un período fijo (los gremios habían reclamado originalmente un pacto anti despidos hasta marzo) o en forma indefinida.