La Corte está por fallar en un caso de lesa humanidad que involucra a Techint

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se apresta en las próximas horas a sacar un fallo que involucra al gigante Techint. En el caso, identificado como “Ingegniero”, por el nombre de la víctima, se discute la prescripción de la acción indemnizatoria contra el grupo de la familia Rocca, por la desaparición forzada de un trabajador durante la última dictadura cívico militar. La causa ingresó al máximo tribunal por vía laboral, a diferencia de otros reclamos similares que lo hacen por la penal.

La Corte tiene un antecedente, en 2017, en el que se sostiene que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles para todo, salvo lo patrimonial. En ese caso quedaron en minoría los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, pero ahora, inmerso en un escenario cambiante en el que su renovada dinámica apunta a cambios de paradigmas, las apuestas dentro de la Corte se orientan a que la minoría podría cambiar e instalar un cambio de concepto.

“Hay expectativas de que esa minoría deje de serlo y se transforme en una nueva mayoría”, explicaron fuentes del máximo tribunal.

La mirada que subyace sobre el tema, entre otros puntos, es si hubo colaboracionismo o no por parte de la empresa. Como sucede con los casos que llegan a la Corte, el expediente no solo es clave a nivel particular, sino también a nivel más general porque podría tener efecto en casos similares que aún se discuten en instancias anteriores, lo que genera preocupación en círculos empresarios.

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El caso Ingegniero comenzó en 2008, con el reclamo de María Gimena Ingegniero, hija de Enrique Ingegniero e Irma María Pompa, quienes fueron secuestrados el 5 de mayo de 1977. Pompa entonces estaba embarazada de tres meses y fue sacada de su casa, en tanto que Ingegniero trabajaba en la ampliación de la obra Dálmine y fue llevado desde la sede de la empresa Techint por un grupo de tareas. Desde entonces el matrimonio está desaparecido y no se sabe qué pasó con el bebé. La otra hija del matrimonio –que al momento de la desaparición de sus padres tenía un año– consiguió que la Justicia le diera la razón en instancias anteriores, pero la empresa apeló y así se llegó a la Corte, que ahora debe decidir.

En el Palacio de Tribunales, desde 2017 existe como antecedente de este tipo el de la causa “Villamil”, en la que se dictó una sentencia en la que el voto de la mayoría fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, y se concluyó que los reclamos patrimoniales no son imprescriptibles. Entonces, Maqueda y Rosatti votaron en disidencia. Por eso ahora, en el edificio de la calle Talcahuano se da por descontado que ambos seguirán en la misma línea, al tiempo que podría sumarse un tercer voto que incline la balanza a favor el reclamo de Ingegniero.

Por estas horas todos miran a Lorenzetti, quien viene votando en sintonía con ellos. De ser así, se estará ante un escenario disruptivo que puede hacer historia en cuanto a los reclamos patrimoniales de víctimas de la última dictadura, que azotó a la Argentina entre 1976 y 1983.

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