#Corrupción Procesaron al CEO de Techint Paolo Rocca

Rocca sabía. No podía no saber.

El juez federal Claudio Bonadio elaboró sobre la base de esa teoría el procesamiento de uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, en la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Paolo Rocca había dicho en su indagatoria que desconocía las actividades ilegales que habían adoptado sus subalternos, hombres de su extrema confianza que -no obstante- no le habían informado que estaban disponiendo de dinero (supuestamente mucho dinero) para corromper voluntades de funcionarios políticos. ¿Para qué? Para obtener contratos de obra pública y tal vez gestiones de buenos oficios ante una situación conflictiva en Venezuela. Es decir, para beneficiar a la empresa cuyo titular es, justamente, Rocca, quien dijo desconocer tal situación.

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El juez no le creyó. Lo procesó (aunque sin prisión preventiva, a diferencia de otros empresarios que llevan meses presos), lo embargó por cuatro mil millones de pesos y le prohibió la salida del país.

Para Bonadio, el poderoso empresario no sólo sabia sino que participó activa y directamente en la decisión de pagar. "Paolo Rocca habría participado junto a Luis María Cayetano Betnaza de las maniobras investigadas en la presente causa, ordenado los pagos efectuados a Roberto Baratta".

El juez tomó como elemento adicional de prueba recortes periodísticos. ¿Cuáles? Aquellos de "las cuales se desprende que en la época que fueron efectuados los pagos el nombrado habría encabezado las negociaciones con los gobiernos de la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, por las plantas de SIDOR en este último país". Dicho de otra manera, Rocca dijo que no sabía sobre pagos ilegales que fueron ordenados cuando las gestiones ante Venezuela, por las que supuestamente se pagaron sobornos, estaban encabezadas por él. "No resulta creíble la falta de conocimiento alegada", subrayó Bonadio.

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El concepto, una vez más, muestra las distintas varas con que se manejan los jueces en Comodoro Py 2002. Hace un par de semanas, el magistrado Sebastián Casanello dictó la falta de mérito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada mediáticamente "la ruta del dinero K". Al igual que tres años atrás lo había resuelto respecto de Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales en el gobierno porteño, Casanello consideró que no alcanza con las suposiciones y el sentido común sino que hacían falta pruebas concretas. Para Bonadio, su íntima convicción es suficiente para dictar el procesamiento.

Pero ese criterio fue flexible respecto de otro imputado, el empresario Marcelo Mindlin, un hombre muy cercano al presidente Mauricio Macri. Él, junto con otros imputados, fue beneficiado con "falta de mérito" y, aunque seguirá formalmente bajo investigación, no está procesado. "En cuanto a la situación procesal de los nombrados corresponde señalar que, del plexo probatorio reunido hasta el momento, no se ha determinado con el grado de certeza que exige esta etapa procesal si revisten responsabilidad primaria o no en los sucesos imputados".

"Habrá de adoptarse un temperamento expectante respecto del suceso imputado a Marcos Marcelo Mindlin, toda vez que en el pago realizado no se vislumbra la matriz establecida en el resto de las entregas de dinero que fueron registradas por Oscar Centeno en sus anotaciones, sumado a que del testimonio del nombrado corresponde efectuar diversas medidas de prueba tendientes a verificar o descartar sus dichos, temperamento que también habrá de adoptarse en relación al funcionario al cual se habría realizado el pago".

En la resolución, el juez procesó al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, a su ex secretario privado, Hugo Larraburu y amplió el procesamiento contra Julio De Vido por la admisión de dádivas. También amplió el procesamiento de Roberto Baratta y otros ex funcionarios, entre ellos Nelson Lazarte.