La UIA quiere la reforma laboral y pide "descontratar"

Previsibilidad para poder “descontratar” trabajadores. El esfuerzo retórico para referirse a la flexibilización fue realizado por el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. “Si usted quiere que aparezcan muchas empresas, lo que tiene que saber es que para que un empresario no tenga miedo a contratar, tiene que ser previsible que si le va mal pueda descontratar”, postuló el histórico representante patronal en materia laboral. El renovado reclamo de Funes de Rioja se conjuga con el relanzamiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. La apuesta oficial es aprovechar el escenario de destrucción de empleo y precarización en las condiciones de trabajo para avanzar con la modificación del marco regulatorio.

A pesar de los reiterados fracasos acumulados desde finales de 2017 cuando presentó un anteproyecto de ley para modificar la legislación laboral vigente, el Poder Ejecutivo pretende implementar una reforma. Pero antes de relanzar formalmente la discusión el gobierno debe imponerse en las elecciones presidenciales. Inspirada en la brutal reforma brasileña, los cambios cuentan con el respaldo de las principales cámaras empresarias y sus voceros. Funes de Rioja es uno de sus abanderados. Acostumbrado a exhibir su cuestionamiento a la legislación laboral, el abogado encabezó la representación de los empleadores argentinos que se abstuvieron en la votación del Convenio 190 contra la Violencia de Género y Acoso Laboral que se aprobó en el cierre de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra a fines del mes pasado.

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“Hay que buscar mecanismos que den protección al trabajador sin que ello implique inhibir la capacidad de contratación”, expresó Funes de Rioja que también preside la cámara de industrias productoras de alimentos al reclamar facilidades para “descontratar” empleados. La fórmula utilizada durante una entrevista con Radio Led es similar a la lanzada por el ex secretario de Empleo, Miguel Angel Ponte. «Contratar y despedir debería ser natural como comer y descomer», sostuvo a comienzos de 2017 el ex funcionario y ex directivo de Techint en una metáfora que es clara respecto a cómo ve a los trabajadores: algo que entra, se tritura en la boca, se lo descompone para quitarle su energía y después se lo expulsa como sobra inútil por el hueco de la parte baja de la espalda.

La historia argentina evidencia que la ni flexibilidad en las condiciones laborales ni la reducción de los aportes y contribuciones -siempre implementados en momentos de crisis económica- no impulsaron la creación de puestos de trabajo de calidad. Pero la flexibilización laboral no es solo una demanda corporativa. Las modificaciones son parte del paquete de reformas estructurales ofrendado al Fondo Monetario Internacional.

El abultado préstamo concedido al Gobierno de Cambiemos no sólo está condicionado al cumplimiento del programa de austeridad fiscal y estrangulamiento monetario sino también a la implementación de algunas profundas transformaciones en materia laboral, previsional y tributaria que figuran en la agenda permanente del prestamista. A la hora de sugerir que Argentina avance en la materia, el FMI no se refiere a la flexibilización laboral sino que enfatiza la necesidad de “un sistema de regulaciones laborales más balanceado”.

El último y fallido intento oficial para avanzar con la reforma laboral tuvo lugar a comienzos de año. El secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, impulsó negociaciones directas con cámaras y sindicatos para introducir elementos como un fondo de cese laboral y un banco de horas en los convenios colectivos de trabajo. Las suspensiones y despidos masivos por el cierre de fábricas allanaron el terreno para avanzar sobre dos sectores golpeados: textiles y metalúrgicos. El avance oficial no sólo fue rechazado por los sindicatos sino que también encontró resistencia entre algunas cámaras empresarias.

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El fondo de cese laboral es uno de los instrumentos previstos en los proyectos oficiales que apunta a facilitar la “descontratación”. El mecanismo reemplaza al empleador en el cumplimiento de las obligaciones de pago de indemnizaciones por despido. Para eso crea un sistema de capitalización de fondos para un despido “asegurado”. Como estaba redactado, el anteproyecto oficial de 2017 reducía el monto de las indemnizaciones al dejar de contemplar para el cálculo las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual.

Fuente: Diario del Sol