CEOCracia: El círculo amarillo de Macri para liquidar el fondo que blinda las jubilaciones

Por Tomás Lukin

Clarisa Lifsic de Estol, del fondo Axis, creado por el ministro Luis Caputo, directora en Pampa Energía.Clarisa Lifsic de Estol, del fondo Axis, creado por el ministro Luis Caputo, directora en Pampa Energía.El desembarco de ejecutivos del sector privado, estudios de abogados, familiares y amigos no se agota en los cargos de ministro, secretario, subsecretario, directores y asesores que dieron forma a la estructura del Estado nacional a partir del 10 de diciembre de 2015. El contador personal de Mauricio Macri, el celestino del presidente con su segunda esposa, un ex jefe de la SIDE, un hijo del apoderado nacional del PRO, el titular de la Unión Industrial bonaerense y un viceministro de Economía del segundo mandato menemista son algunos de los personajes elegidos por la Casa Rosada para desempeñarse como directores estatales en las empresas donde el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES posee acciones. Un relevamiento de las asambleas de accionistas y actas de directorio realizado por Letra P permitió identificar una treintena de individuos designados por Cambiemos en las firmas donde el fondo contracíclico de la seguridad social posee participación accionaria.

En el tercer trimestre del año pasado, el último dato oficial disponible, las acciones en empresas de primera línea como Telecom, Grupo Galicia, Camuzzi, Banco Patagonia, Molinos, Edenor, YPF, Aluar o Cablevisión controladas por el FGS sumaban 201 mil millones de pesos.  Los administradores del fondo afirman que esas tenencias representan alrededor del 12 por ciento total de la capitalización bursátil argentina. En otras palabras, la ANSES es la dueña de una de cada diez de todas las acciones existentes en Argentina. La relevancia de esas acreencias heredadas de las AFJP le permitió al Estado convertirse en un socio activo de las principales compañías nacionales, participar de sus asambleas y, en algunos casos, designar representantes en los directorios. 

 PUERTA GIRATORIA

Entre los nombres elegidos para representar el interés estatal en esas compañías estratégicas figura el responsable de elaborar las declaraciones juradas de Macri, Mauricio Szmulewiez. El contador fue designado en el directorio de la mayorista gasífera Transportadora Gas del Sur. El listado también incluyó al ex jefe de los espías y fugaz ministro del Interior Miguel Angel Toma. El ex legislador se convirtió en uno de los tres representantes estatales en Siderar, del Grupo Techint. Al bon vivant Adolfo Donati, amigo de Franco Macri y responsable de presentar al Presidente con su ex Isabel Menditeguy, las autoridades del fondo contracíclico lo enviaron al directorio de Gas Natural Ban. A diferencia de la confianza ciega en la capacidad de los CEOs proferida desde el Poder Ejecutivo, donde tres de cada diez funcionarios jerárquicos ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado, en 2016 las autoridades del fondo se propusieron alcanzar un acuerdo con la Universidad Austral para que sus representantes aprendieran “cómo actuar en los ámbitos de dirección empresaria para ser mejores en lo que hacen”.

Entre los individuos elegidos figuran, además, distintos funcionarios de la ANSES y  el FGS. En ese grupo, aparece José María Torello. Hijo del homónimo asesor de la Presidencia, amigo de la infancia de Macri y apoderado nacional del PRO, Torello (h) es coordinador de Innovación en ANSES y ocupa un cargo en el directorio de la desarrolladora inmobiliaria Consultatio. La misma lógica explica la presencia del primer titular de FGS cambiemita, Luis María Blaquier, en el Banco Macro. Ex directivo de Ledesma, Pegasus, Grupo Clarín y Goldman Sachs, Blaquier administró el fondo contracíclico hasta que fue desplazado a finales de 2016 en medio de un escándalo por la firma de un memorando de entendimiento con Qatar. Lo reemplazó Juan Martín Mogne Varela. Proveniente de la aseguradora MetLife, Mogne Varela pasó a controlar el FGS y representar al Estado en el directorio del banco conducido por Jorge Brito. El propio Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES, figura en distintos directorios, como el de la distribuidora energética Edenor.

La revisión de los registros públicos presentado por las compañías ante la Comisión Nacional de Valores revela que el FGS resignó su representación en los directorios de algunas empresas como la citrícola tucumana San Miguel o la energética Transportadora Gas del Norte. Tras la renuncia, en diciembre de 2015, del funcionario designado por el kirchnerismo, el fondo tampoco volvió a ocupar el directorio de La Anónima, la cadena supermercadista encabezada por Federico Braun. Aunque la ANSES controla una de cada cinco acciones emitidas por el hipermercado, el movimiento fue en el sentido contrario. Fueron los Braun quienes colonizaron áreas estratégicas del Estado. La designación más conocida fue la de Miguel Braun, el sobrino mimado del propietario de la empresa patagónica que quedó al frente de la Secretaría de Comercio. Menos publicidad recibió la presencia de Federico Braun, hijo del dueño de La Anónima, que ocupa el cargo de subdirector ejecutivo de Administración de la ANSES.

LA HERENCIA

Cuando el Estado nacional retomó el control del sistema de la seguridad social y estatizó las AFJP, en 2008, la ANSES heredó las inversiones realizadas por las administradoras privadas. Entre esos activos, recibió bonos de la deuda, partes de fondos comunes de inversión, obligaciones negociables emitidas por distintas firmas, plazos fijos en bancos y paquetes de acciones en 46 empresas líderes. Dotado con esos recursos, el FGS fue creado para garantizar el pago de las jubilaciones ante eventualidades negativas que pusieran en riesgo el sistema. El valor de los activos recuperados transferidos a la ANSES el 5 de diciembre de 2008 fue de 98 mil millones de pesos. El último dato informado indica que suman 1,1 billón de pesos, al 29 de septiembre de 2017. Ese monto que se multiplicó en más de 11 veces es casi equivalente al total de las prestaciones previsionales de la ANSES, según figura en el proyecto de Presupuesto 2018.

Asustados por la estatización e incómodos con la participación pública en sus directorios, los accionistas principales de varias empresas aprovecharon sus vínculos con los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchnerpara tantear la posibilidad de recomprar sus acciones. El Estado no solo decidió conservar ese activo de reserva considerado estratégico, sino que comenzó a participar de manera activa y coordinada en asambleas y directorios aprovechando que, en algunos casos, ostentaba más del 20% de las acciones. Para los funcionarios kirchneristas, el Estado se convertía, así, en un socio estratégico de las empresas y, en esa lógica, los directores estatales ofrecían un canal de sintonía fina que marcaba el interés público en cuestiones como la fijación de precios, la realización de proyectos de inversión, la creación de empleo, el desarrollo de proveedores y la distribución de utilidades.

La investigadora Ana Castellani, del Observatorio de las Elites Argentinas, perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, explica que “el Estado podía incidir directamente en la estrategia de acumulación de algunas de esas firmas (aquéllas en las que tenía suficiente participación accionaria como para designar director) privilegiando, por ejemplo, la reinversión de utilidades por sobre la distribución de dividendos, y promoviendo, así, el interés público por sobre los intereses particulares”.

Los investigadores que realizaron un minucioso y preciso relevamiento sobre las trayectorias laborales del gabinete inicial de Mauricio Macri y la conformación de los distintos ministerios están terminando de elaborar un informe donde advierten sobre “los riesgos de no regular la puerta giratoria y los conflictos de interés” frente a las designaciones realizadas por el FGS en las firmas donde tiene participación accionaria.

Bajo la conducción de Basavilvaso, la ANSES mantuvo las prácticas kirchneristas, pero las adaptó a la estética cambiemista que impulsa una profunda transformación del sistema de la seguridad social. Si durante el gobierno anterior la mayoría de los representantes estatales eran funcionarios del Ministerio de Economía, la nueva gestión decidió tercerizar la representación de los intereses estatales hacia estudios de abogados, lobbystas afines a las corporaciones, ex banqueros, viejos conocidos de la familia presidencial, miembros del gabinete bonaerense y ex funcionarios porteños. Para tranquilidad de los dueños privados, se desactivaron las agencias y direcciones estatales creadas para coordinar el accionar de los directores estatales y el objetivo declarado de los representantes públicos quedó limitado a custodiar el valor de las tenencias accionarias del FGS.

El proceso de adaptación no solo apuntó al cambio de perfil, ya que algunos de los individuos nombrados por el FGS-ANSES amagaron con renunciar al enterarse de las restricciones salariales. Cuando los directores eran funcionarios, recibían desde el Estado un adicional mensual por sus funciones de 9.400 pesos (la normativa preveía que, cuando fueran ajenos a la administración pública, podían percibir hasta 30 mil pesos). El excedente entre el adicional y el pago realizado por la empresa se destinaba al Fondo Nacional del Menor y la Familia, que, entre agosto de 2012 y julio de 2015, acumuló 22 millones de pesos. Los cambios regulatorios previstos en la ley ómnibus que dos años atrás habilitó el blanqueo de capitales, la moratoria y una inminente reforma previsional, redujeron la carga de trabajo para los directores estatales y eliminaron los topes para sus remuneraciones. Desde entonces, sus honorarios, pagados directamente de las compañías, pueden superar los 100 mil pesos mensuales. Directivos nombrados por el Estado consultados para este artículo aseguraron que sus retribuciones eran significativamente inferiores, aunque no ofrecieron mayores precisiones.

NUEVOS DIRECTORES. 

Siderar: Enfrentados con el kirchnerismo, el propietario de la empresa del Grupo Techint, Paolo Rocca, bloqueó la designación de directores estatales en la siderúrgica en 2011. El conflicto se resolvió con el FGS ocupando tres sillas en el directorio de la siderúrgica en nombre del 26,03% de las acciones heredadas de las AFJP. La representación estatal estaba encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, que renunció con el recambio presidencial. A partir de 2016, lo reemplazó Miguel Ángel Toma. El ex diputado nacional y ministro del Interior durante el fugaz paso de Ramón Puerta por la Casa Rosada, en diciembre de 2001, es amigo de Luis Betnaza, responsable de los asuntos públicos del holding. En la empresa proveedora de laminados de acero para la industria también fue designado el ex secretario de Hacienda del segundo mandato menemista Pablo Guidotti. El docente de economía, ex director del Banco Central y ex FMI compartió, a fines del siglo pasado, el gabinete de Roque Fernández con el actual ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Quien pasó a ocupar el tercer sillón estatal en el directorio de Siderar se llama Mario Gualtieri. Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y amigo del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, Gualtieri es dueño de la empresa Envases Hacer, que integra la cadena de valor de Techint. Durante el kirchnerismo, su lugar lo ocupaba un representante de la Unión Obrera Metalúrgica.

Transportadora Gas del Sur: Uno de los dos representantes estatales designados por la ANSES en Transportadora Gas del Sur es Mauricio Szmulewiez, el contador personal de Macri que elaboró las primeras declaraciones juradas del ex alcalde porteño como presidente, donde la Procelac identificó inconsistencias y contradicciones. Lo acompaña en el directorio el subsecretario de Comunicación de Merlo, ex jefe de personal del Banco Macro, Sergio Benito Patrón Costas. Originario de San Isidro, está allí como parte del acuerdo político entre Cambiemos y el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey.

Consultatio: La constructora y desarrolladora controlada por Eduardo Constantini acaba de comprar uno de los últimos terrenos estatales disponibles en Puerto Madero que fueron privatizados el año pasado por más de 50 millones de dólares. En el directorio, quien representa los intereses estatales es Torello (h), coordinador de Innovación Prestacional de la ANSES e hijo del apoderado nacional del PRO. Lo acompaña de suplente Miguel José White, que es el responsable de la Tarjeta Argenta de la ANSES.

Mirgor: Controlada por el empresario, asesor, cónsul y “hermano de la vida” de Macri, Nicolás Caputo, la empresa provee sistemas de climatización a la industria automotriz, produce aires acondicionados y ensambla celulares. La ANSES es dueña del 21,54 por ciento de las acciones. La empresa fueguina que comenzó a reducir su plantilla por la caída en la demanda y la apertura importadora recibió como director por el Estado a Iñaki Miguel Arreseygor, el responsable de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura bonaerense.

Gas Natural Ban: El FGS nombró, a mediados de 2016, a Adolfo Donati. Amigo de Franco Macri y responsable de presentar al Presidente con su segunda esposa, Isabel Menditeguy, el empresario fue designado en abril, pero, al enterarse de las restricciones salariales, amenazó con renunciar. No fue posible determinar sus honorarios, pero la eliminación del tope dispuesta a mediados de 2016 habría logrado retener al playboy criollo en el cargo. Lo acompaña en el directorio Santiago Colombres Garmendia, empresario tucumano y familiar de uno de los principales legisladores provinciales del PRO.

Pampa Energía: Los directores estatales en la empresa encabezada por Marcelo Mindlin son cuatro. La primera es una vieja conocida del holding: Clarisa Lifsic de Estol, actual secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones, directora del fondo Axis Investment, directora del Fondo de Inversión en Tierras y ex presidenta del Banco Hipotecario. Otro de los sillones de la dirección fue para Santiago Alberdi, un vocal del PRO y apoderado adjunto del partido. El tercero de los directores por la ANSES es Javier Campos Malbrán, propietario y gerente general de la FM 107.9, presidente del proyecto inmobiliario La Colina Golf & Polo y ex precandidato a diputado bonaerense del PRO. Por las acciones en poder del FGS también fue nombrado Julio Suaya De María. De acuerdo al sitio web de la empresa Suaya, De María “es gerente de una empresa internacional de turismo y anteriormente se ha desempeñado en Telefónica de Argentina, Cohen Sociedad de Bolsa y MP&M Comunicación, entre otras compañías”. El FGS ostenta el 23,2% de la empresa.

Edenor: La compañía controlada por Pampa Energía tiene cinco directores en representación del Estado. Basavilbaso encabeza el listado. Lo acompañan Fernando Bearzi, director de la consultora financiera F.Bearzi & Asociados y profesor de la UCA; Mariano García Mithieux, arquitecto que participó en distintas obras públicas, miembro de la consultora EWG y ex asesor de la Ceamse, y Lucas Amado. Desde el FGS ofrecen respaldo como suplentes el titular del fondo Monge y los directivos del organismo José María Tenallion y Ricardo López Antonelli.

Telecom: La firma de telecomunicaciones fusionada con Cablevisión recibió desde 2016 a distintos representantes del FGS. Llegaron a ser tres, pero hoy solo figura el secretario general de ANSES y ex titular de Guía Oleo, Alejo Maxit. A lo largo de los últimos dos años, pasaron por allí el directivo de Bunge, administrador de fondos de inversiones en Estados Unidos y asesor de la ANSES llamado Enrique Horacio Boilini. También los acompañaron un representante de la empresa de servicios de limpieza para grandes empresas Los Soles Internacional S.A., Pedro Ángel Costoya, y Darío Leandro Geuna.

Banco Macro: La ANSES posee el 31,5 por ciento de las acciones del banco presidido por Brito. Es la participación individual más relevante en la cartera de inversiones recibida tras la nacionalización del sistema de administradoras privadas. A comienzos de 2016, el Gobierno y el banco acordaron nombrar a Martín Estanislao Gorosito, al titular del FGS (primero Blaquier y ahora Mogne) y a Alejandro Fargosi como directores. De acuerdo a la información provista por el banco, Gorosito es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y fue asesor de Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Además, formó parte de los Equipos Técnicos Profesionales BA Sub 40, un grupo de potenciales asesores y funcionarios que acompañarían la presidencia de Daniel Scioli. El director suplente es el abogado Fargosi. Ex consejero de la Magistratura que ascendió al cargo mediante una alianza entre la UCR, el PRO y la estructura del Colegio de Abogados de la Capital Federal, integrada por los letrados de empresas transnacionales que litigan contra el Estado argentino en el CIADI y ex funcionarios y adherentes a la dictadura militar.

Metrovías: En la empresa del Grupo Roggio que explota la concesión del subte porteño y el ramal metropolitano Urquiza, la ANSES designó a dos directores en representación del 8,55 por ciento del capital social en su poder: Javier Leonel Bagnaschino y Erica Gabriela Rubia Peticco. Aunque Bagnaschino está inscripto en la AFIP como monotributista y declara como actividad la prestación de servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, ninguno de los dos posee experiencia en el sector. Rubia Peticco fue asesora con categoría A-3 del bloque del PRO en el Senado hasta febrero de este año y antes se había desempeñado en un cargo gerencial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño durante la gestión de Santilli. De todas formas, el accionar de Peticco y Bagnaschino en Metrovías fue supervisado durante una parte de 2016 por un director suplente que instaló la ANSES. El individuo designado fue el asesor legal del Fondo, socio del estudio de abogados Oria, Columbres & Saravia y director en el Grupo Clarín, Jorge Ignacio Oria. En 2017, Rubia Peticco y Oria fueron reemplazados.

Otras: A lo largo de los últimos dos años, también fueron designados directivos en Transener, Distribuidora Gas Cuyana, Endersa, Banco Patagonia, Camuzzi y el Banco Hipotecario.

EL FUTURO YA LLEGÓ

La presencia de los directores estatales comenzará a menguar. La ley ómnibus habilitó al FGS a endeudarse y/o vender sus activos para financiar la “reparación histórica” sin necesidad de obtener una autorización parlamentaria. El 57 por ciento de la cartera del fondo está compuesta por bonos y letras emitidas por el Estado nacional, mientras que un 18 por ciento son acciones de grandes empresas y otro 10 por ciento está invertido en proyectos productivos o de infraestructura. Como desprenderse de los títulos públicos implicaría convertirse en un competidor para las abultadas colocaciones de deuda previstas por el Ministerio de Finanzas, el financiamiento de los pagos adicionales a un sector de los jubilados se financiará con la venta de acciones.

Desde que la ley lo habilitó a proceder sin pedir permiso, el organismo que conduce Basavilvaso vendió sus tenencias en dos empresas: cedió las acciones de la petrolera Petrobras a Pampa Energía y la participación en la química Indupa a la brasileña Unipar Carbocloro, en una operación que está siendo investigada por irregularidades. El fondo desestimó ofertas de recompra realizadas por Telecom y Transportadora Gas del Sur, pero Basavilvaso anticipó, en un documento enviado al Consejo del FGS, que durante 2019 la reparación histórica exigiría una suma equivalente a 6.039 millones de dólares.

Como los recursos provenientes de las penalidades cobradas por el blanqueo se agotarían entre 2017 y 2018, el fondo contracíclico debería generar la totalidad de los fondos. La propia rentabilidad del FGS, los intereses y dividendos que rinden sus inversiones que la ANSES estima en el orden del 5 por ciento anual, proporcionaría cerca de 2.900 millones de dólares. Por eso, en el último año del primer mandato presidencial de Macri, el fondo debería vender activos por aproximadamente 3.100 millones de dólares. El objetivo oficial no es solamente conseguir fondos para saldar la cuenta con un sector de los jubilados, sino desarticular una poderosa herramienta de intervención del sector público en la economía y cumplir con la demanda de los grupos económicos que rechazan tener de socio al Estado.

Fuente: LetraP