Como nunca antes hemos visto, en menos de 12 meses, la AFIP se vio obligada a crear tres planes de pagos especiales.
Primero, fue de 48 cuotas (en agosto de 2018). Unos meses después, tuvo que ampliarlo, de 48 a 60 cuotas. Finalmente, tuvo que duplicar la cantidad de cuotas posibles (pasando de 60 a 120 cuotas), ante la emergencia fiscal que atraviesan las pymes.
Por si fuera poco, en los últimos dos planes, además de multiplicar la cantidad de cuotas posibles, introdujo una verdadera novedad: otorgó una “espera” para el pago de la primera de esas cuotas. Es decir, en vez de que la pyme tenga que pagar la primera cuota el mes siguiente, le dio un plazo de hasta 90 días para pagarla (como si 90 días significaran algo en las finanzas actuales de las pymes).
No son casuales estas medidas “de emergencia”, que se han ido intensificando con el correr de los meses. Queda claro que la AFIP entiende el problema, aunque parece minimizarlo: las pymes no pueden ni siquiera pagar sus impuestos corrientes, mucho menos los planes de pago por deudas atrasadas.
Por eso, en menos de 12 meses, pasamos de planes de 48 cuotas, a 60 cuotas, a 120 cuotas. Me pregunto: ¿antes de octubre, llegaremos a las 240 cuotas?
En este contexto, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue pionera y dio una verdadera solución. El lunes pasado sancionó una moratoria impositiva.
¿Por qué insistimos tanto con la moratoria? ¿Cuál es la gran diferencia entre una moratoria Impositiva y un simple plan de pagos? El principal problema de las deudas atrasadas que tienen las pymes son los intereses y las multas.
Hoy en día, la AFIP cobra tasas de interés imposibles de pagar para las pymes. Del 56,76% anual en concepto de intereses resarcitorios y 69,12% anual de interés punitorio. En otras palabras, en tan solo un año de atraso, la deuda se vuelve realmente impagable en el contexto en el cual se encuentran las pymes.
Por más cuotas que ofrezcan, si no existe un perdón de los intereses y las multas, como acaba de hacer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las pymes no van a tener oxígeno.
Y, como si hiciera falta explicarlo, si les permitimos respirar a las empresas, los grandes ganadores vamos a ser todos (el país mismo), a causa del efecto dominó que esto genera. Una mejora en las empresas, repercute en una mejora directa en sus empleados, que alimenta el consumo, que multiplica la recaudación y termina satisfaciendo el principal objetivo de este Gobierno: terminar con el Déficit Fiscal.
Desde una mirada estrictamente personal, me cuesta realmente creer que el Gobierno no entienda que, si la moratoria no ocurre ahora, va a ocurrir el año que viene. Es inevitable. Sencillamente porque las pymes no pueden cargar con la mochila que llevan en sus espaldas (tan solo con más de $ 400.000 millones de deuda en planes de pagos).
La otra gran cuestión que diferencia a un simple plan de pagos, de una moratoria impositiva, responde al perdón de las sanciones penales.
Hoy en día hay entre $ 80.000 y $ 100.000 millones de deuda con AFIP tan solo en discusión en el Tribunal Fiscal de la Nación. Imaginemos las cifras que están bajo inspección actualmente y no han llegado a instancia judicial todavía.
Está probado que, si de dicta una moratoria impositiva, perdonando las sanciones de tipo penales, más de la mitad de todo ese dinero dejaría de discutirse y pasaría a las arcas del Estado.
Dejaríamos de gastar una innumerable e innecesaria cantidad de dinero en gastos judiciales y, por el contrario, recaudaríamos un monto más que importante, en estos momentos de crisis y emergencia. El país necesita una moratoria impositiva y no un simple plan de pagos.
(*) Director de Impuestos de SCI Group
Fuente: Ámbito
